Muerte de Ex-Gobernador Darío Fernández se habría dado por un traspaso fraudulento de tierras

La trama por la tierra del millón de dólares

La Estrella | NEIR CARRASCO KEREKES | UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

Un traspaso fraudulento de un terreno millonario en el que usurparon el nombre de la mamá del ex-gobernador Darío Fernández. La investigación que lo puso en la mira de una red de corrupción.

PANAMÁ. La noche del 9 de noviembre de 2011 —tres días después del asesinato del exgobernador de Coclé Darío Fernández— su familia estaba reunida en la casa. Aún con el dolor por la pérdida reciente, decidieron relajarse viendo un programa de televisión: La Última Hora. 

El invitado especial en esa ocasión era el presidente de la República, Ricardo Martinelli, que había ido a anunciar la devolución al Estado de los terrenos de Paitilla y Juan Hombrón. Pero en medio del anuncio y entre la jocosidad característica de ese programa, el presidente soltó una bomba: ‘La muerte de Darío está vinculada a una mafia de tierras que había utilizado el nombre de su difunta madre para esa ilegalidad’. Alma, la viuda de Darío Fernández, quedó helada. ‘Se me erizó la piel, quedé impactada’, dijo a La Estrella. ‘El presidente habló de las posibles causas de la muerte de Darío. Y lo que me resulta más increíble es pensar que finalmente puede ser que él (Martinelli) tenía razón’. 

En ese momento, la viuda dudó. ‘Darío nunca comentó nada. No tenía enemigos’, cuenta. Pero la teoría de Martinelli y los resultados de las investigaciones de la fiscalía coinciden: La muerte de Fernández se habría dado por un traspaso fraudulento de tierras. Un conflicto que habría iniciado en 2008, cuando Darío era el gobernador de la provincia de Coclé. 

UNA HERENCIA DESCONOCIDA 

Eran los días finales de su periodo como gobernador. Fernández estaba en su despacho cuando recibió una llamada desde la capital del país. 

Era una llamada del Registro Público. ‘Señor Fernández, le informamos que todo está casi listo. Solo faltan unas firmas para que las tierras de su mamá en Colón, la señora Juana María Jaén, queden tituladas’. 

Darío se sorprendió. Su mamá tenía entonces 93 años y sólo salía de casa para ir a misa los domingos. Tampoco conocía de ninguna propiedad familiar en Colón y menos que se estuviera tramitando su titulación. 

‘Mi papá llamó al director del Registro Público. En ese tiempo era Álvaro Vissuetti y él le dijo que investigarían el caso’, recuerda Alma Yerina, una de las hijas del exgobernador. 

La finca 070, un terreno de 12 hectáreas 5 mil 334 metros, en el corregimiento de Piña, en Colón — con un valor catrastral de un millón de dólares —, no formaba parte de los bienes de la herencia de la familia Fernández. ‘Nunca escuché nada sobre esa finca. Darío solo compró una finca acá en Coclé’, insistió la viuda a La Estrella. 

Pero esa tierra, a partir del 19 de julio de 2008, era propiedad de la señora Juan Jaén viuda de Fernández, según consta en la escritura pública N° 8-462 de la Notaría Cuarta del Circuito de Panamá. 

La sorpresa se hizo mayor cuando se supo que el 30 de diciembre de 2008, Juana Jaén, la ancianita de la misa dominguera, habría decidido vender la finca, y para hacerlo más ridículo aún, la transacción se hizo por $390, el mismo precio que pagó por ella. 

Si eso no basta para que el asunto llame la atención. Esa era la tercera vez que se vendía en 2008, siempre por los religiosos $390. 

No había duda. Alguien usaba el nombre de Juana Jaén como parte de una triangulación extraña de títulos de propiedad. 

La noticia de la usurpación del nombre de su madre para el traspaso fraudulento de un terreno en Colón fue solo la punta del iceberg de lo que más tarde descubrió Fernández. 

TRASPASOS EXTRAÑOS EN UNA TIERRA CODICIADA 

La finca 070 fue inscrita en Reforma Agraria el 4 de octubre de 1967 por Balbino Hernández Torres, su dueño original según el plano N°31-77 del departamento de Mensura de la Autoridad Nacional de Tierras (ANATI) en la provincia de Veraguas. 

En los archivos del Registro Público, en cambio, no aparece esta información. Los documentos de registro aseguran que la finca es propiedad de Balbino Hernández Mendoza, un colonense de casi 54 años, pero no se detalla a partir de cuándo ni cómo se convirtió en su propiedad o si hubo algún traspaso, herencia o cómo llegó a sus manos. 

Lo que sí consta es que, según la escritura pública N°6-858 del 19 de mayo de 2008, emitida por la Notaría Cuarta de Circuito de Panamá, Balbino Hernández Mendoza, como dueño de la finca 070, vendió el terreno a la señora Joelle de Lacotte por la suma de $390. 

Menos de 30 días después, la señora Lacotte vende la finca a Javier Orlando Tenorio, también en $390. La transacción consta en la escritura pública N°8-137 del 3 de junio de 2008, de la Notaría Novena del Circuito de Panamá. 

El 19 de julio de ese mismo año, la finca 070 vuelve a cambiar de dueño. Esta vez, Juana Jaén viuda de Fernández compra al señor Javier Tenorio el terreno por el mismo precio: $390, señala la escritura pública N°8-462 de la Notaría Cuarta. 

En diciembre Juana Jaén vende la finca, por el mismo precio ($390), a la sociedad Grupo Terracorp, S. A. El hecho está consignado en la escritura pública N°17-442 del 30 de diciembre de 2008 en la Notaría Cuarta. Siempre por el mismo precio, aunque su valor catastral es superior, miles de veces mayor. 

Es aquí donde Darío decide tomar acciones y la cadena de curiosas transacciones se rompe. Una marginal en la escritura del Registro Público terminó con el festín de la finca 070. 

EL OBSTÁCULO 

En junio de 2009, Bernardino González González, en representación de la señora Juana Jaén (madre de Darío Fernández) presenta una demanda penal en la Fiscalía Décimo Quinta contra la escritura pública N°17-442, misma que permitió el traspaso de la finca 070 a manos de Grupo Terracorp, S. A y que contiene información falsa. Por ejemplo, que la señora Jaén se presentó el 30 de diciembre de 2008 ante el notario cuarto, César Díaz, para refrendar la venta del inmueble. Incluso el número de la escritura está equivocado. La escritura N°17-442 del 30 de diciembre de 2008 contiene el contrato de compraventa de la finca 50980 que celebraron las sociedades Pearl Islands Properties Inc. e Hibiscus Group Inc. 

La querella es contra todos los directivos de la sociedad anónima Grupo Terracorp, S. A. —con quienes supuestamente se celebró el contrato de compra—, los testigos instrumentales de la Notaría y el notario cuarto, César Ernesto Díaz. 

La acción judicial presentada por la señora Jaén produjo la citada marginal de advertencia imposibilitando nuevos traspasos de estas tierras. 

Pero al tiempo que la demanda penal seguía su curso, Darío iba desenmarañando poco a poco el negociado que había. La finca de Colón era solo una dentro de una galaxia de transacciones. Las denuncias de usurpación de terrenos también se daban en la provincia de Coclé. 

EL ENLACE 

En la trama, un nombre se repetía constantemente. Una persona conocida por Fernández: Ricardo Martínez Quirós, a la sazón y de acuerdo a los datos del Registro Público, dueño hasta ahora de al menos 12 fincas. Pero además aparece como director principal en 21 sociedades anónimas y suscriptor en otras nueve. 

Pero para los Fernández y muchos otros en Penonomé, Martínez Quirós es una persona común y corriente. En el gobierno de Martín Torrijos fue nombrado en el Registro Público y hasta entonces nadie lo conocía como terrateniente. Él y gran parte de su familia han sido activistas del PRD, por lo tanto conocidos por los Fernández. 

Quizás por eso a Darío le llamó la atención encontrar el nombre de Martínez Quirós tantas veces en esos documentos. 

Un complejo entramado de nombres, sociedades, notarías y títulos de propiedad en los que la sociedad Grupo Terracorp, que los Fernández demandaron por el caso de Colón, está ligada a decenas de traspasos, compras y títulos de propiedad también demandados ante los tribunales. 

Pero ese no sería el único nombre que se repite. En la lista de los integrantes de la red de traspaso ilegal de tierras se incluye el de Julián Nouvet Conte y Mayra Hall Conte. Junto a Martínez Quirós estos tres integran una última lista: la de los acusados por el crimen del exgobernador.