jueves, 21 de agosto de 2014

Creciente inseguridad se apodera de Panamá

"Creciente inseguridad se apodera de Panamá mientras que las autoridades, ya no solo reaccionan a paso de tortuga, si no que ahora van en reversa"


El expresidente de Panamá, Ricardo Martinelliescribió hoy en su cuenta de Twitter que "creciente inseguridad se apodera de Panamá", esta declaración se da luego de los actos delictivos que se han registrado en los últimos días. 
"Creciente inseguridad se apodera de Panamá mientras que las autoridades, ya no solo reaccionan a paso de tortuga, si no que ahora van en reversa", afirmó Martinelli en suTwitter @rmartinelli. 
En otra intervención, el exmandatario cuestionó "Lamentablemente la inseguridad se nota en Panamá pero a diario hay 1 patrullera cuidando el Edificio Miramar. Más seguridad menos pinchazos".
Actos delictivos en Panamá 
El pasado jueves, 14 de agosto, siete tripulantes de la aerolínea portuguesa TAP fueron víctimas de un asalto a mano armadas en el vestíbulo de un hotel en la capital panameña.
 
Otros de los problemas que hay en la ciudad, es sobre la banda criminal que con armas de fuego asaltaron unos 22 restaurantes en las últimas dos semanas.

Control de precios, ‘medida insostenible e ineficiente’


  • 28 son los alimentos que están fuera de la regulación de precios.
Carne de res
  • $2.87 es el precio máximo de venta al por menor por libra, en el caso de la babilla.
  • $2.45 es el costo del bistec de cinta con hueso en la medida de regulación.
Existen dudas sobre qué pasará después de los seis meses que debe durar el control de precios
  • Durante el Foro Regulación y el Programa de Control de Precios en Panamá, realizado en la Universidad de Panamá, el funcionario Oscar García, del Ministerio de Comercio e Industrias (Mici), dejó claro que la medida del control de precios cumplirá con los seis meses de vigencia, pero afirmó que desconoce qué sucederá luego de que pase este periodo y si el plazo de la medida se extenderá por más tiempo. Por su parte, Juan Jované vaticinó que en el mes de diciembre, la mayoría de las personas tratará de comprar los productos por el miedo de que para enero finalice la medida. Concluyó que esto producirá escasez de alimentos por la gran demanda que habrá. Ana Patiño, profesora de Economía y Finanzas de la Facultad de Economía de la UP, aseguró que el plazo de seis meses no es el más adecuado, porque considera que la sociedad pedirá que eliminen la medida si no funciona como esperaban, lo que causaría que el Gobierno elimine el control por falta de efectividad. La consumidora Elvira Torres, residente en Las Cumbres, opinó en el foro que en los últimos días ha percibido la falta de los alimentos regulados en las estanterías. Según Torres, la medida debe ser revisada porque la calidad de los alimentos no es la mejor. “Los productos que más se consumen no están dentro de esta lista”, agregó.
Economistas y profesionales vinculados al sector agropecuario del país y el mercado coinciden en que el congelamiento de precios de productos de la canasta básica debe ser revisado, porque afecta a los productores y comercializadores.
Durante el foro “Regulación y el Programa de Control de Precios en Panamá”, organizado por el Centro de Investigaciones de la Facultad de Economía (Cife) de la Universidad de Panamá y la Fundación Friedrich Ebert Stiftung (FES), economistas, un exministro de Desarrollo Agropecuario y extrabajadores de la desaparecida Oficina de Regulación de Precios (ORP) afirmaron que la medida no es sostenible a largo plazo.
En el foro los especialistas concluyeron que el Decreto 165, que congela los precios, es inadecuado y deben hacerse los arreglos necesarios para que no siga perjudicando a los productores del país.
Adicionalmente, consideran que la medida debe ser inspeccionada por una oficina especializada y no por la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco).
Para el economista Juan Jované, quien participó del foro, la regulación de precios se tomó como una medida política, que se está tratando de cumplir.
“El presidente (Juan Carlos Varela) hizo una alianza incorrecta entre el Gobierno y los grandes comerciantes de víveres, descuidando al sector agropecuario”, argumentó Jované.
El economista agregó que la alianza correcta era entre los productores del campo, los consumidores de las ciudades, pero regulando a los intermediarios. Aseguró que lo que hará el Gobierno ahora para resolver el problema es abrir la importación, causando una destrucción total del sector agropecuario, que ya está bastante golpeado.
El exministro de Desarrollo Agropecuario Guillermo Salazar manifestó que se deben implementar medidas rápidas, porque en Panamá se sigue reduciendo el número de productores agropecuarios y no hay garantía de que las condiciones climáticas sean razonables, lo que agrava el problema.
A juicio de Salazar, la medida de control de precios podría provocar aún una mayor reducción de productores, y además no garantiza que la producción crezca.
El exministro aprovechó para recomendar al actual gobierno que vuelva a poner en práctica los mecanismos que habían sido aprobados antes en Panamá, como los distintos apoyos a los productores nacionales.
De igual forma piensa el economista Adolfo Quintero, quien considera que el inconveniente es que la medida no se puede sostener si no se hace una transformación del sector agropecuario, como la asistencia técnica y el financiamiento. Además, agregó que se debe controlar el precio de más productos.
De acuerdo con Quintero, el 70% de los consumidores adquiere productos en las tiendas, por lo que la medida debe ser más amplia, para beneficiar realmente a la población.
Por su parte, Óscar García, funcionario del Ministerio de Comercio e Industrias, defendió la medida. Explicó en el foro que la misma ha sido efectiva y cumple con la ley.
Sin embargo, varios de los presentes como Elilxandro Ballesteros, exsubdirector de la Oficina de Regulación de Precios (ORP), no comparten la misma opinión, ya que la medida se debe basar en lo que dice la Constitución Nacional y la Acodeco no está hecha para fiscalizar este tipo de iniciativas.
Según Ballesteros, la Acodeco puede seguir existiendo con su rol actual, porque en el país se han dado prácticas monopolistas en el mercado y no se ha hecho nada al respecto, cuando esta es la verdadera función de la Acodeco.
Por su parte, Brunilda Ulloa, quien trabajó en la Oficina de Regulación de Precios, que operó desde 1969 hasta 1996, consideró que se debió hacer una oficina a través de otro tipo de organismos, siempre y cuando se hagan las consultas, evaluaciones y estudios permanentes. “El Estado tiene que contar con laboratorios especializados para dar un producto de calidad y adecuado para el consumidor, no un producto desechable”, afirmó
.

Pa'trás como el cangrejo: Comisión de Transporte de la AN quiere volver a importar "Diablos Rojos"

Derogarán decreto que restringe la importación de los ‘diablos rojos’


Datos
  • Vaivenes: La ATTT, cuando llamó a los transportistas ilegales a un censo, prometió garantizarles un aval para circular bajo ciertas condiciones de seguridad para los usuarios.
  • Censo: Al llamado acudieron 850 transportistas. Las autoridades de la ATTT priorizaron conocer el origen de la piratería. Ahora prefieren manejarlo con discreción. Los operativos se mantienen y la petición de afiliación a una prestataria se mantiene abierta como alternativa de circulación.
ATTT maneja a discreción datos del censo
  • El pasado 11 de agosto, cuando el subdirector de la ATTT, Rubén Chávez, se reunió con taxistas y transportistas de Chepo en la Gobernación de Panamá para buscar fórmulas para erradicar la piratería, prometió al grupo revelar el nombre de los inversionistas que estaban detrás del negocio. “Ese es el norte del censo”, dijo a medios de comunicación. Pero en declaraciones dadas al diario El Siglo, el director de la ATTT, Julio González, contradijo a Chávez y declaró que el tema es “complejo y delicado y yo preferiría manejar eso con cierta discreción”, refiriéndose a los inversionistas de los “piratas”.
Como una salida al problema de transporte que experimentan los usuarios en el lado norte, este y oeste de la capital, la Comisión de Transporte de la Asamblea Nacional analiza derogar a través de una ley el Decreto Ejecutivo 208 del 19 de abril de 2011.
El documento publicado en Gaceta Oficial 26768 ordenó “suspender temporalmente la importación de vehículos tipo escolar para la prestación del servicio de transporte colectivo de pasajeros en la República de Panamá”.
Con la derogación del decreto, el presidente de la Comisión de Transporte y también vicepresidente de la Cooperativa San Cristóbal de Chepo, Diógenes Vergara, espera que las prestatarias que ofrecen el servicio en el este, norte y oeste logren cubrir la demanda a través de la adquisición de nuevas unidades.
En los tres sitios donde se fortaleció la piratería debido a la alta demanda y escasez de unidades, los dirigentes de las prestatarias pusieron como excusa que el Decreto 208 impedía el ingreso de nuevas unidades para atender a los usuarios.
El decreto establecía como justificación legal el proceso de rescate administrativo que realizaba en su momento la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) a través del metrobús.
Hoy el tema será discutido en la mesa de trabajo que integran transportistas legales, ilegales, diputados, autoridades y usuarios.
Para hacer efectiva la propuesta, el comisionado y diputado Antonio Domínguez considera importante que primero se haga un sondeo de la necesidad en cada una de las rutas y paradas.
Mientras se resuelve la escasez de unidades “diablos rojos”, el Gobierno volvió a darle un voto de confianza a la empresa Mi Bus y espera que en los próximos días se logre la optimización del servicio. La empresa se comprometió a resolver en días lo que no ha logrado en tres años de operación a través de más unidades en sitios de alto tráfico para mejorar la frecuencia, considerada por la ATTT como la principal deficiencia del contrato.
El asesor de la ATTT y representante del Movimiento 23 de Octubre, David Ramírez, optó por cambiar su discurso sobre el incumplimiento de la empresa y confió en que el problema se solucione cuanto antes.