viernes, 7 de noviembre de 2014

CLIENTELISMO: Varela infla planilla estatal

Promedio salarial. Fuente: Contraloría
El análisis de la planilla de varias instituciones del Estado confirma las peores sospechas: las elecciones son una guerra y los puestos públicos, el botín.

Hasta octubre pasado, la administración Varela habría nombrado alrededor de un 5% del personal del gobierno, si se proyectaran los datos de cinco ministerios —Presidencia, Gobierno, Economía y Finanzas, Obras Públicas y Relaciones Exteriores—, publicados en sus páginas web.

El porcentaje varía de acuerdo con cada institución: en el Ministerio de Relaciones Exteriores, se ha renovado un 17% de la planilla. En cambio, en la Presidencia, se registraba hasta octubre solo un 2% de cambio de personal.
DIFERENCIA DE SALARIOS
Llama la atención la diferencia de los salarios entre el personal contratado a partir de julio de este año. Mientras que el salario promedio del funcionario de estos cinco ministerios es de $869 (el salario promedio del MOP es de $633), el del personal nombrado durante la presidencia de Varela es de $2,500 —con profundas diferencias, ya que los salarios van desde los $15,000 devengados por el embajador de Panamá en Estados Unidos, hasta los $400 que gana una trabajadora manual del Ministerio de Gobierno—.
En teoría, la diferencia de salarios podría entenderse en razón de una renovación del personal ejecutivo (ministros, viceministros, asesores, directivos y diplomáticos).
Sin embargo, este no es siempre el caso. Mirando la clasificación de puestos, se observa que el nuevo gobierno ha asignado a los recién nombrados hasta el triple del salario devengado por funcionarios ubicados en la misma clasificación de puestos. Algunos de ellos, con años de experiencia en estos ministerios.
Un ejemplo tomado al azar es el de las ‘abogadas 1’ Gisela Ricardo de Sedas y María Arrocha, ambas nombradas en el Ministerio de Gobierno como ‘eventuales’ por la actual administración. Sus salarios de $3,500 y $2,500, respectivamente, contrastan con el de Ricardo Enrique Torre, permanente, y clasificado también como ‘abogado 1’, quien gana $450 al mes. Torre fue contratado durante la administración de Martín Torrijos.
En el MEF, ocho abogados contratados durante el periodo de Martín Torrijos —cuatro ‘abogados 3’, cuatro ‘abogados 2’ y dos ‘abogados 1’— ganan todos $800.
En cambio, en este mismo ministerio, entre los abogados contratados durante el periodo de Varela, la ‘abogada 1’ gana $2,250. Dos ‘abogados 2’ ganan $2,500 y cuatro ‘abogados 3’ ganan un promedio de $3,250.
Como estos, habría centenares de ejemplos.
REALIDAD DESMORALIZANTE
‘Este tipo de situaciones desmoraliza al funcionario público, sobre todo a los más antiguos’, señaló una administradora de personal del gobierno, que prefirió no revelar su nombre.
‘Con cada cambio presidencial, no solo se encuentran con que su salario pende de la voluntad de los nuevos jefes, sino que al ser despedidos no cobran indemnización, como en la empresa privada’, indicó.
Además, muchos de los funcionarios se ven obligados a entrenar y orientar a personas recién llegadas que ganan el doble que ellos, añade la administradora.
‘Es una situación muy penosa que lleva al funcionario a sumirse en el pesimismo y la desidia. En el entramado gubernamental se va perdiendo todo el valor del mérito y lo que cuentan son las relaciones personales. Esto es lo que provoca la mala fama de la llamada burocracia, formada por personas sin motivación, que hacen el mínimo para preservar su puesto o se vuelven serviles hacia sus jefes’, señaló la funcionaria.
Pero lo más grave es que no hay respaldo para los funcionarios desde los otros órganos del Estado. 

El doble voto en los circuitos plurinominales

El jueves 23 de octubre, el Tribunal Electoral (TE) anuncia una de dos decisiones, la anulación de elecciones para diputados en el circuito 4.1 o la anulación de la proclamación de los diputados Rogelio Baruco y Miguel Fanovich, aunque lo solicitado por el impugnante Florentino Ábrego fue la anulación de la elección, por lo menos yo no lo tengo claro hasta no ver el fallo publicado en el sitio web del TE.
Lo que sí deja claro el TE es que se realizarán nuevas elecciones y sin participación del ganador en buena lid, diputado Samir Gozaine, a quien ya este tribunal le entregó su credencial, ello pese a que el propio magistrado presidente Erasmo Pinilla expresara en entrevista televisiva del 12 de agosto, lo siguiente: “Los diputados electos en los circuitos plurinominales que no son impugnados, no se les puede entregar las credenciales porque la ley no da espacio para eso, aun cuando hay juristas que dicen que sí, yo sostengo que no hay tal… y quien diga que sí, que me diga qué norma autoriza al Tribunal a una cosa como esa.”
Pues sí, vaya a saber qué norma encontraron para entregar una credencial, que aunque bien ganada, era afectada por la impugnación mal estructurada (anulación total de la elección) y mucho peor fue la acción del TE en admitirla.
Si lo que el impugnante buscaba era demostrar si los diputados de gobierno, en ese entonces, usaron recursos del Estado y que estos le permitieron una ventaja sobre los oponentes, ¿por qué aceptó este tribunal la impugnación de nulidad total de la elección?, ¿qué tiene una cosa que ver con otra? Al tenor de la discusión política parece que se refiere a una misma causa, pero no es así.
Las consecuencias van llevando al TE a caer en el error de sellar los vacíos legales con entuertos y comportarse de forma política, es la inclinación del magistrado Eduardo Valdés Escoffery, al señalar recientemente que “los fallos emitidos en los circuitos plurinominales podrían reconsiderarse, pues aún se analiza si los candidatos del PRD participarán o no, ya que su voto se estaría contando dos veces”. O van todos o se excluye al PRD porque ya recibió una credencial. (tomado del Panamá América-24/10/2014).
El TE sigue hablando y actuando en términos estrictamente políticos. Cualquiera que sea la decisión que tome el TE no va a solucionar el tema de fondo democrático que subyace, corra o no corra el PRD, se ha propiciado la violación de la segunda garantía del sufragio, voto igualitario, según manda nuestra Constitución en su artículo 135.
Que un político, cualquiera que sea, trate de violentar las garantías constitucionales es cuestionable, pero que sea el propio TE el que lo propicie y lo aúpe es desdeñable.
Se pretende poner el supuesto derecho de los partidos, por encima de los derechos humanos de cada individuo, violentar el sufragio es violentar el derecho humano, el voto desigual otorgará 2 votos a más de 30 mil electores del circuito 4.1 que ya eligieron un diputado PRD y otros tantos de miles en los circuitos 9.1 y 2.1.
El voto plural es una práctica arcaica del pasado medieval, que otorgaba varios votos a quien tenía más tierra o era más cercano a la realeza. El criterio de un hombre varios votos, en el caso que nos ocupa 2, no tiene cabida en el sistema panameño, ni en su constitución, ni en el sinnúmero de cartas y tratados internacionales que guardan los derechos humanos.
John Stuart Mill, en su obra “El Gobierno Representativo”, lo dejó bien claro al señalar lo siguiente: “No hay igualdad en el sufragio allí donde el voto de un individuo aislado no tenga el mismo valor que el de otro individuo en la comunidad”.
El magistrado presidente Erasmo Pinilla, en su discurso de proclamación del Presidente de la República, nos recomendó a todos los panameños “volver sobre estas reflexiones una y otra vez, a lo largo de todo el quinquenio que iniciamos”. Hoy volvemos sobre estas mismas reflexiones que él nos dio cuando dijo en el mismo discurso “fue la confianza en el Tribunal Electoral lo que hizo que el panameño concluyera que ningún ardid es mejor que la determinación de cambiar las cosas, si hay fe y seguridad en los arbitrajes imparciales”.
Más allá de los elocuentes discursos, el magistrado presidente no debe comportarse como un político más, que hoy dice una cosa y mañana hace otra. Las futuras expresiones legales del TE deben venir de un profundo análisis con apego a la ley y la voluntad popular expresada en las urnas. Razonando que no existe democracia verdadera allí donde haga falta una de las cinco garantías fundamentales del sufragio.