jueves, 19 de julio de 2012

Diputados dan luz verde al proyecto de ley 87 sobre pensión alimenticia

Vallarino, del oficialista Cambio Democrático, agradeció que esta propuesta se convirtiera en la primera ley aprobada en tercer debate en este periodo legislativo, que comenzó el 1 de julio presidido por su copartidario Sergio Gálvez.



La diputada oficialista, Marylin Vallarino celebró la aprobación del proyecto de ley en tercer debate.  foto por Yan RosadoEl pleno de la Asamblea Nacional de Diputados aprobó en tercer debate el proyecto de ley 87 sobre pensiones alimenticias. 
La propuesta fue hecha por la diputada oficialista Marylin Vallarino, quien debió esperar tres años para que se aprobara. Sin embargo, la cámara legislativa mayoritariamente de varones no le da respiro al proyecto.
Este proyecto había sido pospuesto por varios periodos dentro de la Asamblea y desde ahora el país contará con una legislación que regule la pensión alimenticia.
Vallarino, del oficialista Cambio Democrático, agradeció que esta propuesta se convirtiera en la primera ley aprobada en tercer debate en este periodo legislativo, que comenzó el 1 de julio presidido por su copartidario Sergio Gálvez.
La parlamentaria había lamentado que en el periodo ordinario anterior se le restara importancia a la aprobación del documento en tercer debate.
Marylin Vallarino, quien preside la Comisión de la Mujer, la Juventud y la Familia, que aprobó en octubre de 2011 la iniciativa legislativa que dos años antes, fue presentada por el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia Harley Mitchell.
Mitchell no perdió de vista la discusión en el pleno del proyecto de ley. Cuando vio que los miembros de la cámara legislativa dieron su aval,  agradeció el respaldo que los diputados le dieron a la iniciativa.
“Proyectos como estos fortalecen nuestro desarrollo social, fortalecen nuestra justicia social y contribuyen a consolidar nuestra experiencia de Nación”, dijo el magistrado.
Con  esta propuesta se busca lograr que cada ciudadano asuma sus responsabilidades con la manutención de sus hijos.
Durante el segundo debate, efectuado un día antes,  los diputados acordaron eliminar la mayoría de las sanciones que se aplicarán a quienes incumplan con sus obligaciones.
Dos puntos, que de acuerdo con la diputada han sido cosméticos, fueron los de la suspensión de licencia de conducir, la publicación en medios de comunicación social del nombre de los evasores del pago de pensiones y la inclusión de sus nombres en la Asociación Panameña de Crédito. Sin embargo, permanecerá vigente la detección a través del sistema conocido como “pele police”.
El proyecto también incluye a aspirantes a cargos de elección popular, porque tiene que estar paz y salvo, para poder postularse.
Quedó plasmado también que, luego de aprobada la pensión prenatal, se realice una prueba de ADN al menor y si el hombre resulta no ser el progenitor, ese expediente será remitido al Ministerio Público, con el fin de que le sea reembolsado todo el dinero que dio antes del nacimiento.
Según datos del Órgano Judicial, cada año se tramitan más de 30 mil peticiones de pensiones alimenticias en la jurisdicción de familia a nivel nacional, sin contar con el registro de solicitudes que sobre la misma materia se procesan  en la vía administrativa de policía.
De acuerdo con esa instancia, el alto índice de litigios en materia de pensiones por alimentos, aunado a la insatisfacción de la ciudadanía por la poca efectividad de la ejecución de resoluciones judiciales que fijan cuotas alimentarias, ha obligado a revisar la legislación vigente para hacer más expedito y efectivo el trámite de los procesos.

Panamá es capital mundial de las telecomunicaciones

Hasta el 19 de julio Panamá se convertirá en la capital de las telecomunicaciones del mundo al celebrarse la Cumbre de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) “Conectar las Américas”.
El evento mundial inició este martes 17 de julio con la reunión preliminar en la que delegados de los países participantes examinaron el comunicado borrador que recogerá las conclusiones y logros que serán presentados al finalizar esta reunión. 
“Conectar las Américas” representa una plataforma que busca responder mejor a los retos de la región en materia de telecomunicaciones mediante la cooperación y el compromiso de todas las partes interesadas, tanto públicas como privadas, impulsadas por el objetivo común de conectar a los desconectados en las Américas.
El director Ejecutivo de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), Antonio Manuel Tercero González, quien presidió la reunión preliminar y en representación de Panamá, agradeció la confianza de los representante de la UIT para la realización de esta cumbre y destacó que el evento reviste importancia para el país porque permitirá cumplir con las expectativas trazadas, de trazar nuevos caminos y metas hacia el desarrollo de una gran comunidad mundial.
La Cumbre “Conectar a las Américas” iniciará formalmente hoy con la participación de representantes de 35 países quienes buscarán crear alianzas y compromisos que permitan reducir la brecha digital entre quienes pueden y no pueden acceder a las nuevas tecnologías de la información.
También se hablará sobre “ciberseguridad” y la utilización de las telecomunicaciones para la atención de desastres naturales y sobre los costos de estas nuevas tecnologías.
Panamá registra avances en materia de telecomunicaciones que le sitúan como el primer país de Centroamérica y octavo de América Latina en implementar la Portabilidad Numérica. Al cierre del 2011 de contabilizó más de 6,4 millones de celulares activos a nivel nacional y alrededor de 500.000 líneas en la red fija.
Otro avance se registró en diciembre de 2009 cuando Panamá se situó como el primer país de América Latina en ofrecer señal abierta en el estándar DVB-T luego que el Servicio Estatal de Radio y Televisión (SERTV) inaugurara las emisiones de esta señal digital.

IMPUNIDAD: MARTIN TORRIJOS RENUNCIA Y ELUDE A LA CORTE

La vista fiscal recomendaba al pleno de la Corte Suprema de Justicia que se abriera causa criminal al exmandatario por el supuesto delito contra la administración pública.


MARTIN TORRIJOS RENUNCIA Y ELUDE A LA CORTE


El expresidente Martín Torrijos Espino, en una carta enviada al presidente del Parlamento Centroamericano (Parlacen), Manuel De Jesús Pichardo, el pasado 16 de julio, presentó su renuncia al cargo de diputado de ese organismo regional, después de que el magistrado fiscal Abel Zamorano, que lleva la investigación en contra de el exmandatario por la supuesta comisión del delito contra la administración pública, solicitara al pleno de la Corte Suprema de Justicia su llamamiento a juicio.
Torrijos, en el documento enviado a Pichardo, indica: “Acudo ante usted para someter a la consideración de la Junta Directiva mi decisión de renunciar al cargo de diputado del Parlamento Centroamericano”.
El expresidente indica además: “Permítame explicarle las motivaciones por las cuales me veo forzado a presentar la renuncia al cargo”.
La dimisión, una vez recibida en el Parlacen, tiene que ser evaluada por este organismo regional, y la respuesta será comunicada tanto al solicitante como al Gobierno de la República de Panamá y certificada por el Tribunal Electoral, para que la Corte proceda con el caso como lo estipula la ley.
Posteriormente, en la carta Torrijos explica parte del proceso que se le sigue por supuestos pagos a diputados en el 2001, cuando era secretario del Partido Revolucionario Democrático, para la aprobación del Centro Internacional Multimodal y de Servicios (CEMIS).
Proceso. Una vez concretados los trámites de renuncia del expresidente como diputado del Parlamento Centroamericano, el expediente por el supuesto delito contra la administración pública -específicamente por corrupción de servidores públicos- en su contra debe ser remitido por el pleno de la Corte Suprema de Justicia a un juzgado de circuito penal, porque ya no es su competencia procesar a Torrijos, pues no es diputado y además no ostenta ningún cargo público con mando y jurisdicción a nivel nacional.
El pasado 10 de julio, el magistrado Zamorano remitió la vista fiscal al pleno de la Corte, recomendando el llamamiento a juicio de Torrijos y a la vez solicitando aplicar la medida cautelar de prohibición de abandonar el país sin autorización judicial y reportarse periódicamente ante el tribunal correspondiente.
Esta solicitud, sin embargo, podría ser valorada por el juzgado de circuito donde quede radicado el expediente del CEMIS relacionado con el proceso contra Torrijos.
El fiscal en su recomendación final del caso, que se investiga desde el 2002, sustenta que en el proceso hay suficientes elementos probatorios para la apertura de causa criminal contra Martín Torrijos, y además solicita la imposición de medidas cautelares, con el objetivo primordial de garantizar la comparecencia de Torrijos en todas las fases del proceso hasta su culminación y evitar situaciones dilatorias que constituyan un obstáculo para la pronta diligencia de la causa en su contra.
“Se ha logrado probar la existencia del delito de corrupción de servidores públicos, así como la participación activa, voluntaria y dolosa de Martín Torrijos Espino, quien procurando su beneficio personal ilícito, negoció la entrega de dinero a los legisladores de la Asamblea por la realización de un acto propio de sus funciones, y ocasionó un efecto nocivo para la institucionalidad democrática y la economía nacional”, justificó el fiscal.
Destino.
El Juzgado Cuarto de Circuito Penal podría ser el destino del caso contra Martín Torrijos, porque ya este despacho judicial ha tenido conocimiento previo del expediente del CEMIS, ya que ahí están radicados los procesos contra Stephen Jones y Joseph Martin Rodin, exejecutivos del consorcio San Lorenzo, promotor del Centro Multimodal, Industrial y de Servicios.
Recientemente, este juzgado, a cargo del juez suplente Eduardo De La Torre, denegó la petición de levantar la orden de impedimento para salir del territorio nacional, interpuesta por los apoderados legales de Jones -exdirector- y Rodin -mayor accionista del consorcio-, ambos acusados por el supuesto delito genérico contra la administración pública.
Ambos directivos se encuentran bajo medidas cautelares, acusados del presunto soborno de funcionarios, para que aprobaran un contrato por más de 400 millones de dólares para la construcción de un parque industrial y el Aeropuerto Internacional de Colón.
Las investigaciones se iniciaron el 17 de enero de 2002 y tras dictarse la vista fiscal, la Corte, mediante Resolución de 17 de septiembre de 2003, declara la nulidad de todo el proceso y ordena el archivo del expediente penal.
Posteriormente, a pedido de la procuradora general de la Nación, Ana Matilde Gómez Ruiloba, se dispuso la reapertura del sumario por instrucción del pleno de la Corte, mediante Resolución del 24 de diciembre de 2009.
El Pleno designó al magistrado Alejandro Moncada Luna como fiscal del caso y este advierte la posible vinculación de Martín Torrijos, diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), por lo que la Corte inicia la investigación en su contra.
Moncada Luna, en agosto de 2010, solicitó al Pleno que se le declarara impedido de actuar en el caso, porque un pariente cercano ejerció poder en este proceso, y fue sustituido por su suplente personal Abel Zamorano.
El 29 de septiembre de 2001, el diputado Carlos Agustín Afú Decerega divulgó en los medios de comunicación que su colega Mateo Castillero le entregó seis mil dólares como adelanto de la suma de 20 mil para la aprobación del Contrato Ley entre la Nación y el Consorcio San Lorenzo, que creaba el Centro Multimodal, Industrial y de Servicios (CEMIS) en la provincia de Colón.
En la vista fiscal, Zamorano recomienda además que se llame a juicio a Martín Torrijos y se absuelva a Afú, que el dinero decomisado en las investigaciones sea donado a un lugar encargado de hacer obras sociales como lo es el Hogar San José de Malambo.
Vinculación.
En la vista fiscal, los testigos protegidos Gabriel y Uriel fueron categóricos al indicar que Martín Torrijos Espino coordinó con Manuel De La Hoz un viaje a la provincia de Colón para retirar la suma de 200 mil dólares en efectivo para llevarla a la Asamblea Nacional y después hacer entrega a los entonces legisladores del PRD a cambio de la aprobación del CEMIS, dinero que provenía del Consorcio San Lorenzo y que había sido acordado con el directivo Joseph Martin Rodin. El testigo Gabriel indica que en noviembre de 2001, la legisladora Balbina Herrera lo abordó preocupada por un dinero que reclamaba el legislador Manuel De La Hoz, y que, según Balbina, se le había entregado a Torrijos, por lo cual Gabriel la invitó a ella y a Héctor Alemán con Torrijos, siendo este último cuestionado sobre el destino de 900 mil dólares que le había dado Martin Rodin. Torrijos les dijo que se habían utilizado en el Congreso Extraordinario del PRD, lo cual, sostiene el testigo, que no fue así.
Agregó el atestiguante que le pidió a Torrijos que hablara con Rodin para pedir una suma adicional, pues era la única manera de obtener los votos de parte de los legisladores que ya sabían que él había recibido bastante dinero, por lo que dos días antes del 28 de diciembre de 2001, Martín Torrijos lo llamó (a Gabriel) para que se encontrara con Harry Castro para que le entregara una cajeta con 200 mil dólares, los que a su vez entregó al legislador Mateo Castillero, por instrucciones directas de Torrijos Espino, siendo este dinero custodiado por él y el testigo Uriel.
Uriel posteriormente indica que tras la repartición a los legisladores del PRD, procedió a devolverle cuatro mil dólares a Torrijos, que sobraron después de la entrega.
Para corroborar los movimientos de dinero, el Ministerio Público realizó inspecciones oculares para verificar el movimiento monetario entre octubre y diciembre del 2001 y enero de 2002 de las empresas que conforman el Consorcio San Lorenzo, y se confirmó el movimiento de altas sumas de dinero, incluso Martin Rodin aceptó haber recibido la suma de 200 mil dólares en efectivo, en billetes de 20 dólares, el día 28 de diciembre de 2001.
El Ministerio Público confirmó el movimiento de dinero por la suma de 554 mil 94.79 dólares, de los cuales se giraron varios cheques que fueron hechos efectivos y de ellos, 200 mil no fueron justificados y tuvieron como destino la Asamblea Nacional.
Por su parte, Francisco Cabrera, empleado del Consorcio San Lorenzo, reconoció que recibió el dinero en efectivo luego de haber sido cambiados los cheques por Julio Rodríguez.
Desde las declaraciones de Carlos Afú ante los medios de comunicación, el caso CEMIS ha sido uno de los más comentados en la opinión pública y muchos sectores de la sociedad civil piden que se aclaren todos los supuestos actos de corrupción y que se sancione a los involucrados, sin embargo, este proceso vuelve a tomar otro rumbo.
  • Las investigaciones se iniciaron el 17 de enero de 2002 y tras dictarse la vista fiscal, la Corte, mediante Resolución de 17 de septiembre de 2003, declara la nulidad de todo el proceso.
  • Las investigaciones se iniciaron por el supuesto soborno de los legisladores del PRD para que aprobaran la construcción del CEMIS en la provincia de Colón, a cargo del Consorcio San Lorenzo.
  • La estrategia de los abogados de Martín Torrijos es seguir dilatando el proceso y prueba de ellos es que interpusieron un total de ocho recursos para evitar la indagatoria.

Tuneladora "Marta" llegará a la Plaza 5 de mayo el 25 o 26 de julio

El secretario ejecutivo del Metro, señaló que una vez la tuneladora llegue a la estación va romper la pared de manera que la pueda atravesar e inmediatamente darle mantenimiento.
Tuneladora Marta  llegará a la Plaza 5 de mayo el 25 o 26 de julio, dice Roy
El secretario ejecutivo del Metro, Roberto Roy, informó que la próxima semana estará llegando la tulenadora "Marta" a la estación de la Plaza 5 de Mayo.

Roy señaló que la tuneladora podría llegar entre el 25 o 26 de julio a la estación, y que cuando  rompa y atraviese la pared inmediatamente se le dará mantenimiento.

Agregó a Notias AM que dentro de pocos días se instalarán las vigas que van encima de los capitales del metro

HISTORIA: Mireya desconocía denuncia de Blandón

Endara y Ford recomiendan a Martín que aclare las denuncias que hacen en su contra
REDACCION DE LA PRENSA 
planas@prensa.com
La presidenta, Mireya Moscoso, dijo que está en contra de las campañas sucias y aseguró que no se le informó de las acciones que el legislador arnulfista José Isabel Blandón Figueroa tomaría en contra del candidato presidencial del PRD, Martín Torrijos.
Moscoso recordó que en 1999, cuando hizo su campaña, la llevó adelante con mucho respeto junto a todos los candidatos.
"No creo en las campañas sucias, lo dije en 1999 y lo repito ahora", agregó.
La mandataria manifestó que la campaña debe ser de propuestas, no de campañas sucias.
La jefa del Ejecutivo aseguró que no tuvo ningún conocimiento sobre las acciones que tomó el legislador Blandón, quien presentó ante los medios de comunicación un expediente sobre un secuestro, en donde aparece el nombre de Martín Torrijos.
"Ayer, [jueves] estuve todo el día en la provincia de Coclé, llegué a las 5:30 de la tarde, a las 6:00 p.m. me fui a caminar a Tocumen y a las 8:00 de la noche fue cuando me enteré de lo que estaba sucediendo", explicó Moscoso.
Al respecto, el candidato presidencial por Solidaridad, Guillermo Endara y su primer vicepresidente, Guillermo Ford, recomendaron a Torrijos que aclare la situación, por tranquilidad del proceso electoral.
Martín Torrijos, S.A.   

Entretanto, el legislador Blandón solicitó ayer al Tribunal Electoral (TE) que realice una inmediata auditoría a la sociedad anónima Martín Torrijos, S.A., y determine si esta empresa actualmente recibe donaciones para la campaña política.
Blandón manifestó que el TE es la institución competente para realizar dicha inspección contable e informar en qué se han utilizado los dineros recibidos a la fecha por dicha sociedad anónima.
El legislador oficialista dijo que el pueblo tiene derecho a saber si estos dineros fueron utilizados en forma inapropiada o indebida, evadiendo el pago del impuesto respectivo.
No obstante, el ex magistrado electoral Guillermo Márquez Amado justificó que sociedades anónimas reciban dineros como es el caso de la empresa del candidato presidencial del PRD, Martín Torrijos.
"No hay delito electoral", aseguró Márquez Amado, en que esta sociedad anónima haya recibido dinero producto de donaciones.
Consultado el fiscal electoral, Gerardo Solís, se declaró impedido de dar un señalamiento, tras argumentar que aún la solicitud no ha llegado a su despacho.