domingo, 14 de septiembre de 2014

Policía Nacional reconoce aumento de homicidios en el país

Este viernes en horas de la noche una familia compuesta por cuatro miembros, entre ellas dos menores de edad, fue acribillada en La Chorrera.
Foto: Lamentable


LA PRENSA - Los homicidios a nivel nacional registran un incremento y la mayoría de las veces se les asocia a problemas relacionados con drogas y a conflictos familiares, admitió el director de la Policía Nacional (PN), Omar Pinzón, aunque sin precisar cifras.

No obstante, segundos después de reconocer que la situación es grave, aclaró que al comparar 2013 con lo que va de este año, los índices “no se han disparado como se ha querido hacer ver”.

Por su parte, en la provincia de Chiriquí el ministro de Seguridad, Rodolfo Aguilera Franceschi, destacó que en estos dos meses de la administración de Juan Carlos Varela hay 24 homicidios menos que en igual período del año pasado.

El último hecho violento se dio este viernes en horas de la noche en la barriada San Antonio de La Chorrera, donde cuatro miembros de una familia, entre ellos dos menores, fueron abatidos a tiros con armas calibre 9 milímetros y AK-47.

Pese a que el crimen conmocionó a los residentes, no los animó a colaborar suministrando información a la Policía, dijeron fuentes ligadas a la investigación.

HECHOS
Cuatro miembros de una misma familia, una mujer de 27 años de edad y su pareja de 28 años, además de dos menores de cuatro y nueve años, fueron asesinados luego de bajar de un automóvil y disponerse a subir al edificio multifamiliar ubicado en dicha barriada.

El menor de nueve años de edad falleció cuando era trasladado en un vehículo particular al cuarto de urgencias del hospital Nicolás A. Solano.

Durante una conferencia de prensa realizada ayer, Pinzón confirmó la detención para investigación de cinco de ocho personas que presuntamente participaron en esta masacre.

Los capturados fueron localizados en el área de La Milagrosa, Puerto Caimito y La Mitra. En este último lugar también se ubicó un auto Mitsubishi, el cual mantenía una denuncia de hurto.

Pinzón indicó que el hecho podría estar relacionado con rencillas entre grupos residentes en la barriada San Antonio en La Chorrera.

Sin embargo, dejó entrever que los homicidas pudieran haber equivocado su blanco.
El director de la PN evitó dar a conocer si la víctima mantenía algún tipo de prontuario policivo o si era miembro de alguna pandilla, aunque aseguró que “no pararemos hasta dar con la captura de los tres delincuentes faltantes”.

VERSIONES
Pese a que Pinzón dijo que el tema de rencillas estaba presente en este caso, el comisionado jefe de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), Marcos Córdoba, manifestó que los adultos detenidos son miembros de una banda delictiva, lo que le da otro matiz a este caso.

Mientras, el jefe de la zona policial de La Chorrera, Nadim García, adujo que esta situación no es más que un “hecho aislado”, por lo que la comunidad no debe alarmarse.

El subcomisionado justificó el retiro de los agentes policiales que se mantenían en este punto de forma permanente, alegando que una operación de este tipo no se puede sostener de forma prolongada.
Agregó que el 85% de los hechos delictivos cometidos ha sido resuelto, lo cual sostuvo es bastante aceptable. Adujo que los robos marcan como el principal delito, al menos en Panamá Oeste.

INSEGURIDAD
Para el exdirector de la PN Carlos Barés hay una crisis en los estamentos de seguridad, pues no existe una política criminal definida.

En su opinión, entre quienes tienen que brindarle seguridad a la ciudadanía existe una baja moral por las políticas aplicadas en materia de ascensos durante la pasada administración.

En los últimos 10 años, aseguró que ningún gobierno se ha esforzado por establecer una política coherente en esta materia.

Oswaldo Fernández, exdirector de la Policía Técnica Judicial, coincidió con Barés, afirmando que la solución a este problema no es colocar un policía en cada esquina ni utilizar mano dura, sino aplicar políticas preventivas y oportunidades de trabajo para los jóvenes.

En tanto, el sociólogo Marco Gandásegui estimó que el tráfico de drogas y la corrupción son factores que tienen una alta incidencia en el aumento de la delincuencia y la violencia generalizada.

Gandásegui no duda en señalar que en el país existe una cultura en donde todo tiene un precio y ello genera que las personas busquen obtener dinero a cualquier precio.

Alegó que si no se da una política de Estado coherente, será imposible bajar la delincuencia.

Planilla revela desigualdad en los salarios del Gobierno

La desproporción en los sueldos y gastos de representación asignados a directores, asesores y cuerpo diplomático salen a relucir, mientras el Gobierno actualiza las planillas en el nodo de transparencia de las instituciones.
Este es el caso del Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Relaciones Exteriores, que a final de semana publicaron la lista actualizada con los nombramientos entre julio y agosto de 2014.
En el caso del Ministerio de Gobierno, en el que el titular Milton Henríquez recibe 3,500 dólares de salario más 3,500 de gastos de representación, algunos de sus asesores y miembros de su equipo de trabajo logran tarifas por encima de su salario o cerca de sus emolumentos.
Es el caso de Denis Allen, quien aparece en la planilla con el cargo de secretario ejecutivo de Asuntos Electorales y está nombrado con un salario de $5,000.
Dicho salario es inferior por $1,000 al de los viceministros, María Romero e Irene Gallego, a quienes se les asignó $3,000 de salario más $3,000 de gastos de representación a cada uno.
Otra de las desproporciones salariales significativas dentro del Ministerio de Gobierno es del director de la Autoridad del Tránsito, Julio González, que tiene un salario por $5,000, más $2,000 en gastos. Entre ambas asignaciones alcanza el sueldo de un ministro de Estado.
En cambio, el subdirector de la ATTT, Rubén Chávez, fue contratado por $3,500 de salario y $1,500 en gastos de representación.
Similar ocurre en el Sistema Nacional de Protección Civil. En esta dependencia, el director, José Donderis, cobra $4,000 de salario y $2,000 en gastos de representación, mientras que el subdirector, Mario Chang, tiene asignado $5,000 de salario neto.
Servicio exterior
Dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, el caso que más llama la atención es el de Emanuel González Revilla, embajador de Panamá en Washington, Estados Unidos.
En la planilla, González Revilla figura con $1,500 de salario y la nada despreciable cifra de $13,500 en gastos de representación. Solo su gasto de representación significa el doble de emolumentos de la ministra Isabel Saint Malo de Alvarado, quien recibe $3,500 de salario y $3,500 en representación.
El mismo desbalance entre salarios y gastos de representación lo mantienen Jorge Hernán Miranda, representante de Panamá ante la Organización de Estados Americanos, con $1,500 de salario y $8,500 de gastos, al igual que Laura Elena Flores, embajadora de Panamá en la ONU, con $1,500 de salario y $5,750 en gastos, y el embajador en México, Manuel Ricardo Pérez, con $1,500 de salario y $6,000 en representación.
Esto en contraste con los emolumentos que pagan a otros embajadores y cónsules en países más lejanos. A Miroslava Rosas como representante en la Santa Sede, en Roma, se le asignaron $1,500 en salario y $4,650 en representación, mientras que al exvicepresidente Rubén Arosemena le fue asignada la embajada en Corea del Sur por $1,500 de salario y apenas $3,000 en gastos en representación.