viernes, 24 de octubre de 2014

Fallos del Tribunal Electoral sigue agenda de Varela: Alma Cortés


El Tribunal Electoral está siguiendo una agenda trazada por el presidente Juan  Carlos Varela, denunció la exministra de Trabajo y subsecretaria general de Cambio Democrático (CD), Alma Cortés.
La dirigente de CD, manifestó que en el caso de los fallos  de las impugnaciones, el Tribunal ha de mostrado  que no hay imparcialidad, sino parcialidad. "Están haciendo un trabajo al presidente de la República Juan Carlos Varela, quien mantiene las manos dentro del Tribunal Electoral", expresó.
La abogada indicó, que los fallos del TE contra diputados del CD, es con el  fin de que no haya mayoría de esta bancada en la Asamblea Nacional.
Cortés,  informó  que se presentará un recurso de reconsideración, para agotar los recursos legales, aunque se sepa cual será el resultado. "No podemos mantener la justicia electoral secuestrada a manos de quienes están parcializados",  agregó.
Mientras que Rómulo Roux, dijo que el Tribunal   ha desconocido la voluntad de los electores, y los  fallos  han sido meramente políticos. "Es parte de  parte  un plan de alianza TE-panameñismo", destacó.
En cinco de los diez procesos de impugnación contra diputados que resultaron electos por CD, los magistrados del Tribunal han favorecido a los impugnantes en detrimento de los impugnados.

Nuevo Cacique afirma que Silvia Carrera "se doblegó ante el gobierno de Varela"

Según Sánchez explicó que Silvia Carrera se extralimitó en sus funciones y sostuvo conversaciones con otras organizaciones.

Silvia Carrera. Archivo La Estrella


El presidente del Congreso Ngäbe Buglé, Edilberto Sánchez indicó en la edición matutina de Telemetro Reporta que el congreso de dicha agrupación está conformado por 280 delegados que son electos en cada una de las regiones de la comarca.

Según Sánchez explicó que Silvia Carrera fue la máxima autoridad administrativa tradicional y que fue elegida mediante el voto popular y después ratificada por el congreso.
El Presidente afirmó que Carrera se extralimitó en las funciones y que además estaba sosteniendo conversaciones con organizaciones que no tienen nada que ver con la comarca y además la destitución de Silvia Carrera no tiene intereses políticos.

El representante de la comarca indicó que para ser elegido como Cacique no se puede estar inscritos en ningún partido político.
Por su parte. Genaro Smith, el nuevo Cacique electo por el congreso, manifestó que él fue suplente de Carrera y que además ella se doblegó ante el gobierno.

Fallos de Pinilla y Scoffery favorecen al PRD: Fanovich

Fallos del TE favorecen a impugnados; denuncian falta de imparcialidad



A la fecha, el Tribunal Electoral (TE) ha favorecido a todos los candidatos que presentaron denuncias de impugnación en las pasadas elecciones, incluso después de que no se lograra comprobar las causales de cada caso, denunciaron las partes afectadas.
 
El diputado  electo en el circuito  4-1, por el Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena), Miguel Fanovich, señaló que este fallo no tendría ninguna base legal, pues de las 14 causales de las que se le acusa,  no se demostró nada.
 
"Hemos visto con suma preocupación de que todos los impugnados vayan a elección porque Valdés Escoffery y Pinilla han dicho que el uso de los recursos del Estado bajo el argumento de que no debn ser usados por los diputados, cuando siempre ha sido así, y ahora sería un pase de factura".
 
"Es un fallo histórico que tendrá repercusiones, quizás aquí no. Eso es inconstitucional, es un delito, yo no sé lo que va a hacer el Tribunal con esto del doble voto. Pareciera que es un Tribunal amañado donde la consigna es ir en contra de dos partido", concluyó.
 
Fanovish, quien busca la reeleccion, agregó: “Pinilla que no piense que son las santas palomas, en este periodo hemos comprobado que han viajado como seis veces con sus mujeres, hijo y parientes, fuera del nepotismo que está en el TE y debe denunciarse por el pueblo panameño”, manifestó.

jueves, 23 de octubre de 2014

POLITICA: PRD Presenta denuncia y piden expulsión de Ovidio Díaz

La denuncia señala a Díaz, en diversas caminatas, eventos, giras y diversas actividades en comunidades santeñas con los candidatos de la alianza “El Pueblo Primero” que impulsaba la candidatura de Juan Carlos Varela, para la presidencia de la República.


Presentan denuncia y piden expulsión de Ovidio Díaz

La situación se complica para el candidato a diputado por el circuito 7-1, Ovidio Díaz, luego que dos dirigentes y miembros de su propio partido, presentaran ante la Fiscalía del PRD, una denuncia en su contra por la "flagrante violación" de los estatutos de ese colectivo.
Se trata de la denuncia presenta ayer ante el fiscal del partido, Víctor De Gracia, por el representante perredista del corregimiento de Río  Hondo, en Guararé, Héctor Vargas y el dirigente político del PRD en Las Tablas, provincia de Los Santos, Melquiades Cárdenas.
Vargas y Cárdenas, piden la "expulsión inmediata" de las filas del PRD de Ovidio Díaz, así como su "investigación, juzgamiento y sanción" por parte del Tribunal Nacional de Disciplina, por presuntamente violentar  e infringir el artículo No. 83 del estatuto interno del PRD.
La denuncia contra Díaz, anexa pruebas y evidencias que lo señalan como el candidato del PRD que en su "desmedida ambición" de ser diputado a cualquier costo, “traicionó y no apoyó”  pidiendo el voto a la oferta electoral del colectivo debido a los pactos y acuerdos suscritos con adversarios.
Acusan a Díaz, de haber sostenido reuniones preelectorales con el entonces presidente del MOLIRENA, Sergio González Ruiz y otros, para "conspirar" contra la candidatura para la Alcaldía de Las Tablas, contra los aspirantes del PRD, Ángel Barrios y Noe  Herrera, así como de la candidata Estelvina Quintero.
Señalan que el acuerdo entre González Ruíz y Ovidio Díaz,  iba destinado al apoyo de su candidatura como diputado del PRD en el 7-1, a cambio del "respaldo de los perredistas"  a la campaña de la candidata a la Alcaldía por el MOLIRENA, Kenia Zambrano de Jaén.
También acusan a Díaz de sostener conversaciones secretas con los dirigentes del Panameñismo y el Partido Popular, en Los Santos, Omar Arrocha y Nelson Cedeño, para acordar el "apoyo mutuo" entre sus candidaturas para las elecciones del  pasado 4 de mayo.
La denuncia señala a Díaz, en diversas caminatas, eventos, giras y diversas actividades en comunidades santeñas  con los candidatos de la alianza “El Pueblo Primero” que impulsaba la candidatura de Juan Carlos Varela, para la presidencia de la República. 
De igual forma, acusan a Díaz de apoyar la candidatura por el panameñismo en El Muñoz, de Erika González y en Las  Tablas, de Aida Batista, en detrimento de los candidatos del PRD y del propio candidato a la presidencia Juan Carlos Navarro.
Lo señalan también de haber presentado denuncias ante el Tribunal Electoral, por manejo irregular de fondos  y  que hicieron un "daño irreparable" al propio PRD y a los representantes del  Bayano, Peña Blanca, Las Tablas Abajo, Río Hondo, Sesteadero, El Pedregoso, La Miel y Santo Domingo.
Culminadas las elecciones Díaz, recibió una amonestación del Presidente Provincial del PRD en Los Santos, porque convocó a una conferencia de prensa donde invitó a una serie de dirigentes y políticos de la alianza “El Pueblo Primero”, lo que fue percibido como una alianza con los adversarios del colectivo.

Convocatoria a sesiones extraordinarias para elegir el contralor sería ilegal

La elección del contralor general de la República en sesiones extraordinarias sería bajo el mandato del Ejecutivo.



Datos
  • Sesiones: El artículo 183 de la Constitución plantea las atribuciones que ejerce por sí solo el presidente de la República: adopta las medidas necesarias para que la Asamblea Nacional se reúna y el día señalado en que deba ser convocada a sesiones extraordinarias.
  • Tiempo: El periodo ordinario de la Asamblea vence el 31 de octubre.
La convocatoria a sesiones extraordinarias anunciada ayer por el presidente de la República, Juan Carlos Varela, va en contra de la Constitución y el principio de independencia que tiene la Asamblea Nacional para designar al próximo contralor general de la República.
Uno de los primeros en plantear esto fue el jefe de la bancada de Cambio Democrático (CD), Fernando Carrillo, quien cuestionó que legalmente se incurriría en un elemento innecesario.
“La elección del contralor es exclusivo de la Asamblea, donde el Ejecutivo no puede intervenir. El llamado a sesiones extraordinarias lo está haciendo el presidente; entonces, no es lógico que el Ejecutivo convoque para atender un tema que es de estricta competencia del Órgano Legislativo”.
El artículo 161 de la Constitución señala las funciones administrativas de la Asamblea Nacional, entre ellas la elección del contralor.
El defensor de los derechos humanos y dirigente empresarial Roberto Troncoso sostuvo que la ley y la Constitución señalan que las sesiones extraordinarias son únicamente para aprobación de proyectos que proponga el Ejecutivo.
“Salvo que el artículo le permita al presidente proponer cualquier cosa, es solo para proyectos que no pudieron tramitarse”, enfatizó.
Ayer, el mandatario señaló que “faltan temas por tratarse, y quedan menos de seis días para que culmine este periodo”.

"Varela le da beneficios a la Cacica Silvia Carrera": Liborio Miranda

'Si el gobierno no acepta la destitución de Silvia Carrera tendremos que irnos a otro nivel' Liborio Miranda


Liborio Miranda miembro del Congreso General de la Comarca Ngäbe-Buglé, aseguró que desde hace tiempo había insatisfacción por parte de la comarca con la actuación de Silvia Carrera.
"Sería irresponsable de mi parte no aceptarlo. El hijo nunca cargo una bandera del Partido Panameñista dentro de la comarca, por lo que si hay una intención del gobierno de callar a Silvia y a sus hijos ya no gozan de una credibilidad", manifestó en el noticiero matutino de NexTV.
Indicó que la escogencia de las autoridades tradicionales es algo propio del pueblo ngäbe buglé y el cacique es administrativo y representa al pueblo, por lo que tiene que velar y rendirle al pueblo.

'Silvia Carrera no goza de aceptación en el pueblo de Ngäbe-Buglé'.

Directiva de congreso tiene potestad de separar a cacica

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La separación de Silvia Carrera por extralimitación de funciones no sería la única acusación que reciba la dirigente indígena por parte de la Junta Directiva del Congreso General Ngäbe-Buglé, sino también por abuso de recursos y supuestos sobornos.
En un comunicado, la junta directiva decidió separar en forma inmediata a Carrera de su cargo y argumentó que hubo abuso del poder que le fue otorgado.
La medida también guarda relación con los favores del Gobierno a Carrera, como la designación de su hijo como embajador en Bolivia.




miércoles, 22 de octubre de 2014

POLÍTICA: Correlación de fuerzas en la AN, un arma de doble filo

El panorama político no descarta nuevas alianzas de los partidos políticos dentro de la Asamblea. Alianzas que desfavorecerían al oficialismo. De darse posibles denuncias contra el presidente de la República, el análisis de estas quedaría en manos de una aplanadora de oposición.



Potestad
  • 160 Artículo de la Constitución que establece la función judicial de la “Asamblea Nacional”.
  • 147 Este artículo reconoce el término “Asamblea Nacional” como Órgano de 71 diputados.
El proceso que desencadenó en la suspensión del cargo, y la aplicación de medidas cautelares como arresto domiciliario e impedimento de salida del país contra el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Alejandro Moncada Luna, ha dejado la duda razonable sobre el poder que puede tener una subcomisión de garantías conformada por tres diputados, para destituir al presidente de la República o al resto de los magistrados.
El proceso de juzgamiento para un magistrado de la Corte, es el mismo que debe aplicarse en caso que se presenten demandas en las actuaciones del presidente y el vicepresidente de la República ante la Asamblea Nacional, tal como lo establece el Código Procesal Penal en el título de procesos especiales, desde el artículo 467 al 480.
Y es en la Comisión de Credenciales donde se gestó este procedimiento de acuerdo con el artículo 468 del Código Procesal Penal, que ordena la organización de una Subcomisión de Garantías, en caso de que se admitan las demandas y que a la vez se contradice con la propia Constitución Política que establece en el artículo 160 que es una función judicial del pleno de la Asamblea conocer esas acusaciones.
En el caso del magistrado Moncada Luna el contexto político es, el pacto de gobernabilidad entre los partidos Panameñista y el Partido Revolucionario Democrático (PRD).
Con este acuerdo, 38 de 60 diputados que están acreditados en la Asamblea se convierten en una fuerza mayoritaria para avalar decisiones descritas en el acuerdo hecho días antes de comenzar el nuevo periodo constitucional.
De estos 38 diputados, apenas 12 son miembros del Partido Panameñista, uno del Partido Popular que se alió al partido oficialista durante la campaña política y 25 del PRD.
Pero, qué ocurriría, si los partidos de oposición Cambio Democrático (CD) y PRD se alían.
En la Asamblea actual de 60 diputados, si esto llegase a ocurrir se lograría un quórum mayoritario de 45 diputados entre ambas bancadas.
Esto sin tomar en cuenta que aún restan por definirse 11 curules que están impugnadas y que se debaten entre candidatos del PRD, CD y el panameñismo.
Después de la explicación que dio Sidney Sittón, el abogado defensor del magistrado Moncada Luna, sobre una puerta de riesgo que se abre en contra del máximo cargo de elección popular, el debate comienza a girar en torno a su hipótesis.
“Diputados convertidos en jueces de garantías pueden suspender al presidente de la República de sus funciones. El mismo procedimiento mañana no se va a poder decir que es un absurdo, porque la sociedad entera así lo ha avalado”, expresó Sittón.
Y a pesar de que el presidente del Colegio Nacional de Abogados, José Alberto Álvarez, es del pensar que no se debe temer si se actúa bajo la ley, otros juristas y analistas sí creen que en el futuro pueda levantarse un panorama con esas condiciones.
Entre estos, el analista Mario Rognoni expresó: “yo creo que aquí se sentó un precedente que sabemos dónde comienza, pero no sabemos dónde termina”.
Rognoni no tiene dudas de que dependiendo de la acusación que se haga, si hay causa que lo justifique, el PRD “claro que puede hacer lo necesario para que también pague todo aquel que tenga causa comprobable”.
Aunque Rognoni pone en duda que la aceptación de nuevas demandas contra altos cargos se den únicamente por situaciones políticas, el exprocurador Rogelio Cruz observa que la Asamblea se está imponiendo como órgano controlador.
El abogado asegura que la Asamblea Nacional está haciendo sentir su “músculo” para nombrar al contralor de la República, a un procurador y “eventualmente hasta para controlar al presidente de la República”.
El analista Edwin Cabrera reconoció en una entrevista que hizo al defensor de Moncada Luna, que es un tema al cual debe prestarse atención y el país debe evaluar si le conviene tener una norma que “con tanta facilidad” pueda entrar a un proceso a un presidente, magistrado o vicepresidente.
“No sé si eso le conviene al país, creo que sentó el precedente”, replicó Sittón.
Corazón del proceso
La fuerza endeble del Partido Panameñista incluso se evidencia en la propia Comisión de Credenciales, primer eslabón donde se gestionó la admisión de la demanda contra Moncada Luna.
En esta comisión el Panameñista cuenta con dos diputados. El presidente de la comisión Luis Barría y su vicepresidenta Katleen Levy.
Mientras que el PR cuenta con tres votos, el de los diputados Zulay Rodríguez, Elías Castillo y Leandro Ávila. Hoy suscritos del pacto de gobernabilidad.
Mientras que el partido Cambio Democrático tiene la misma cantidad, a Marylín Vallarino, Héctor Valdés Carrasquilla y Mario Miller. Aparte de la representación independiente de la diputada Ana Matilde Gómez.
A través de su acuerdo político, el Partido Panameñista lograría mientras tenga vigencia dicho acuerdo, un total de cinco votos de nueve votos dentro de esta comisión.
Y en la eventualidad que el partido oficialista no cuente más con el acuerdo, pudiera tener hasta seis votos de nueve en contra para tomar decisiones dentro de esta comisión.
El pacto de gobernabilidad entre ambas bancadas, desde sus inicios, ha provocado diferencias. Incluso en momentos en que se pretende definir el nombramiento del contralor y los procuradores de la nación y la administración.

Operación de diablos rojos indigna a usuarios

El desorden que impera en el transporte público con la operación de los buses piratas y el retorno de los diablos rojos tiene a los usuarios indignados
Cecilia Pérez, representante de los usuarios de Las Mañanitas, calificó como una ‘burla’ la presencia de buses diablos rojos en las calles, pues asegura que estos fueron pagados con el ‘dinero del pueblo’ y aún no han salido del sistema.
La molestia de Pérez, del Movimiento 23 de Octubre, radica en que desde hace seis semanas, en su comunidad y en Pedregal, ha observado mucho diablos rojos brindando el servicio de transporte colectivo.
La dirigente está enojada y tiene razón de estarlo. El presidente Juan Carlos Varela, este lunes, aseguró que al menos 150 buses diablos rojos que entraron al país a finales del 2013, a solicitud de supuestas empresas, están en las calles.
Reclamaciones
‘Se les pagó por tratar mal a los usuarios y siguen en las calles y a las víctimas del transporte público no les han dado nada. Mínimo fue un perro a los que mataron’, expresó. Pérez se refiere a las 18 personas que murieron calcinadas en la tragedia de La Cresta, ocurrida el 23 de octubre de 2006 y, hasta la fecha, sus familiares no han sido indemnizados.
En esta tragedia, que mañana cumple ocho años, murieron 13 mujeres y cinco hombres, de los cuales dos eran niños, al encenderse el bus 8B-06 de la ruta Mano de Piedra - Corredor Norte.
Censo, causa del lío
Para Pérez, al igual que para Esperanza Mena, también representante de los usuarios, el censo que realizó la Autoridad de Transporte Terrestre (ATTT) a inicio de agosto, para contar los piratas, es la causa del desorden y del poder que hoy tienen estos transportistas.
‘Este censo abrió las puertas a la proliferación de los diablos rojos y piratas’, expresó Pérez, quien considera que hay más transporte ilegal que metrobuses.
En este censo se registraron 846 buses piratas, pero esta cifra podría ser mayor, pues la ATTT aún verifica su cantidad, informó David Ramírez, vocero de esta entidad.
Piden un alto
Ante el escenario que existe en el transporte, Luis Torres, representante de los usuarios en San Miguelito, solicitó al Gobierno sacar de circulación a los diablos rojos, que llenaron de luto a decenas de hogares panameños. ‘Que los saquen, pues ya se les pagó’, dijo Torres.
Ramírez informó que la ATTT tiene una supervisión permanente para sacar a los transportistas ilegales.
Pelean su espacio
Mientras, los usuarios se molestan por el empoderamiento silencioso de los piratas, sus operadores pelean por su espacio y ganancia.
Un claro ejemplo es lo que se vive en Torrijos Carter, donde operan 60 busitos por el corredor Norte y 30 buses de Mano de Piedra y Torrijos Carter -San Miguelito. Los transportistas de este sector manifiestan que han tenido que defender su área ante otros piratas que se han introduciendo en sus rutas.

martes, 21 de octubre de 2014

Humbert fungió como uno de los principales donantes de campaña de Varela

El bajo perfil político que han mantenido algunos directivos de La Prensa ha permitido que sean considerados para ocupar altos cargos públicos. Desde su nacimiento, dueños de La Prensa han guardado relación con gobiernos y ganado nombramientos, aseguran los críticos del medio




Datos
  • AcusaciónLuego de publicaciones en las que se acusaba al economista Juan Jované de beneficiarse con el pago de una publicidad en la Caja de Seguro Social (CSS) durante su administración, el catedrático aseguró que “’La Prensa’ nunca pudo comprobar la investigación en su contra”.
  • PublicaciónEn una publicación de su Junta Directiva se llegó a afirmar que “’La Prensa’ ya no engaña a nadie y el pueblo percibe que sus intenciones tienen un trasfondo que no pasa del enriquecimiento a costillas del Estado”.
  • NombramientosAl menos dos nombramientos de alto perfil se han dado a exdirectivos en esta administración; en este caso, Mercedes de Corró como embajadora de Panamá en España y el expresidente de la Corporación La Prensa, Fernando Berguido, en Italia.
La vinculación de directivos de La Prensa en los distintos partidos políticos ha sido una de las estrategias utilizadas para “ocupar cargos relevantes durante los periodos gubernamentales”, opinaron críticos del medio.
En las pasadas elecciones el empresario Federico Humbert fungió como uno de los principales donantes de campaña del presidente Juan Carlos Varela, condición que fue confirmada por quien fuera su jefe de campaña, el diputado Adolfo “Beby” Valderrama.
Luego pudo conocerse que Humbert sería el candidato a contralor general de la República por parte del Partido Panameñista, que deberá escogerse antes del 31 de diciembre.
Este no sería el primer caso de directivos de La Prensa que con afiliación política buscan conseguir o adquieren un puesto público de alto mando.
En un principio La Prensa estuvo conformada por empresarios con afines políticos, entre estos Ricardo Arias Calderón, de la Democracia Cristiana; a pesar de que entre sus principios se establece que “por la formación de su capital y la formación de sus cuerpos directivos, ningún sector político partidista tiene peso exagerado”.
Igualmente, desde su nacimiento en La Prensa se aplica que ningún miembro de la Junta Directiva puede desempeñar cargos públicos, salvo los docentes; aunque no les impide mantener un bajo perfil en la participación política.
Tal es el caso del propio fundador de ese diario, Roberto “Bobby” Eisenmann, quien se las arregló para asesorar a la expresidenta Mireya Moscoso y mantener injerencia en el medio.
Según el economista Juan Jované, siempre han habido directivos de La Prensa que obviamente han sido miembros de los partidos políticos y han seguido siendo funcionarios. “Eso está a la vista, ni siquiera niegan que han sido y siguen siendo miembros de partidos políticos”.
Jované plantea que esta condición afecta su independencia y quien se define así no debe tener participación política ni formar parte de los gobiernos.
“Usted no se imagina a los directivos del New York Times perteneciendo a ningún gobierno, o del Washington Post. Los grandes medios no tienen funcionarios públicos”, explicó el economista.
Según Jované, “en Panamá lo que pasa es que cuando se está en oposición son críticos, pero al llegar a los gobiernos se les olvida la ética. Tienen una ética para oposición y otra para gobierno, no es correcto; la independencia es para cualquier momento. No hacerlo es inmoral ”.
Al igual que Jované, otros expertos aseguran que no puede negarse que cualquier directivo de los medios de comunicación tiene una ideología política o sea progresista, pero siempre debe procurar tener independencia.

Varela culpa a la anterior administración de la proliferación de diablos rojos

Varela culpa a la anterior administración de la proliferación de diablos rojos en la capital y San Miguelito


El Gobierno del presidente Juan Carlos Varela se limpia las manos y culpa a la anterior administración del desorden que hay en el transporte público que ha originado la proliferación de buses diablos rojos en las calles.

Ayer, Varela responsabilizó al Gobierno del expresidente Ricardo Martinelli de la circulación de estos buses.

Según el mandatario, la pasada administración abrió ‘una válvula’ para importar buses para iglesias, escuelas y empresas, pero al final se usaron para el transporte público.

Varela, quien ayer inauguró del programa ‘Techos de Esperanza’ en Burunga, de Arriaján, aseguró que este caso —importación de buses— se está investigando.

Tras las acusaciones del mandatario, el exdirector de la ATTT, Roberto Moreno, manifestó que echarle la culpa a la anterior administración de la evidente proliferación de diablos rojos es una irresponsabilidad y ‘una excusa barata’.

‘La responsabilidad de que hallan 200 buses diablos rojos en las calles ejerciendo la piratería la tienen ellos, ya tienen más de tres meses en el poder’, cuestionó Moreno.


‘En vez de estar viendo lo que hicimos o no, deben ponerse a trabajar para evitar una desgracia’, resaltó el exdirector, luego de señalar que es inaceptable que comunidades como Pedregal y Las Mañanitas operen diablos rojos, pues estas rutas fueron compensadas hace tres años.

lunes, 20 de octubre de 2014

Economía: Prevén un aumento del 6% y 12% en costo de viviendas

El déficit habitacional en Panamá es de aproximadamente 137 mil viviendas. Archivo | La Estrella de Panamá
Kemy Loo Pinzón - La Estrella 
kloo@laestrella.com.pa
Todo parece indicar que los precios de las soluciones habitacionales van a encarecerse aún más. Se estima que aumentarán entre un 6% y un 12% para los próximos meses, como consecuencia de la subida en los precios de los principales materiales de construcción y los retrasos en los permisos de construcción, indican expertos del sector.
En los primeros nueve meses del año, el cemento gris, el hormigón premezclado, la arena, la piedra N°4 y la arcilla N°4 aumentaron 6.4%, 5.8%, 5.5% y 3.5%, respectivamente, según datos de la Contraloría General de la República. (Ver tabla)
El precio de las viviendas podría aumentar, según el tipo. Por ejemplo, si son viviendas de interés social, pueden subir entre un 6% y 8%, mientras que en las edificaciones más caras sería de un 10% y 12%, en cuanto a materiales, explica Gabriel Diez, exministro de Vivienda y miembro de la Cámara Panameña de la Construcción (Capac).
Diez agregó que los cálculos de estos costos se estarían haciendo en los últimos meses del presente año para aplicarlos a partir del 2015.
‘Lamentablemente, así como suben los materiales de construcción, así mismo tenemos que hacer porcentajes de subidas de casas, todo es proporcional, porque los precios no bajan y si bajan un poco, no bajan como han seguido subiendo’, manifestó Elisa Suárez, directora general del Consejo Nacional de Promotores de Vivienda (Convivienda).
‘Además de que hay una lentitud en los trámites y permisos de construcción, convirtiéndolos en otro factor que también podría incidir en el aumento del costo de las viviendas’, indicó la representante del Convivienda.
Diez también coincide con Suárez en que los trámites están muy lentos y señaló que necesitan que se aligeren para construir al inicio de la estación seca.
‘La historia nos había dicho que en todos los años electorales, los primeros seis meses eran más lentos, pero en el segundo semestre había un repunte que hacía que todo regresara a su ritmo normal. Este año no hemos visto la misma celeridad en la recuperación del movimiento de la construcción que se ha mantenido, esta estamos desacelerándonos’, dijo Suárez.
Los últimos datos publicados por la Contraloría General indican que entre mayo y junio, en los distritos de Panamá y San Miguelito se registró una baja de 26.7% en el área total construida, con relación al mismo periodo del año 2013. Y aunque se muestra un incremento del 14.8% en el área construida en viviendas individuales y de 434.7% en la de administración pública.
‘Los promotores de Convivienda esperábamos un crecimiento de 18% para este año, sacando las construcciones de megaobras, pero de acuerdo con la planificación preliminar, no llegaremos a esta cifra’, señaló la empresaria.
Lo que se está haciendo y tratando de conseguir es la revisión de normas constructivas (serie de mínimos indispensables para construir), para que se permita hacer algunos cambios en esas normas antiguas, para que se permita utilizar materiales modernos, de bajos costos, para mantener los precios que el mercado puede consumir, añadió.
Las empresas afiliadas a Convivienda construyen el 70% de las unidades habitacionales que se edifican en el país y sumaron 7,627 viviendas durante el 2013, generando ventas por el orden de los 815.5 millones de dólares.

POLÍTICA: Diario ‘La Prensa’ consigue puestos públicos bajo intimidación

Exdirectivos del diario como Mercedes de Corró, embajadora de Panamá en España, y Fernando Berguido, en Italia, son producto de la persecución. Roberto Eisenmann actuó como asesor del gobierno de Mireya Moscoso y César Tribaldos fue director del Ipat en la gestión de Pérez Balladares.

  • 4 de agosto de 1980 empezó a operar el diario La Prensa.
Destacados
  • 1,500 es el promedio de accionistas de la Corporación La Prensa.
  • 1 por ciento de las acciones es el máximo que puede poseer un afiliado en ese diario, incluyendo a los empleados.
El denominado “Diario Libre de Panamá”, La Prensa, ha participado de forma indirecta en cada uno de los gobiernos desde que se creó la llamada era democrática -después de 1990-, a través de sus directivos, que en el afán de obtener importantes puestos públicos, lanzan persecuciones contra partidos, ministros y presidentes.
Corporación La Prensa se rige por una junta directiva, que en un principio tenía como ideal “ser pequeña, decidida, trabajadora, dispuesta al riesgo personal y de variadas corrientes políticas”. No obstante, las presiones de sus directivos hacia los gobiernos de turno contradicen su legado, al crear favores que más tarde terminan por retribuirse.
Desde el gobierno del expresidente Ernesto Pérez Balladares, directivos de La Prensa han ocupado importantes puestos en cada administración; tal es el caso de Ricardo Alberto Arias y César Tribaldos, este último quien terminó por perseguir al exmandatario.
Arias fue canciller, mientras que Tribaldos fue administrador del Instituto Panameño de Turismo (Ipat).
En una denuncia, el abogado Rogelio Cruz argumentó que varios medios de comunicación elaboraron un informe contra el expresidente Pérez Balladares con base en las publicaciones del diario La Prensa. “Este informe se hizo con base en publicaciones del diario La Prensa”, criticó el abogado años atrás.
Las aseveraciones del jurista van más allá, al reclamar que “todo se trataba de una patraña judicial montada para perjudicar políticamente a Pérez Balladares, al ordenar su indagatoria y detención para complacer intereses de varios sectores”, entre estos, el de directivos al frente de dicho diario.
Posteriormente, César Tribaldos, cuñado del fundador de La Prensa, Roberto “Boby” Eisenmann, fue impulsado por Eisenmann para que ocupara la dirección del entonces Ipat durante el gobierno de Pérez Balladares.
Esto, a pesar de que La Prensa fue crítico del Partido Revolucionario Democrático (PRD), al adversarlo durante la dictadura militar.
En el gobierno de la expresidenta Mireya Moscoso, Roberto “Boby” Eisenmann fue asesor de la mandataria. La Prensa también consiguió el nombramiento de Alvin Weeden en la Contraloría General del República y de Tribaldos como miembro de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social CSS.
La designación de Tribaldos en la CSS se produjo luego de convertirse en enemigo directo del director de ese entonces, el economista Juan Jované, quien se opuso a la privatización de la entidad.
Tribaldos promueve la salida de Jované de la CSS mediante una nota publicada en La Prensa con un supuesto pago de un contrato de publicidad de un mes, con un valor de servicios de seis meses.
Por otra parte, la expresidenta Moscoso debió designar a Adán Arnulfo Arjona, quien fuera representante legal del diario, como magistrado en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Luego, en el gobierno del presidente Martín Torrijos, Federico Humbert pasó de ser el presidente de la Junta Directiva de La Prensa a ocupar el cargo de embajador de Panamá en Washington DC. Incluso, en esa administración fue nombrado Jerónimo Mejía, también abogado del medio, como magistrado de la Corte.
En el gobierno pasado, el expresidente Ricardo Martinelli disputó varios puestos de alto mando con directivos de La Prensa, entre esto el propio fundador del diario, Eisenmann. Entre esos, la designación del director de la Policía.
Tras decidirse por Gustavo Pérez como director, Martinelli respondió en ese entonces a Eisenmann que “si quiere el puesto, yo se lo doy, pero que acepte”.
Pese a este cúmulo de antecedentes, La Prensa no ha renunciado a la vieja práctica de obtener grandes puestos, pues en los tres meses de administración de Juan Carlos Varela, han conseguido el nombramiento de Mercedes de Corró como embajadora de Panamá en España y recientemente el de Fernando Berguido en Italia e impulsan a Federico Humbert como contralor de la República.
Los directivos de La Prensa no puedan tener más de 5,000 dólares en acciones, sin embargo, ello no ha impedido que los dueños del medio logren beneficios en puestos públicos.
El exviceministro de Gobierno Alejandro Pérez señala que todo es producto de la catadura de quienes son los dueños de medios, y como terminan siendo testaferros de los gobiernos.
Movimiento de directivos y exdirectivos de ‘La Prensa’ intentó imponer el nuevo presidente de la República
En las elecciones pasadas, el Movimiento Nueva República, integrado también por directivos y exdirectivos de La Prensa, intentó imponer un solo candidato para presidente de la República por parte de la oposición, tratando de que los candidatos Juan Carlos Navarro, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), y Juan Carlos Varela se pusieran de acuerdo para que hicieran alianza.
El acuerdo contemplaba 12 puntos, que incluían una convocatoria para realizar una asamblea constituyente.
A su vez, auspiciar el nombramiento de un contralor general de la República y un procurador general de la nación, así como magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), según su propia propuesta de independencia, para la cual establecieron una serie de requisitos.
Incluso, realizar auditorías forenses a todas las instituciones que se consideraran como megaobras de la pasada administración, y la utilización de recursos del Estado para cumplir la instrucción.
No obstante, el ahora presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, no accedió a la propuesta, a finales de diciembre, cuando podían concretarse alianzas.
Esto despertó el temor de sus dirigentes, quienes se resignaron y decidieron optar por una nueva campaña que llamaba a los electores a efectuar su “voto seguro” por presidente, con el que Navarro sería el candidato de la oposición que mejor se situaba en las encuestas.