martes, 16 de septiembre de 2014

"Varela no ha dado fin a la campaña política": Martinelli

"La decisión de contratar costosos abogados para entrar en un proceso en el que ni Panamá ni ningún panameño son parte, hacen evidente que el presidente Juan Carlos Varela, no ha dado fin a la campaña política que los panameños dimos por concluida el pasado 4 de mayo".

Así se refirió el expresidente de la República, Ricardo Martinelli, a través de una carta, luego que el gobierno anunciara que, por un monto de 323.000 dólares, el Estado contrató a la centenaria firma de abogados italiana Hogan Lovells Studio Legale "para representar los intereses de la República de Panamá en los casos civiles y penales que se llevan a cabo en Italia y que involucran a la empresa Selex/Finmeccánica".

Para el exmandatario, "esto es una prueba más del show mediático y la persecución sistemática que han caracterizado los dos meses y medio de este gobierno" de Varela.

"Esto queda más claro aún, luego que, recientemente, Salini Impregilo otra de las empresas extranjeras mencionadas en los procesos ha descartado, al igual que lo hiciera previamente Finmeccanica, cualquier tipo de irregularidad en las relaciones, negociaciones o contrataciones hechas por autoridades panameñas", recordó Martinelli.

El exmandatario resaltó que "todo lo concerniente a estos contratos ocurrió durante los 26 meses que el hoy Presidente Juan Carlos Varela estuvo en el gobierno como Canciller, siendo parte negociadora y votó a favor en el Consejo de Gabinete; conoce todo lo relacionado con este tema y él podría dar todos los detalles",. Agregó que Varela puede contar la historia de Finmeccanica, "que diga todo lo que sabe".

No osbtante, el exjefe de Estado panameño espera que una vez concluyan los procesos por este caso, y quede demostrado que "nunca existieron pagos ni cualquier otro tipo de beneficios en favor de ninguna autoridad panameña, los responsables de toda esa campaña de mentiras dirigidas a dañar nuestro nombre y el de nuestro país; tengan la nobleza y ofrezcan disculpas".

Martinelli recomendó a la nueva administración de gobierno que se dediquen a trabajar para que continúen los cambios, "para que las fortalezas de nuestra economía se mantenga, las inversiones públicas y privadas sigan creciendo, generando el pleno empleo que alcanzamos durante nuestra administración. Además de darle sostenibilidad y continuidad a la Beca Universal, la Red de Oportunidades, 120 a los 65 y otros programas sociales, del gobierno de Ricardo Martinelli, que mejoran la distribución de la riqueza". Sobre este punto, aseguró que, "el nuevo gobierno sigue desperdiciando tiempo y los recursos de todos los panameños en ataques políticos y falsas denuncias".

Según el exmandatario, "el estancamiento de las actividades económicas ha pasado de ser una peligrosa percepción, a ser una triste realidad que podría afectar la salud de la empresa privada, motor de la economía y del empleo que necesitan los panameños".

Pero eso no es todo, también destacó que el país retrocede en virtud de malas decisiones en turismo, educación y seguridad. "En este último aspecto, las graves consecuencias de esas malas decisiones se traducen en el desborde de la inseguridad que golpea a los ciudadanos", indicó.

Martinelli también dejó claro que ni él, ni los funcionarios que formaron parte de su administración, están en contra de auditorías ni de investigaciones que puedan realizar las autoridades competentes. "Estamos en contra del permanente show político y de la persecución política basada en falsas denuncias mediáticas, cuyo obvio objetivo es desacreditar todas las obras, programas y proyectos que hicimos para mejorar la calidad de vida de todos los panameños", alegó el expresidente. 

Familias cercanas a Varela se posesionan en el Gobierno

Además de los 14 familiares del presidente nombrados en el Gobierno, otros 32 cargos están ocupados por parientes de allegados a Varela


  • 2.6 millones de dólares al año representa esta planilla en el Gobierno.
  • 202 mil dólares es el monto mensual de los salarios y prestaciones de este selecto grupo.
  • 46 cargos de alto mando están en manos de este grupo y la familia de Juan Carlos Varela.
“El ejemplo no es la cosa más importante que influye sobre otros. Es la única cosa”, es uno de los pensamientos del premio Nobel de la paz de 1952, Albert Schweitzer.
La idea parece reflejarse perfectamente en el gobierno del presidente Juan Carlos Varela, quien no solo ha nombrado al menos 14 familiares directos —desde que tomó posesión— con los mejores salarios, sino que sus colaboradores han copiado su accionar.
Otros 32 cargos de alto perfil en el Gobierno están ocupados por allegados a Varela o por quienes participaron en su campaña política, de acuerdo con una investigación de la alianza informativa Epasa, NEXtv y KW Continente.
Ministros, viceministros y directores nacionales han aprovechado su posición para nombrar a sus familiares, esposas y novias con altos salarios, que en la mayoría de los casos no bajan de 4,000 dólares al mes.
Esta planilla representa un gasto para el Estado de 202,000 dólares mensuales o 2.6 millones de dólares anuales en salarios, más otras prestaciones laborales.
Por ejemplo, el diputado y presidente de la Asamblea, Adolfo Valderrama, nombró a sus dos hermanos en el Gobierno. Gustavo Valderrama pasó a ocupar el cargo de director de Análisis Económico del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) con 5,000 dólares de salario, y su hermana Gina Valderrama ocupa el cargo de asistente administrativa 2 en la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) con un salario de 2,500 dólares.
Por su parte, el diputado José Luis Varela, hermano del presidente de la República, nombró a su nuera Astrid Quirós como coordinadora de Destination Marketing Organization en la ATP con 6,000 dólares de salario; y a su consuegra, embajadora en Colombia con un salario de 5,150 dólares.
Se contactó por vía telefónica con Astrid Quirós, y solo confirmó su nombramiento, no quiso hablar más del tema ni cómo logró ser nombrada en uno de los cargos de mayor salario en la ATP.
El ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, no solo había llegado a colocar a su sobrino Jaime Alemán como asesor en la entidad con 4,000 dólares de salario (renunció el 31 de agosto pasado por polémica de nepotismo), sino que su cuñada María del Pilar Arosemena de Alemán fue nombrada como directora principal en la Caja de Ahorro (CA) y de director suplente en la misma entidad a su yerno Ricardo Mouynes Kieswetter (pendiente de ratificación). Estos dos últimos cobran 750 dólares por dieta o por cada reunión de la junta directiva de la CA.
El ministro consejero de la Presidencia y segundo vicepresidente del Partido Panameñista, Ramón Fonseca Mora, también logró colocar a sus dos hijos en posiciones clave dentro del gobierno de Juan Carlos Varela.
Alfredo Fonseca Mora es ahora el director nacional de la Autoridad de Aeronáutica Civil (ACC) y Eduardo Fonseca fue designado cónsul en Emiratos Árabes.
A la lista de familias dominantes en el gobierno de Varela se suman los González y la parentela de los dos secretarios privados del presidente, Raúl Sandoval y Rafael Flores. Ver infografía en la página siguiente.
Ayer el presidente Varela se limitó a decir que la publicación sobre la planilla de su familia en el Gobierno es parte de los ataques políticos en contra de su gestión, y le restó importancia a la designación de sus parientes directos en al menos 14 cargos públicos.
“Estas publicaciones, muchas con contenido falso, son producto de esos esfuerzos que hacemos por adecentar la administración pública”, dijo Varela.
Indicó que dentro de estos nombramientos hay desde personas que trabajaban en el Gobierno hace 20 años hasta jóvenes que llegaron graduadas con una beca del Gobierno.
La presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (Apede), Dagmar de Álvarez, destacó la presión de la sociedad panameña en contra de estos nombramientos.
“Yo creo que en la medida en que sigamos todos los ciudadanos presionando y diciendo las cosas que están fuera de la ley, llamándoles la atención a nuestros gobernantes, vamos a tener un mejor gobierno”, indicó.
Afirmó que debería haber una forma más transparente de elección de los funcionarios, como la carrera administrativa que está aprobada hace muchos años.
“Yo creo que es importante que esa carrera se ponga en funcionamiento”.
Álvarez dijo que si se pone este tema a nivel personal, para todos es más fácil echar mano de la gente que tiene cerca y de la gente en que confían, pero el Estado es de todos, “no es de los gobernantes”. “El que gobierna tiene la responsabilidad de hacerlo bien, pero nosotros también tenemos la responsabilidad de exigirles que lo hagan bien. Ellos tienen que escoger a los mejores ciudadanos”, aseveró la presidenta del gremio.
La carrera diplomática ha perdido el interés entre los nuevos estudiantes.
Por su parte, Julio Berrío, exasesor de la Cancillería y catedrático universitario, cuestionó el nombramiento de familiares en el Gobierno. “Definitivamente que si yo llego al Gobierno y comienzo a nombrar a mis parientes en instituciones distintas es para hacer un gobierno de familias, eso sería una actitud de tipo inmoral”, señaló.
Sostuvo que las administraciones serían transparentes si los puestos públicos se sometieran, como se hace en otros países, a oposiciones o concursos.
“El servicio exterior debe hacerse bajo esos criterios, no es para que se nombren parientes para que vayan de vacaciones o vayan a pasar la jubilación, o porque hay que deshacerse de una querida, entonces, se manda al exterior. Esa no es la función del Ministerio de Relaciones Exteriores”, comentó Berrío.
Indicó que ya es el momento de que Panamá tenga un servicio exterior competente, y para eso hay una escuela de Relaciones Internacionales.
“Pero allí se gradúan y a nadie nombran. Cada día esta escuela tiene menos estudiantes porque no hay oportunidad para los que se gradúan, técnicamente están preparados, pero no tienen la menor posibilidad, a menos que sean familiar de un diputado, de un ministro o del presidente de la República”, destacó.
Agregó que el servicio exterior panameño está lleno de incompetentes, “no tienen ni idea de lo que tienen entre las manos. Aquí hemos nombrado jinetes como cónsules, personas sin ninguna competencia al frente de misiones diplomáticas de Panamá”.

Varela y la explicación del nepotismo

El presidente Juan Carlos Varela justificó lo que hace pocos meses él consideraba injustificable



El presidente Juan Carlos Varela justificó lo que hace pocos meses él consideraba injustificable: el nepotismo. Pero va más allá, porque en su respuesta a los cuestionamientos deja la percepción de que -para él- nepotismo no es lo mismo que criticaba antes.
El término -que sigue manteniendo su significado en el diccionario de la Real Academia Española- ahora es interpretado de otra forma. Varela aceptó que tiene familiares laborando para el Estado, sin embargo, el mismo mandatario no perdió tiempo en dar una excusa a los casos de nepotismo en su gobierno, pero se apuró a expresar que ninguno está involucrado en ventas de arroz, de visas y otros negocios cuestionados.
Acepta y excusa
“Hay miembros con grados de consanguinidad y afinidad que sirven desde hace 10, 15, 20 años al Estado, otros que tienen compromisos... hasta jóvenes que llegaron graduados y que tienen que trabajar en el gobierno por compromisos, por haber estudiado con una beca de gobierno, dada por gobiernos anteriores”, justificó el gobernante.
No obstante, la mayoría de los casos de nepotismo en su gobierno no son de personas nombradas hace años. En estos casi tres meses de gestión, ha colocado en la planilla estatal a tíos, primos, sobrinos y hasta esposas de familiares y madres de estas.
En cuanto al tema de aquellos que deben trabajar en el gobierno por haber estudiado con becas, Varela deja otras dudas: ¿Bajo qué necesidades económicas fueron becados estos jóvenes, cuyas familias no podían costear sus estudios en el extranjero? ¿Cuáles serían los méritos para que esas becas les fueran otorgadas?

Programa Barrios Seguros da indicios de su fracaso


Las bandas que se unieron al programa de amnistía han retomado las armas y su nivel de violencia es peor, así describen la situación de inseguridad que se vive en el país los integrantes de la sociedad civil interesados en resolver el tema de las pandillas.
Las reacciones no se hicieron esperar, luego de que por dos fines de semana seguidos se registraran situaciones trágicas, en las que integrantes de una familia han sido acribillados por sicarios vinculados a estos grupos de delincuentes.
El hecho más reciente se dio en el sector de San Antonio del distrito de La Chorrera, el cual conmocionó a la población, pues entre las víctimas había niños entre los cuatro y nueve años, quienes murieron junto a sus padres cuando se aproximaban a la entrada de su hogar.
El fin de semana anterior a este hecho, un hombre junto a su madre y sobrina fueron acribillados dentro del auto en el que viajaban, luego de salir de una fiesta en el sector de Ciudad Radial, en el corregimiento de Juan Díaz.
Ambos casos tienen mucho en común: son producto de rivalidades entre dos de las principales pandillas que operan en el país y que se disputan el control territorial.
Un mes después de finalizar el programa de amnistía para permitir que estos grupos entregaran las armas se dio una ola de robos en restaurantes de sectores exclusivos de los corregimientos de San Francisco, Bella Vista y Betania, lugares con una alta visita de turistas.
La realidad es tan grave y notable que el propio presidente de la República, Juan Carlos Varela, reconoció que se está ante un problema grave nunca antes visto en Panamá.
Dijo que se está haciendo todo el esfuerzo conjunto entre los estamentos de seguridad para resolver el problema.
El exministro de Seguridad Pública José Raúl Mulino, recientemente, comentó que el tiempo promedio para lograr una efectiva resocialización de pandilleros no puede ser menor a un año. En su momento, Mulino explicó que primero deben pasar por un proceso de curación a la adicción a las drogas y luego por un trabajo sicológico que les ayude a superar la situación de violencia que han experimentado dentro de las pandillas.
En esta misma línea, el abogado Renato Pereira calificó de una extorsión legítima la acción emprendida por el Ministerio de Seguridad de responder a las amenazas de los pandilleros de abandonar el programa Barrios Seguros en Chiriquí con un bono semanal de $50.
Pereira, en su cuenta de Twitter, manifestó: “Extorsión legitimada. El Gobierno no puede hacer depender la seguridad personal de sus ciudadanos de un pago mensual a los pandilleros”. El jurista añadió: “Experiencia inédita. No conozco un solo país civilizado donde el Estado haya pactado pagar un salario a los criminales si dejan de matar. ¡No!”.

Inseguridad galopante
El mandatario aceptó que “el país está impactado. Yo creo que teníamos tiempo de no ver lo que se vio el viernes en la noche en La Chorrera, asesinatos de niños de 3 y 7 años, yo siento que esto es un tema que abre un debate y sobre todo estudiar bien este efecto, era algo que no se había visto en el país”.
No obstante, piensa que la inseguridad no es algo general que vive el país y, según él, “son hechos muy ligados a estas dos bandas (Bagdad y Calor Calor, que insisten en desafiar a la autoridad del Estado y avanzar en su negocio ilegal de venta de droga y control de territorio”.

lunes, 15 de septiembre de 2014

Primos, novias, esposas, y cuñadas de la familia Varela engordan la planilla

¡Familia es familia!



CRITICA - Unos 14 familiares directos del mandatario Juan Carlos Varela ocupan importantes cargos en el gobierno y la mayoría reciben salarios superiores a $4 mil mensuales, que al año alcanzan la cifra de $1.3 millones.

La esposa de su primo Jorge Varela, Julia Guardia, es la directora del Idaan, con un salario de $10,500; su prima Eyda Varela de Chinchilla, con doble cargo, viceministra de Finanzas con $6,000 de salario y directiva de la Caja de Ahorros con $750 por dieta o reunión; su primo Carlos Rodríguez como asesor del aeropuerto de Tocumen con $10,000 en salario, entre otros.
La alianza informativa remitió un cuestionario sobre el tema al presidente Varela a través de su vocera, Castalia Pascual. ¿Justifica usted el nombramiento de familiares de altos funcionarios en el gobierno? ¿Ha autorizado usted a funcionarios del gobierno a salir a defender el nepotismo? En campaña, el actual presidente Juan Carlos Varela cuestionó el nepotismo o el nombramiento de los familiares de funcionarios con alto rango, ¿por qué su administración está permitiendo seguir con esta práctica?
No hubo respuestas directas a las interrogantes, Castalia Pascual hizo referencia a un escrito preelaborado: “el presidente Juan Carlos Varela indicó que dio instrucciones a los funcionarios de alta jerarquía a que se apeguen al Código de Ética aprobado en diciembre de 2004, para evitar actos de nepotismo en las instituciones del Estado”.
“Ese va a ser el parámetro que se va a utilizar para trabajar de forma transparente. El presidente aclaró que ningún hermano o sobrino de él o de su esposa están trabajando en la administración pública. Además, explicó que si hay alguna persona con un nivel de consanguinidad laborando en una institución es por sus méritos profesionales y no por un tema de nepotismo”, sostiene el escrito enviado por la vocera del mandatario.
Tras ello, la alianza informativa le envió el pasado martes a Pascual el listado de los 14 familiares de Varela nombrados en el gobierno para que se determinara el grado de consanguinidad con cada uno de ellos, pero al cierre de esta edición no hubo respuestas.

Familia de Varela se queda con $1.3 Millones en salarios del gobierno

Al menos 14 familiares directos del presidente de la República han pasado a ocupar importantes cargos en el Gobierno, según datos oficiales. La mayoría de estos parientes del mandatario panameño reciben salarios superiores a 4,000 dólares mensuales.




  • 7 mil dólares al mes es el salario fijo del presidente de la República.
  • “Casi que podemos decir que en Panamá gobierna la Junta Directiva del Club Unión”.Juan Jované - Excandidato presidencial.
EPASA - Juan Carlos Varela, siendo candidato presidencial en la pasada campaña política, prometió en su plan de gobierno implementar un mecanismo de selección por méritos para la designación de los funcionarios. Igualmente, incentivar a los profesionales de la carrera diplomática dándoles oportunidad en su gobierno.
Hoy día, siendo presidente de la República y con la mayoría de los puestos públicos asignados, estas promesas quedaron solo en palabras.
La alianza informativa que integran Epasa, NexTV y KW Continente ha logrado identificar que hasta la fecha Varela ha colocado en el Gobierno al menos 14 familiares directos, les ha asignado altos cargos y con los mejores salarios de la administración pública.
Entre ellos se encuentran primos, esposas de primos y sobrinos, tías políticas, cuñadas, consuegras de sus hermanos, entre otros parientes.
Para abogados y dirigentes de la sociedad civil se trata de contrataciones que riñen con la ética y que se suman a las denuncias de casos de nepotismo confirmados en los ministerios de la Presidencia y de Gobierno, los cuales sí tienen sanción dentro de las leyes panameñas.
Se trata del caso del ministro Álvaro Alemán, quien nombró a su sobrino Jaime Alemán como su asistente con un salario de 4,000 dólares, y el del ministro Milton Henríquez, quien nombró a su cuñada Florita Ciniglio como su asesora con otros 4,000 dólares.
En ambos casos, los ministros involucrados en nepotismo se vieron presionados a destituir a sus familiares y ahora queda en duda si serán sancionados.
Ante estos casos de nepotismo, Varela tampoco parece dar el ejemplo. Los 14 familiares de Varela dentro del Gobierno le representan al Estado más de 102,245 dólares en salarios y otras prestaciones laborales al mes, o más de 1.3 millones de dólares en un año.
Entre las designaciones de familiares de Varela destacan la de su prima Gloria de la Torre como embajadora en Francia, con un salario de 7,000 dólares mensuales más honorarios.
“Hay funcionarios de alto rango que están diciendo que los servidores públicos en el país son de libre nombramiento y remoción, y eso es una falacia y es insustentable jurídicamente. Es una demostración de que la clase política de este país cree que administrar el Estado es una hacienda o un feudo particular”, argumentó Berrocal.
El excandidato presidencial Juan Jované también cuestionó el nepotismo y el nombramiento de familiares en el Gobierno por parte de funcionarios de alto rango.
“Si se lee con cuidado el plan de gobierno que presentó el actual gobernante, allí se habla incluso de establecer normas para evitar la ausencia de transparencia y para evitar este tipo de situaciones que estamos viviendo. Yo creo que aquí hay dos temas, efectivamente estamos frente a un fenómeno de nepotismo, pero más allá del simple nepotismo hay un segundo problema, la ley panameña es clara, el funcionario público solo puede hacer lo que la ley le permite”, resaltó Jované.
Indicó que existe un encubrimiento de las personas que han violado la ley y que ahora quieren justificarse señalando que desconocían estas regulaciones.
Jované también señaló que detrás de todo esto también hay “un elitismo” que molesta al panameño común.
“Yo no puedo decir que voy a nombrar a mi sobrino porque él estudió en una prestigiosa universidad norteamericana, y qué pasó con los miles de muchachos que estudiaron en nuestra Universidad de Panamá. Eso marca a este Gobierno, que no solo es proclive al nepotismo, sino que también tiene una clara tendencia al elitismo y más allá del elitismo a una posición de decir yo voy a hacer lo que tenga que hacer y si se dan cuenta yo digo que me equivoqué. Casi que podemos decir que en Panamá gobierna la Junta Directiva del Club Unión”, sostuvo.
El nombramiento de familiares en el Gobierno trasciende a la figura del presidente.
Diputados, ministros, viceministros y directores nacionales también han aprovechado sus cargos para colocar a sus familiares en el Gobierno.

domingo, 14 de septiembre de 2014

Policía Nacional reconoce aumento de homicidios en el país

Este viernes en horas de la noche una familia compuesta por cuatro miembros, entre ellas dos menores de edad, fue acribillada en La Chorrera.
Foto: Lamentable


LA PRENSA - Los homicidios a nivel nacional registran un incremento y la mayoría de las veces se les asocia a problemas relacionados con drogas y a conflictos familiares, admitió el director de la Policía Nacional (PN), Omar Pinzón, aunque sin precisar cifras.

No obstante, segundos después de reconocer que la situación es grave, aclaró que al comparar 2013 con lo que va de este año, los índices “no se han disparado como se ha querido hacer ver”.

Por su parte, en la provincia de Chiriquí el ministro de Seguridad, Rodolfo Aguilera Franceschi, destacó que en estos dos meses de la administración de Juan Carlos Varela hay 24 homicidios menos que en igual período del año pasado.

El último hecho violento se dio este viernes en horas de la noche en la barriada San Antonio de La Chorrera, donde cuatro miembros de una familia, entre ellos dos menores, fueron abatidos a tiros con armas calibre 9 milímetros y AK-47.

Pese a que el crimen conmocionó a los residentes, no los animó a colaborar suministrando información a la Policía, dijeron fuentes ligadas a la investigación.

HECHOS
Cuatro miembros de una misma familia, una mujer de 27 años de edad y su pareja de 28 años, además de dos menores de cuatro y nueve años, fueron asesinados luego de bajar de un automóvil y disponerse a subir al edificio multifamiliar ubicado en dicha barriada.

El menor de nueve años de edad falleció cuando era trasladado en un vehículo particular al cuarto de urgencias del hospital Nicolás A. Solano.

Durante una conferencia de prensa realizada ayer, Pinzón confirmó la detención para investigación de cinco de ocho personas que presuntamente participaron en esta masacre.

Los capturados fueron localizados en el área de La Milagrosa, Puerto Caimito y La Mitra. En este último lugar también se ubicó un auto Mitsubishi, el cual mantenía una denuncia de hurto.

Pinzón indicó que el hecho podría estar relacionado con rencillas entre grupos residentes en la barriada San Antonio en La Chorrera.

Sin embargo, dejó entrever que los homicidas pudieran haber equivocado su blanco.
El director de la PN evitó dar a conocer si la víctima mantenía algún tipo de prontuario policivo o si era miembro de alguna pandilla, aunque aseguró que “no pararemos hasta dar con la captura de los tres delincuentes faltantes”.

VERSIONES
Pese a que Pinzón dijo que el tema de rencillas estaba presente en este caso, el comisionado jefe de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), Marcos Córdoba, manifestó que los adultos detenidos son miembros de una banda delictiva, lo que le da otro matiz a este caso.

Mientras, el jefe de la zona policial de La Chorrera, Nadim García, adujo que esta situación no es más que un “hecho aislado”, por lo que la comunidad no debe alarmarse.

El subcomisionado justificó el retiro de los agentes policiales que se mantenían en este punto de forma permanente, alegando que una operación de este tipo no se puede sostener de forma prolongada.
Agregó que el 85% de los hechos delictivos cometidos ha sido resuelto, lo cual sostuvo es bastante aceptable. Adujo que los robos marcan como el principal delito, al menos en Panamá Oeste.

INSEGURIDAD
Para el exdirector de la PN Carlos Barés hay una crisis en los estamentos de seguridad, pues no existe una política criminal definida.

En su opinión, entre quienes tienen que brindarle seguridad a la ciudadanía existe una baja moral por las políticas aplicadas en materia de ascensos durante la pasada administración.

En los últimos 10 años, aseguró que ningún gobierno se ha esforzado por establecer una política coherente en esta materia.

Oswaldo Fernández, exdirector de la Policía Técnica Judicial, coincidió con Barés, afirmando que la solución a este problema no es colocar un policía en cada esquina ni utilizar mano dura, sino aplicar políticas preventivas y oportunidades de trabajo para los jóvenes.

En tanto, el sociólogo Marco Gandásegui estimó que el tráfico de drogas y la corrupción son factores que tienen una alta incidencia en el aumento de la delincuencia y la violencia generalizada.

Gandásegui no duda en señalar que en el país existe una cultura en donde todo tiene un precio y ello genera que las personas busquen obtener dinero a cualquier precio.

Alegó que si no se da una política de Estado coherente, será imposible bajar la delincuencia.

Planilla revela desigualdad en los salarios del Gobierno

La desproporción en los sueldos y gastos de representación asignados a directores, asesores y cuerpo diplomático salen a relucir, mientras el Gobierno actualiza las planillas en el nodo de transparencia de las instituciones.
Este es el caso del Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Relaciones Exteriores, que a final de semana publicaron la lista actualizada con los nombramientos entre julio y agosto de 2014.
En el caso del Ministerio de Gobierno, en el que el titular Milton Henríquez recibe 3,500 dólares de salario más 3,500 de gastos de representación, algunos de sus asesores y miembros de su equipo de trabajo logran tarifas por encima de su salario o cerca de sus emolumentos.
Es el caso de Denis Allen, quien aparece en la planilla con el cargo de secretario ejecutivo de Asuntos Electorales y está nombrado con un salario de $5,000.
Dicho salario es inferior por $1,000 al de los viceministros, María Romero e Irene Gallego, a quienes se les asignó $3,000 de salario más $3,000 de gastos de representación a cada uno.
Otra de las desproporciones salariales significativas dentro del Ministerio de Gobierno es del director de la Autoridad del Tránsito, Julio González, que tiene un salario por $5,000, más $2,000 en gastos. Entre ambas asignaciones alcanza el sueldo de un ministro de Estado.
En cambio, el subdirector de la ATTT, Rubén Chávez, fue contratado por $3,500 de salario y $1,500 en gastos de representación.
Similar ocurre en el Sistema Nacional de Protección Civil. En esta dependencia, el director, José Donderis, cobra $4,000 de salario y $2,000 en gastos de representación, mientras que el subdirector, Mario Chang, tiene asignado $5,000 de salario neto.
Servicio exterior
Dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, el caso que más llama la atención es el de Emanuel González Revilla, embajador de Panamá en Washington, Estados Unidos.
En la planilla, González Revilla figura con $1,500 de salario y la nada despreciable cifra de $13,500 en gastos de representación. Solo su gasto de representación significa el doble de emolumentos de la ministra Isabel Saint Malo de Alvarado, quien recibe $3,500 de salario y $3,500 en representación.
El mismo desbalance entre salarios y gastos de representación lo mantienen Jorge Hernán Miranda, representante de Panamá ante la Organización de Estados Americanos, con $1,500 de salario y $8,500 de gastos, al igual que Laura Elena Flores, embajadora de Panamá en la ONU, con $1,500 de salario y $5,750 en gastos, y el embajador en México, Manuel Ricardo Pérez, con $1,500 de salario y $6,000 en representación.
Esto en contraste con los emolumentos que pagan a otros embajadores y cónsules en países más lejanos. A Miroslava Rosas como representante en la Santa Sede, en Roma, se le asignaron $1,500 en salario y $4,650 en representación, mientras que al exvicepresidente Rubén Arosemena le fue asignada la embajada en Corea del Sur por $1,500 de salario y apenas $3,000 en gastos en representación.

sábado, 13 de septiembre de 2014

Gobierno de Varela no dice todo sobre Finmeccanica: Mulino

El exministro Mulino explicó que el contrato establece que el Estado está en facultad de no pagar si existe incumplimiento de las cláusulas. La anulación del contrato que anunció el Gobierno debió tomarse presentando una denuncia ante los tribunales y no a través del Gabinete.


  • 9.1 millones de dólares fue lo que se desvió de otras partidas para pagarle al conglomerado italiano.
  • El gobierno de Juan Carlos Varela ha realizado cuatro desembolsos al conglomerado italiano
  • Las órdenes de pago fueron firmadas por la viceministra de Finanzas Eyda Varela de Chinchilla, siete días antes del anuncio del Gobierno de suspender el contrato.
El hecho de que se sigan autorizando los pagos a las empresas subsidiarias del conglomerado italiano Finmeccanica demuestra que el Gobierno no ha podido cumplir con la decisión que se tomó en el Consejo de Gabinete de suspender el contrato de operación de los radares.
Esto obedece a que no existe denuncia alguna ante los tribunales para solicitar la anulación del contrato por faltas manifiestas a las cláusulas de dicho documento de entendimiento entre el Estado panameño y las empresas subsidiarias de Finmeccanica.
Así lo argumenta el ex- ministro de Seguridad Pública y excanciller José Raúl Mulino con juristas especializados en derecho comercial e internacional, consultados por el Panamá América.
A juicio de Mulino, los contratos con las subsidiarias de Finmeccanica, establecen cláusulas para preservar los intereses del país.
Como manera de ejemplo citó el anexo A, que hace alusión a los términos y condiciones a las que está obligada la empresa Selex, en cuanto a las especificaciones técnicas para que los radares funcionen de acuerdo a lo que dice el contrato “y si no funcionan, el Gobierno de Panamá no tiene la obligación de pagar absolutamente nada”, destacó Mulino.
El 5 de agosto, el Consejo de Gabinete decidió suspender el contrato con las subsidiarias de Finmeccanica al aducir la protección de los intereses del país, sin embargo, en estos dos meses y medio del gobierno de Juan Carlos Varela se han desembolsado cuatro pagos a favor de los contratos con Finmeccanica.
El jurista Carlos Carrillo asegura que esta postura del Gobierno se debe calificar como una suspensión unilateral de los contratos, figura que no aparece en ninguna de las normativas nacionales e internacionales en materia de contrataciones públicas.
Por consiguiente, considera Carrillo, que la postura del Gobierno solo quedó en un discurso, pero en la acción ha sido todo lo contrario, es decir, no han podido desconocer el contrato, porque ello provocaría una sanción civil para el Estado panameño, con el pago de indemnizaciones.
Para el abogado Ernesto Cedeño, la actuación del Gobierno de haber hecho efectivos los pagos a las subsidiarias de Finmecanica es contrario a lo enunciado en el discurso en el que, supuestamente, establecieron posibles irregularidades de sobrecostos y supuestas deficiencias en las partes operativas de los radares.
A juicio de Cedeño, pareciese que el Gobierno estudió el caso y pudo comprender que no hay nada pecaminoso en el contrato y decidió seguir honrando los pagos.
De acuerdo con las órdenes de pago a las que tuvo acceso el Panamá América, se revela que el 27 de agosto se dio el pago más reciente a las empresas que representan al conglomerado italiano.
José Alberto Álvarez, presidente del Colegio de Abogados, explicó que por normativa jurídica, el gobierno de Varela si consideraba que había incumplimiento del contrato por parte de los representantes de Finmeccanica, debió entablar un proceso civil que implicará una denuncia ante los tribunales solicitando la anulación de la relación contractual.

Cayó la novela


Las cartas de las empresas italianas Impregilo y Finnmecánica al expresidente Ricardo Martinelli destruyen las campañas orquestadas por diversos políticos que tienen caja de resonancia en conocidos medios de comunicación. Las misivas oficiales de las empresas desmienten que Martinelli, como jefe de Estado o a título personal, hiciera alguna solicitud de donación de cualquier índole. Asimismo rechazan las empresas italianas que recibieron de la administración Martinelli “cualquier tipo de favoritismo u ofrecimiento en la adjudicación de cualquier obra”.
Quedan en un espantoso ridículo los adversarios políticos de Martinelli que se llenaron la boca con imputaciones de soborno sin prueba alguna, encuadrándose sus acusaciones en el campo penal de la injuria y la calumnia. Durante la campaña electoral, las imputaciones calumniosas se convirtieron en herramientas constantes para denigrar al candidato presidencial de Cambio Democrático, José Domingo Arias, y respaldar al candidato Juan Carlos Varela.
El Tribunal Electoral no ha considerado el efecto negativo de las campañas políticas en los resultados de los comicios de mayo, mientras celebra audiencias para ventilar impugnaciones de candidatos desconocidos, como sucede en la audiencia contra el diputado Carlos Tito Afú, de Las Tablas.
Se afirma que Ricardo Martinelli es el expresidente de la República más calumniado de los últimos tiempos. Todos y cada uno de los numerosos proyectos que llevó a cabo o que se encuentran en proceso de construcción son execrados a nombre de sobreprecios no comprobados por peritos, pero presentados deformadamente cual si fueran hechos comprobados exhaustivamente.
Sin embargo, Martinelli, contra viento y marea, realizó su programa de obras que han transformado el país. Resultaría ocioso y agobiante reconstruir el inventario de las acusaciones lanzadas contra el gobierno de Cambio Democrático. Pero están en las páginas de diarios y en los archivos de los canales de televisión.
Las cartas de los empresarios italianos se divulgan a través de las redes sociales, pero son invisibles en los medios incursos en la desinformación sistemática, violando los principios básicos de la ética periodística. Cuando los tribunales italianos reciban las cartas que niegan sobria y rotundamente la existencia de anomalías y dicten sentencia, seguirán ocultando la realidad. Como dijo el presidente Lincoln, algunos pueden engañar algún tiempo, pero no podrán seguir engañando todo el tiempo.
El expresidente Martinelli mostró en su cuenta de Twitter sendos documentos oficiales de la empresa estatal de Italia Finmeccánica que niegan la existencia de sobornos en la adquisición de radares, helicópteros, etc. a nadie en Panamá.
En pocas palabras, la novela italiana es una telenovela truculenta cuyo guión escribieron a cuatro manos políticos y periodistas. Otro capítulo de la historia local de la infamia. Si las violaciones del Código Penal llegan a trasladarse a los tribunales de justicia de Panamá, entonces muchos subirán al banquillo de los acusados y sufrirán el repudio del pueblo panameño.

viernes, 12 de septiembre de 2014

Cuestionan la paralización de obras del Estado

La paralización en la construcción de obras que venían ejecutándose en los últimos años ha propiciado que las empresas contratistas reduzcan su personal como medida de contingencia




La paralización en la construcción de obras que venían ejecutándose en los últimos años ha propiciado que las empresas contratistas reduzcan su personal como medida de contingencia.
Ayer, Saúl Méndez, vocero del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), denunció que algunas contratistas han optado por no pagar a los empleados sus obligaciones.
Méndez sostuvo en TVN que algunos proyectos han tenido una disminución de contratos. Estos seguían una programación para culminar en los próximos cuatro meses.
Por su parte, Abelardo Herrera, de la Central General de Trabajadores de Panamá (CGTP), señaló que la organización cuenta con cerca de 1,500 empleados en los proyectos que lleva a cabo el Gobierno.
Claves
  • 74 días de gestión tiene el nuevo gobierno, durante los cuales se han suspendido proyectos como la Ciudad Hospitalaria.

Carrillo:"Pagos a Finmeccanica convalidan objeto del contrato"



El pago ordenado por el Estado panameño a favor de los contratos con el conglomerado italiano, Finmeccanica por equipos de seguridad, dejaron dudas sobre la supuesta suspensión del contrato, como la falta de idoneidad del equipo, anunciado por el Gobierno Nacional.
 
Al respecto, el abogado Carlos Carrillo cuestionó el hecho de que el Gobierno del Presidente Juan Carlos Varela, haya vendido la idea de que los equipos "no cumplen con la idoneidad", sin embargo, los pagos posteriores a esta declaración, contradicen la situación.
 
El abogado considera que el Estado debe aclarar "qué tipo de reclamaciones se están haciendo al conglomerado italiano Finmmecanica o qué tipo de adecuaciones ha cumplido la empresa, en cuanto al contrato".
 
Carrillo manifestó en KW Continente que "si hubiera existido una causal de resolución de contrato con Finmeccanica, tendría que haberse interpuesto o hecho los avisos correspondientes, si hay arbitraje o una acción judicial", de lo contrario, si no existe dicho requerimiento por una de las dos partes por incumplimiento, "el contrato está perfeccionado y debe cumplirse".
 
En este sentido, indicó que "pareciera que las advertencias públicas de que no se reunía la idoneidad de los equipos comprados, estuviera en algún tipo de adecuación a los requerimientos del pliego que se hubiera hecho en la contratación".
 
El abogado aclaró que unilateralmente Panamá no puede legalmente dejar de pagar, hasta que no interponga juicio ante los tribunales panameños o jurisdicción establecido en el contrato, de lo contrario, sería objeto de demanda por parte del agente pagador.