martes, 5 de agosto de 2014

OPINIÓN: Sinvergüenzura electoral

Lo medular de las reformas al Código Electoral, iniciativa presentada por las bancadas aliadas del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y Partido Panameñista, es que cuando se impugnen los resultados electorales, se entreguen las credenciales, sin necesidad de nuevos comicios, al candidato que llegó de segundo lugar, y sobre los cuales no existe ninguna denuncia o sospecha de incurrir en alguna falta o delito.
Esta propuesta no nace de la Comisión de Reformas Electorales, que debe reunirse después de cada comicio, sino de los propios diputados; sin embargo, no hace falta un análisis exhaustivo para darse cuenta de que tal iniciativa tiene un trasfondo sectario y electorero, ya que busca favorecer los intereses del propio PRD y panameñismo.
Tal iniciativa, en medio del proceso electoral, que por ley aún está abierto, es una soberana inmoralidad y sinvergüenzura hecha para favorecer a los perredistas y panameñistas.
No se pueden cambiar las reglas del juego, cuando el torneo aun no concluye, no se puede jugar con las cartas marcadas, ya que el partido tendría un ganador predeterminado. La ciudadanía debe de estar alerta a este burdo intento de golpe a la institucionalidad democrática, de manos de quienes son los primeros llamados a defenderla.

Nueva denuncia por caso de policía desaparecido

Una denuncia por violación a los derechos humanos fue interpuesta por el abogado Alejandro Pérez ante la Defensoría del Pueblo, por el caso del sargento de la Policía Nacional Ismael Pitty


Proceso
  • DefensoríaEn una semana se debe establecer si existen méritos para iniciar una investigación de parte de la Defensoría del Pueblo.
  • DerechoLa denuncia se fundamenta en los acuerdos internacionales sobre la defensa de la vida y las libertades de los panameños.
Una denuncia por violación a los derechos humanos fue interpuesta por el abogado Alejandro Pérez ante la Defensoría del Pueblo, por el caso del sargento de la Policía Nacional Ismael Pitty.
A juicio de Pérez, desde el 28 de abril el sargento de la Policía Nacional no aparece, y el director de la institución, Omar Pinzón, había mencionado que se encuentra en buen estado de salud, y que está en su puesto de trabajo.
Según Pérez, desde el viernes el sargento Pitty debía presentarse al Ministerio Público a desmentir que está detenido ilegalmente, sin embargo, en estos momentos no ha comparecido.
Pérez dijo que de no aparecer el sargento Pitty, se preparan cinco recursos de hábeas corpus ante la Corte Suprema de Justicia.
La denuncia contra los derechos humanos fue recibida por la defensora del pueblo, Lilia Herrera, y está en trámite.

POLÍTICA: Jované asegura ser perseguido por el Gobierno de Varela

El economista y excandidato presidencial independiente, Juan Jované, afirmó que es perseguido por emitir críticas a los planes del actual gobierno.


El economista y excandidato presidencial independiente, Juan Jované, afirmó que es perseguido por emitir críticas a los planes del actual gobierno.
Ayer, lunes, Jované se presentó al Tribunal Electoral (TE) para conocer de una denuncia en su contra, interpuesta ante la Fiscalía Primera Electoral del Segundo Distrito Judicial por supuesta comisión del delito contra el sufragio en la recolección de firmas para su candidatura, en Ocú, Herrera.
El TE analiza el levantamiento del fuero electoral de Jované, a solicitud del fiscal electoral Eduardo Peñaloza. “Esto viene del partido panameñista”, aseveró el economista.
Jované señaló en Telemetro que esto se da porque critica el control de precios y viola la ley del economista, al tener un ministro y dos viceministros sin título.
“Se violó la Constitución. Cuando están en la oposición dicen, se viola la Constitución, pero cuando llegan al gobierno, violan la Constitución”, recalcó.
“Para mí esto no es otra cosa que decirme no sigas hablando, pero yo seguiré hablando”, aseguró.
El economista manifestó que no le interesa mucho el fuero electoral. “Para mí es una señal que se me está mandando y para mí es el Gobierno”.

Gobierno de Varela continúa otorgando contratos directos

En los primeros cinco días del mes de agosto la actual administración de gobierno ha aprobado dos nuevas contrataciones directas del Tribunal Electoral


En los primeros cinco días del mes de agosto la actual administración de gobierno ha aprobado dos nuevas contrataciones directas del Tribunal Electoral por un monto total de 10 mil 112 dólares.
Los contratos directos, que se suman a los 12 actos excepcionales que se realizaron para el Tribunal Electoral en julio que sumaron 1 millón 136 mil 793 dólares, se realizaron en concepto del diseño eléctrico del museo de la democracia en la nueva sede del Tribunal y la instalación de dos unidades de aire.
En el sitio web de Panamá Compra se observa que en los primeros 36 días del gobierno de Juan Carlos Varela se han aprobado 33 contratos directos, casi uno por día, lo que supera en total los 2 millones de dólares.
“Este es un gobierno que criticó esas prácticas y ahora lo está haciendo, hay una especie de falta de ética. Además, 31 contrataciones por mes, una por día, es un exceso”, comentó el economista y excandidato a la presidencia Juan Jované.
“Las contrataciones directas no benefician al Estado, ya que no existe competencia entre las empresas y al no existir este fenómeno, el Estado pierde la posibilidad de encontrar un precio más bajo”, aclaró Jované.
El economista panameño Carlos Gómez coincidió con Jované y expresó que “las contrataciones directas son buenas, siempre y cuando sean competitivas en términos de costos y efectivas en términos de resultados, siendo estas más comunes y bien utilizadas en temas necesarios o urgentes”.
“En casos anteriores ha pasado que las contrataciones directas llegaban a ofrecer los servicios a allegados del gobierno”, agregó.
Este caso se puede observar en uno de los contratos directos más expuestos a crítica, concedido por el nuevo administrador general del Aeropuerto Internacional de Tocumen, Joseph Fidanque III, quien admitió haber contratado a la empresa Servicios Tecnológicos de Incineración STI porque pertenece a un amigo.
STI fue contratada por 80 mil dólares mensuales durante seis meses -un total de 480,000 dólares-, para que realice el servicio de recolección y transporte de la basura internacional que generan los vuelos en el principal aeropuerto capitalino, la cual está siendo trasladada hasta Colón.
Carlos Gasnell Acuña, vicepresidente ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, señaló que es necesario regular mejor las contrataciones directas, ya que todos los gobiernos han abusado de ellas.
“Estas contrataciones son controversiales porque muchas veces se utilizan para devolver favores políticos como donaciones recibidas en campaña o para favorecer a allegados y copartidarios”, señaló Gasnell, sumándose al criterio de los economistas.
El Idaan, el Tribunal Electoral, Tocumen S.A., Ministerio de Desarrollo Agropecuario, la Caja de Ahorros, la Asamblea Nacional, la Universidad de las Américas y la Empresa de Generación Eléctrica son las instituciones públicas que han realizado este tipo de actos.


Varela utiliza "jet" de Stanley Motta para su viaje de vacaciones

"Jet de Motta" al servicio de Varela



  • 45 millones de dólares es el valor promedio del ‘jet’ privado, propiedad de la familia Motta.
Datos
  • 30 días después de estar en el cargo, el presidente Juan Carlos Varela se ausenta por una viaje personal.
  • 3 días fue el tiempo de ausencia.
Juan Carlos Varela no solo tomó tres días de vacaciones en su primer mes como presidente de la República, sino que lo hizo viajando al exterior en el avión privado de su principal donante de campaña, Stanley Motta.
Se trata de uno de los hombres más ricos del país, quien posee importantes inversiones y concesiones con el Estado, una conexión que es cuestionada por representar un conflicto de intereses.
Fuentes cercanas al Palacio de las Garzas ofrecieron detalles de la ausencia del mandatario, que la Secretaría de Comunicación del Estado obvió en su comunicado oficial.
Trascendió que Varela se ausentó por tres días para tomar un viaje personal junto a su esposa, Lorena Castillo, a las Bahamas, a 1,802 kilómetros de distancia de Panamá.
El mandatario viajó en el “jet” ejecutivo Gulfstream modelo G450 con matrícula N915AM valorado en $45 millones, con capacidad para 22 pasajeros y propiedad de Motta.
Se trata del “jet” ejecutivo de motores Rolls-Royce, de mayor valor en la plaza local.
A la fecha, aún quedan muchas interrogantes del viaje de Varela en el avión del también dueño mayoritario de TVN.
El pasado 31 de julio, la Secretaría de Comunicación del Estado solo se limitó a informar que Varela viajaría fuera del país junto a la primera dama por motivos personales. También señaló que la pareja presidencial estaría de vuelta el domingo pasado, sin dar a conocer mayores detalles.
Panamá América envió un cuestionario a Castalia Pascual, vocera de la Presidencia, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
Entre las preguntas que se solicitaron a Pascual están: ¿Por qué no se informó que el presidente viajaría en un avión privado de un empresario que tiene negocios con el Estado? ¿Considera usted que hay conflicto de intereses en utilizar el avión de un empresario con negocios con el Estado? ¿En calidad de qué se pidió prestado el avión y quién hizo dicha gestión? ¿Su estadía (la de Varela) en una isla del Caribe también fue pagada por el nombrado empresario?
El abogado Ernesto Cedeño señaló que el departamento de Relaciones Públicas del Estado no cumplió su misión de informarle al país sobre el viaje del presidente y los motivos del mismo.
“Creo que se deben dar los detalles del viaje y los resultados del mismo, en fortalecimiento del principio de transparencia, que debe caracterizar a cada gobierno, incluyendo este que es insipiente. Del informe que se le suministre al país ponderaríamos concluir si puede haber o no conflicto de intereses”, afirmó Cedeño.
El destino del viaje de vacaciones de Varela no es desconocido. Es precisamente en Bahamas, donde Varela mantiene anclado su yate llamado Centuria y que adquirió en 2011 por 2.5 millones de dólares al fabricante estadounidense Bertram.
Se trata de una embarcación de 67 pies (20.40 metros) de eslora y casco de fibra de vidrio, registrado en Islas Vírgenes Británicas.
El primer pago de esta embarcación lo realizó el 14 de marzo de 2011, Michelle Lasso, mientras estaba siendo seguida por el FBI y otras autoridades estadounidenses como parte de una red de apuestas ilegales que operaba en ese país.
Lasso pagó 175,000 dólares con el cheque número f011730055101, de una de sus cuentas bancarias en el Bank of America NA NY, para separar el yate de Varela.
Precisamente, varias de las cuentas secuestradas a Lasso, por su vínculo al lavado de dinero, eran del Bank of America.

POLÍTICA: El toro por las astas


De hecho es imposible que los políticos respondan cada acusación, cada pulla cotidiana, cada insensatez, desaguada por los medios. Ante la proliferación de ataques sin fundamentación, el partido Cambio Democrático (CD) ha decidido organizar una estrategia de respuesta jurídica para contrarrestarlos. El exministro de seguridad José Raúl Mulino ha puesto en jaque al Gobierno, solicitando que se le conceda cortesía de sala en las reuniones del Gabinete ministerial para aclarar la responsabilidad de Alberto Vallarino y Dulcidio de la Guardia en los contratos de los radares. Así, frente al presidente Juan Carlos Varela y los ministros, Mulino pondrá las cosas en su sitio con documentos en la mano.
Las aclaraciones de Mulino desmentirán al presidente Varela que presenta aspectos técnicos del funcionamiento de los radares como una presunta prueba de corrupción, cuando él conoció al detalle el asunto y no dijo nada en lo que ahora agiganta. La embestida de Mulino es el principio de la estrategia orgánica de CD para contrarrestar las invectivas desatinadas del gobierno panameñista que fue parte del régimen presidido por Ricardo Martinelli.
Vallarino y de la Guardia fueron ministros de economía de Martinelli. Ambos tienen el deber moral de explicarle al país y no estar lanzando anatemas que se voltean contra ellos mismos. Deben explicaciones también por las tierras de Juan Hombrón y otros temas que permanecen aún en la penumbra de conflictos de intereses.
La Contraloría desbarató las especulaciones lanzadas por medios oficialistas sobre la renuncia de la titular del cargo, Gioconda de Bianchini, mediante un comunicado público. Cumpliendo su rol constitucional, ha ordenado auditorías sobre presuntas irregularidades en fondos públicos, por expresa solicitud de la Procuraduría.
Se demerita con fundamento constitucional el carnaval de auditorías privadas anunciado por el Ministerio de Economía, el Tribunal Electoral y dependencias controladas por el gobierno panameñista para anular fraudulentamente la elección de diputados de CD.
Está en marcha una maniobra política para quitarle diputados a CD para elevar el exiguo número de diputados panameñistas. Para conseguir este objetivo espúreo, el consorcio panameñista con el PRD ha engendrado un mamotreto para que se les entreguen credenciales a sus candidatos en forma atropellada.
Las estrechas diferencias numéricas de los votos de los diputados elegidos y sus rivales demuestran la torpeza sectaria del proyecto de ley con aspiraciones de retroactividad.
El país está paralizado por la pérdida de tiempo de las represalias políticas gubernamentales. Hay inversiones privadas suspendidas por las ambigüedades de las medidas económicas. El control de precios se cae a pedazos. Se posterga la instrumentación de las nuevas tarifas de energía eléctrica. Se nombran funcionarios al margen de la ley.
Hay ministros que perdieron la nacionalidad panameña y escabullen las preguntas de los periodistas. Agricultores y ganaderos rechazan los precios dictados por burócratas inexperimentados. Los consumidores se sienten frustrados por el engaño de las promesas de rebaja de precios. No hay decisiones sobre el transporte público. Nada se resuelve.