miércoles, 6 de agosto de 2014

Varela admite que viajó a Bahamas de vacaciones

El presidente Juan Carlos Varela aceptó ayer que viajó a Bahamas el fin de semana pasado en carácter de vacaciones por tres días, a pesar de solo tener un mes en el cargo.


Datos
  • 1,802 kilómetros fue el viaje de recorrido desde Panamá hasta Las Bahamas.
  • 3 días duró el viaje de vacaciones en el primer mes de mandato.
  • 2.4 millones de dólares es el valor del yate que el presidente Varela tiene en Las Bahamas.
El presidente Juan Carlos Varela aceptó ayer que viajó a Bahamas el fin de semana pasado en carácter de vacaciones por tres días, a pesar de solo tener un mes en el cargo.
Lo que sí negó Varela es haber viajado junto a laprimera dama, Lorena Castillo, en el avión privado de Stanley Motta, su principal donante de campaña y quien posee importantes concesiones con el Estado.
“Fue un viaje con mi esposa un fin de semana. Es totalmente falso, viajé en una aerolínea panameña muy bien atendido por pilotos panameños y hermosas azafatas panameñas, una de Santiago y una de David.
Sobre el viaje, la compañía aérea “Copa Airlines confirmó que el presidente de la República de Panamá, Juan Carlos Varela, viajó en vuelo comercial ida y vuelta a Las Bahamas”.
Tres fuentes de Panamá América afirmaron que Varela había salido del país en el avión privado deMotta, un Gulfstream G450 con matrícula N915AM.
Incluso las fuentes señalaron que el avión se mantuvo hasta el pasado lunes en el hangar presidencial del aeropuerto de Albrook.
El pasado jueves, la secretaría de Comunicaciones del Estado informó del viaje de vacaciones del presidente Varela, pero no dio más detalles.
Fueron las fuentes de Panamá América las que confirmaron que había partido para Bahamas donde el presidente tiene anclado su yate de placer El Centuria comprado en 2011 en 2.4 millones de dólares.
Se trata del mismo yate que fue separado con un primer pago de 175,000 dólares hecho por Michelle Lasso en marzo de 2014. Para esa fecha, Lasso era objeto de una investigación del FBI que terminó con la desarticulación de una red de apuestas ilegales en Estados Unidos.
Incluso Lasso fue condenada por una corte estadounidense, luego de haberse declarado culpable y revelar datos de la operación ilegal.
En Panamá, el tema de las vacaciones de Varela a menos de un mes en el cargo de presidente generó reacciones. El abogado Ernesto Cedeño consideró que “se deben dar los detalles del viaje y los resultados del mismo, en fortalecimiento del principio de transparencia, que debe caracterizar cada gobierno, incluyendo este”.

Reforma electoral es Inconstitucional


El exmagistrado del TE Guillermo Márquez Amado aseguró que este proyecto de ley podría tener vicios de inconstitucionalidad porque se limita la posibilidad de elección a los candidatos que ocuparon una tercera o cuarta posición según los resultados de las elecciones pasadas.

La Asamblea Nacional debe considerar una fórmula que no limite el derecho de un ciudadano a ser elegido para un cargo de elección popular, sostuvo el exmagistrado.

¿Y qué pasa si el candidato que ocupó el segundo lugar también utilizó recursos del Estado?, preguntó Marquez Amado.

Mientras que Roberto Troncoso, miembro del Foro Ciudadano Pro Reformas Electorales, manifestó que los magistrados del TE nunca esperaron “una avalancha” de impugnaciones después de las elecciones. Por ello considera que “el traje les quedó grande” y no van a poder resolver a tiempo las curules aún por asignar en el Legislativo.

Actualmente la Asamblea Nacional legisla con 57 diputados tras las impugnaciones a diferentes diputados proclamados como ganadores en sus juntas circuitales. En ese caso hay un total de 10 diputados de CD cuya elección se objetó por la supuesta utilización de recursos del Estado en campañas electorales.

Troncoso advirtió que tampoco “se pueden alterar las reglas del juego a mitad del partido” y mucho menos se puede denominar esa ley como de interés social.

Adelantó que hoy la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) sostendrá una reunión con los magistrados del TE sobre el contenido del proyecto de ley.

Por su parte, la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia Esmeralda Arosemena de Troitiño apuntó que si se comprueba un delito penal electoral la regla es sancionarlo, pero debe haber más argumentos para saber por qué no harán elecciones en las circunscripciones electorales donde se haya comprobado que se usaron recursos estatales en las campañas políticas.

MALIANTERIA ELECTORAL: TE avala polémica reforma electoral

El diputado de CD José Muñoz expresó que los magistrados no se deben prestar para cambiar los resultados de los comicios de mayo pasado.

Prensa  - Sectores de la sociedad civil y de la oposición política cuestionaron el proyecto de ley que busca reformar el Código Electoral para resolver los casos de impugnaciones, el cual recibió ayer el aval de los magistrados del Tribunal Electoral (TE).

La propuesta modifica los artículos 342 y 347 del Código Electoral, mediante los cuales se sanciona con la no celebración de nuevas elecciones en los procesos que el TE encuentre viciados, tras el análisis de las respectivas impugnaciones, por lo que las credenciales se entregarán a los candidatos cuya suma de votos sea la siguiente al eliminado de la contienda.

“Al boxeador que usa golpes bajos le quitan la pelea. En un partido de fútbol, al jugador que comete infracciones se le prohíbe seguir jugando”, advirtió el magistrado presidente del TE, Erasmo Pinilla, al justificar las reformas. “Esto es legal”, afirmó.

En tanto, Roberto Troncoso, del Foro Ciudadano Pro Reformas Electorales, expresó que no se pueden alterar las reglas del juego a mitad del partido.

Mientras que Guillermo Márquez Amado, exmagistrado del TE, advirtió los posibles vicios de inconstitucionalidad de la propuesta, porque limita el derecho de participar en una contienda a los candidatos.

Por su parte, la exmagistrada de la Corte Esmeralda de Troitiño indicó que se deben de dar más argumentos de por qué no se convocarían comicios en los circuitos donde se compruebe delito electoral.

DAÑO A CAMBIO DEMOCRÁTICO
José Muñoz, diputado de Cambio Democrático (CD), afirmó que sus candidatos se afectan con la pretendida modificación de la Ley Electoral.

“Cuando nosotros hicimos las reformas electorales, fueron antes de las elecciones. Estas son después: ya se sabe quién ganó y quién perdió. Como partido nos vamos a oponer. Es como que un gran empresario llega a hacer una inversión con un panorama claro y no se pueden cambiar las reglas del juego a la mitad”, dijo Muñoz.

“Cuando introdujimos las reformas electorales invitamos a los magistrados, y no quisieron venir. Hicimos la ley, pero mucho antes de la elección. Hacer una reforma para cambiar los resultados. (...) No creo que los magistrados deban prestarse para eso”, expresó el diputado de CD.

El exembajador de la Organización de los Estados Americanos Arturo Vallarino también acudió a la sesión como representante de CD.

“En un torneo deportivo, uno va sabiendo cuáles son las reglas. No se puede en mitad de un juego aplicar unas nuevas reglas. Para estas elecciones había unas reglas. Se está violando la institucionalidad”, manifestó. “Nosotros vamos a defender la institucionalidad para que se mantengan las reglas del juego”, dijo.

En tanto, el diputado Luis Eduardo Quirós, del Panameñista, dijo que la posición de su partido “es escuchar con atención la postura de todos los que vienen aquí para que se nutra el proyecto y cuente con el aval de los magistrados, la sociedad civil y los partidos políticos”.

Cambio de discurso del TE aumenta rechazo a reformas electorales

Como un exabrupto jurídico y un cambio que representa “una imprudencia” de parte de los magistrados del Tribunal Electoral (TE) calificaron diversos sectores de la sociedad y políticos





  • 12 procesos de impugnación mantienen sin credencial catorce curules dentro de la Asamblea Nacional.
Reacciones
  • Defensa
  • El Partido Cambio Democrático mantiene su rechazo ante la inminente discusión de las reformas al Código Electoral. Ayer reafirmó su queja de que el proyecto busca el beneficio para los candidatos del Partido Revolucionario Democrático y el Panameñista.
  • Protesta
  • En el distrito de San Félix, en la provincia de Chiriquí, un grupo de simpatizantes de la diputada proclamada impugnada Ana Giselle Rosas, protestaron de manera pacífica para mostrar su rechazo al proyecto de ley que cambiaría la forma de otorgar las curules tras los procesos de nulidad.
  • Proceso
  • El Tribunal Electoral había planificado el llamado a la reunión de los miembros de la Comisión Nacional de Reformas Electorales para el mes de septiembre y en principio del periodo constitucional solicitó que la Asamblea aprobara el paquete de reformas que la Comisión aprobó en el año 2011. Sin embargo, en medio del proceso electoral cambió su opinión sobre el proceso de reformas.
Como un exabrupto jurídico y un cambio que representa “una imprudencia” de parte de los magistrados del Tribunal Electoral (TE) calificaron diversos sectores de la sociedad y políticos, el aval que estos funcionarios le dieron al proyecto de ley que pretende modificar elCódigo Electoral que establece un mecanismo para favorecer a diputados del PRD y el Partido Panameñista.
En ese sentido, el abogado Ernesto Cedeñoasegura que este apoyo puede considerarse como “una imprudencia” de parte del Tribunal, porque se apresura a la discusión de las reformas.
“Siento que ellos debieron haber dicho, a mí me agrada el proyecto, pero creo que es extemporáneo porque pudiera interpretarse que es para favorecer a unos candidatos, esa debió ser la posición, respeto su criterio, pero creo que es imprudente”,indicó.
Con Cedeño coincide el abogado Raúl González, miembro del Foro Ciudadano de la Comisión Nacional de Reformas Electorales, quien plantea que apoyar el cambio a las reglas, resta confianza y transparencia.
“Me parece que no es prudente que el TE en estos momentos opine a favor de esa reforma del Código Electoral. Llevar a cabo reformas paralelas, al margen de la sociedad civil, no es saludable para la democracia” expresó González.
Mientras que Elia López de Tulipano,representante del Foro de Mujeres Políticas,explicó que las reglas que existen son conocidas y así fue que los candidatos aceptaron el reto de participar.
“Estas medidas en que se impugnaba a todos los que forman parte de un circuito plurinominal, todos debieron haberla conocido”, dijo la dirigente.
Mientras que el exmagistrado del TE Guillermo Márquez Amado advirtió los posibles vicios de inconstitucionalidad de la propuesta, porque limita el derecho de participar en una contienda a los candidatos.
Por su parte, la exmagistrada de la Corte Esmeralda de Troitiño indicó que se deben de dar más argumentos de por qué no se convocarían comicios en los circuitos donde se compruebe delito electoral.
La propuesta es considerada por Cambio Democrático (CD) como un traje hecho a la medida, para favorecer a dos partidos políticos que cogobiernan y busca evitar que se celebren nuevas elecciones y anular la participación de los candidatos impugnados y se proclamen los candidatos de sus partidos de a dedo, con la anuencia del Tribunal Electoral, ignorando la voluntad popular.
“Esta propuesta no puede cambiar las reglas ya establecidas para los comicios del 4 de mayo de 2014, ya que atenta contra la institucionalidad que tanto ha proclamado el presidente de la República, Juan Carlos Varela”, indica un comunicado de CD.
El colectivo opositor señala: “La propuesta constituye un exabrupto jurídico”.
Agrega que en lugar de avalar esta antidemocrática propuesta, “los magistrados del Tribunal deben enfocarse en dar mayor celeridad y que se resuelvan, prontamente, los casos de impugnación de que han sido objeto nuestros candidatos a representantes, alcaldes y diputados del Partido Cambio Democrático”.
Aparte del comunicado de CD, representantes de este colectivo, el cual sería el mayor afectado con la iniciativa, no se convencen del vacío jurídico que plantean algunos diputados y el propio TE. Para Arturo Vallarino, miembro del equipo legal de ese partido, estas reformas tienen un solo sentido, que es evitar las elecciones para otorgar las 14 curules a candidatos de los partidos Panameñista y PRD, quienes previo al inicio del periodo constitucional firmaron un “pacto de gobernabilidad”.
“Aquí el Tribunal Electoral llamó a un torneo bajo determinada norma y entonces ahora, ya la norma no sirve”, expresó Vallarino y agregó: “realmente me ha sorprendido que los magistrados dijeran que esto ayuda a resolver un vacío legal. Creo que no hay ningún vacío, las reglas del juego se conocen y se han aplicado en todas las elecciones anteriores”.
Otros miembros de este colectivo político que reaccionaron son el exministro de Gobierno Jorge Ricardo Fábrega, quien sostiene que el escenario para discutir estas reformas es una Asamblea Constituyente, tal y como se comprometió el presidente Juan Carlos Varela durante la campaña política.
A su vez, el secretario general del CD, Rómulo Roux, cuestionó la posición que ha tomado el Tribunal Electoral en medio de la solución que se busca para sendos procesos de nulidad presentados después de las elecciones generales. “Comentarios sin fundamento y parcializados del magistrado Pinilla. Parece parte de la alianza PRD-Panameñista”, comentó en su cuenta de Twitter.
Pero en medio del debate, el diputado Leandro Ávila, de la bancada del PRD, que propuso este proyecto, dijo que no existe un trasfondo y que lo único que se intenta es resolver el problema de las impugnaciones. “El Tribunal no tiene el instrumento para resolver las impugnaciones y la Asamblea a través de consulta va a intentar resolverlas”.

Presidente de APEDE evita hablar de contrataciones directas


El presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, Fernando Aramburú Porras, evitó cuestionar los contratos directos otorgados en el gobierno de Juan Carlos Varela. Pero en la administración pasada tenía una posición radical contra este mecanismo de contratación. 
En uno de sus comunicados en Apede, Aramburú aconsejó que las inversiones públicas se lleven a cabo sobre la base de la transparencia, por parte del Gobierno y del sector privado, sin preferencias, siempre con probidad, calidad al menor costo posible y alejadas de señalamientos de corrupción. 
“A consideración de la Apede, todas las contrataciones públicas y adendas a contratos, muchas de las cuales llegan a cifras millonarias, tienen que enmarcarse en lo establecido por la Ley de Contrataciones Públicas de 2006 y sus diferentes reformas”, indicó. 
Dijo que ello era con el propósito que haya una verdadera participación mayoritaria e incluyente de todos los sectores de la población interesados en hacer negocios con el Gobierno y del resto de la sociedad que recibirá los beneficios de esas obras. 
“Esta organización considera de suma importancia tomar en cuenta que el mecanismo de licitación pública incentiva la participación de muchas empresas y que podría generar ahorros importantes para el Estado”, dijo Aramburú.