viernes, 1 de agosto de 2014

Escasean los alimentos que tienen el control de precios

En los principales supermercados del país ya se empiezan a sentir los efectos del Decreto Ejecutivo N.° 165 que establece el control de precio de 22 productos de la canasta básica.

En los principales supermercados del país ya se empiezan a sentir los efectos del Decreto Ejecutivo N.° 165 que establece el control de precio de 22 productos de la canasta básica.
Escasez de algunos productos en las estanterías y el incremento en los precios de los artículos de uso personal son la nueva carga de los consumidores, quienes se sienten traicionados por no beneficiarse de los precios regulados.
Un ejemplo claro es el de la consumidora Patricia Moreno, quien hace las compras de sus alimentos quincenalmente, pero la diferencia es que esta vez no encontró ninguna de las carnes que están dentro de la lista de los precios congelados, por lo que decidió pedir otras de mayor costo.
Para Moreno, lo más difícil es que ahora los artículos de uso personal, “también se han encarecido”, confirmó.
Panamá América realizó un recorrido por diferentes supermercados de la capital y encontró desabastecimiento de carnes, pan molde, vegetales y verduras como el tomate perita.
Este medio encontró que en su mayoría, los locales tienen el espacio vacío reservado para los productos del control de precio debido al desabastecimiento de los mismos.
Según expertos consultados, esto se debe a que evitan ofrecerlos para no perder en sus ganancias, tal es el caso específico de los minisúper.
El economista Raúl Bethancourt manifestó a este diario que la medida del control de precios no está llegando a las amplias mayorías y que lo único que crea es una gran confusión sobre quién se ve favorecido al final del camino.
Explicó que la medida es un freno para el desarrollo porque no hay un incentivo para el productor.
“Cómo se quiere que se incremente la producción si están vendiendo casi al mismo costo de producción y nadie trabaja gratis”, destacó.
Por su parte, el secretario de la Asociación Nacional de Consumidores y Usuarios de la República de Panamá (Uncurepa), Pedro Acosta, afirmó que los desabastecimientos son provocados para vender los artículos más caros, y son los clientes los únicos perjudicados, porque no les queda otra salida.
Pérdidas
Antonio Guerra, quien tiene 21 años de vender en el Mercado de Abastos, opinó que con la llegada del control de precios las ventas se han paralizado.
“Ya no nos compran la cantidad de antes porque no les está generando ganancias, ni a ellos ni a nosotros, los chinitos compran poca mercancía solo para cumplir con la medida”, aseveró.
Según Guerra, esto ha dejado como resultado la caída de sus ingresos hasta en un 40%, un gran hueco que les dificulta cumplir con sus principales gastos.
“En los 21 años que he trabajado aquí, es la primera vez que veo esta escasez en la cebolla. A nosotros nos llega la mercancía cara y por complacer al cliente con la regulación no le estamos ganando nada”, afirmó.
Otros de los que ya no aguanta la medida es José Peña, quien es comerciante hace 5 años del Mercado de Abastos. Comentó que desde que empezó el control de precios han bajado mucho las ventas, aparte de que no hay productos como legumbres y verduras.
“A nosotros no nos ayuda mucho el control de precios porque se nos está afectando, el Gobierno tiene que ayudarnos, porque si no hay producción nacional, les tocará traer de afuera”, dijo en tono molesto.
En tanto, Anastacio Melgar, con más de 18 años de vender en el Mercado de Abastos, sigue esperando la fórmula para bajar el costo de producción que se encuentra por las nubes. “¿Con qué nos van a ayudar?, que me digan dónde y cuándo”, señaló.

Gobierno familiar


Resulta inevitable que los hermanos Varela estén en la cumbre del poder. Pero el nepotismo es antipático, además de ilegal e insoportable. ¿No hay en Panamá otras personas capacitadas para desempeñar cargos públicos que los hermanos, primos, sobrinos nombrados por el gobierno panameñista? ¿O es que no hay suficiente número de talentos políticos en el régimen?
Regida por las sinrazones de Las Garzas, la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional ratificó la designación de Jindriska Barakat, hermana de Jorge Barakat, a cargo de administrador de la Autoridad Marítima, como subdirectora de la Dirección General de Contrataciones Públicas. En la misma línea nepótica se encuentran los hermanos Mora, Ramón, nombrado asesor presidencial con rango de ministro consejero, y Alfredo de Jesús, director general de Aeronáutica Civil. Son botones de muestra del desprecio gubernamental por las leyes.
También se detectan los nombramientos de ministros y directores que tienen doble nacionalidad, como el titular de la cartera de Obras Públicas, Ramón Arosemena, y la viceministra de Gobierno, María Luisa Romero, que desempeñó cargos públicos de gobiernos extranjeros. Es larga y notoria la relación de personas nombradas con cédula PE y otras por no carecer del reglamentario nivel académico. En la comisión de credenciales se oyeron voces de discrepancia por los conflictos de intereses de los hermanos Barakat, sin embargo, se llevaron a cabo las ratificaciones anómalas.
La Constitución establece que “los servidores públicos serán de nacionalidad panameña sin discriminación de raza, credo, religión o creencia y militancia política. Su nombramiento o remoción no será potestad absoluta y discrecionalidad de ninguna autoridad, salvo lo que dispone esta Constitución”. Asimismo, fija que no habrá fueros y privilegios, mientras que el Dr. José Dolores Moscote, fundador y primer decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, opinó que los funcionarios están al servicio de la nación y no de un partido o bando político.
Por lo que se ha examinado de los nombramientos de funcionarios, no todos se rigen por los principios del sistema de méritos, sino por privilegios de origen partidista y el absolutismo de la discrecionalidad presidencial que escarnecen normas constitucionales y reglas contempladas en el Derecho Administrativo de Panamá.
Se construye un gobierno de familiares, de elementos ligados por lazos de consanguinidad o de afinidad política, para premiar con dinero de los contribuyentes a una casta de cuadros partidarios sin experiencia administrativa. Al mismo tiempo se hace tabla rasa de los derechos de los servidores públicos para poder ejecutar destituciones masivas en contra de nombramientos anteriores, ascensos, traslados, plazos de ejercicios de cargos pautados debidamente por la Constitución.
El presidente Juan Carlos Varela se ha sentido impelido a exhortar en forma pública a los ministros a que se pongan las pilas y trabajen para atender múltiples problemas de toda índole. Hay un cúmulo de decisiones que no se adoptan y también de decisiones improvisadas por la retórica de las promesas de campaña. Es lamentable que la Comisión de Credenciales ratifique el nepotismo. La ausencia de controles revela la pobreza de la oposición legislativa.

Nombramiento del ministro del MOP viola la Constitución

El ministro de Obras Públicas, Ramón Arosemena, tiene nacionalidad estadounidense, según confirmó ayer la oficina de prensa del Ministerio de Obras Públicas (MOP)




  • 13 años tiene el ministro de estar a cargo de una compañía en EE.UU.
Datos
  • Administradora de Ampyme
  • Ada Romero, salvadoreña, defendió el cargo en que por derecho sanguíneo no tiene suspendidos los derechos ciudadanos. Su orgullo salvadoreño la mantiene con la identidad PE.
La frase
  • El apetito voraz de la política, el juegavivo y el querer favorecer a los amiguitos de campaña hacen de este un tema para el entretenimiento popular. Roberto Troncoso - Abogado
Constitución Política de la República de Panamá
  • Artículo 13: La nacionalidad panameña de origen o adquirida por el nacimiento no se pierde, pero la renuncia expresa o tácita de ella suspenderá la ciudadanía. La nacionalidad panameña derivada o adquirida por la naturalización se perderá por la misma causa....
  • Artículo 132: Los derechos políticos y la capacidad para ejercer cargos públicos con mando y jurisdicción se reservan a los ciudadanos panameños.
Ley 49 de 1984, que dicta el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional
  • Artículo 53: Gobierno. La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales tiene como funciones estudiar, proponer proyectos de ley y emitir concepto sobre los siguientes temas: migración y naturalización.
Ley 17 del Registro Civil
  • Artículo 107: Cuando la Dirección Nacional del Registro Civil compruebe que un nacional panameño ha adquirido otra nacionalidad o ha entrado al servicio de un Estado enemigo, procederá, mediante resolución motivada, a ordenar la suspensión de los derechos ciudadanos o a cancelar la nacionalidad, según corresponda, en la partida de nacimiento de la persona de que se trata.
El ministro de Obras Públicas, Ramón Arosemena, tiene nacionalidad estadounidense, según confirmó ayer la oficina de prensa del Ministerio de Obras Públicas (MOP).
El estatus migratorio de Arosemena lo convierte en un panameño con doble nacionalidad y con impedimento para ejercer cargo público con mando y jurisdicción, de acuerdo a lo que establece la Constitución Política de Panamá.
Tiene las dos nacionalidades, pero eso no le impide ejercer su función como ministro, confirmó Enrique Arosemena, director de Relaciones Públicas del MOP.
Los argumentos legales serían enviados a la redacción Panamá América, pero hasta el cierre de esta nota periodística no hubo respuesta.
No obstante, el cargo que ostenta Arosemena desde el 1 de julio caería en lo ilegal si se aplica el artículo 13 de la Constitución, que se refiere a la nacionalidad de origen o adquirida, cuyo derecho ciudadano se suspende de forma expresa o tácita al adquirir una nacionalidad distinta a la panameña.
Sobre los efectos de la suspensión del derecho ciudadano, la Carta Magna recoge en su artículo 132 que los derechos políticos y la capacidad para ejercer cargos públicos con mando y jurisdicción se reservan a los ciudadanos panameños.
Arosemena dejó su residencia en Estados Unidos temporalmente para unirse al equipo de gobierno de Juan Carlos Varela.
Otra vía legal que cobija una posible violación a la Constitución por parte de Arosemena se estampó en la Ley 17 que rige el Registro Civil. En su artículo 107 se declara que cuando la Dirección Nacional del Registro Civil compruebe que un nacional panameño ha adquirido otra nacionalidad o ha entrado al servicio de un Estado enemigo, procederá, mediante resolución motivada, a ordenar la suspensión de los derechos ciudadanos o a cancelar la nacionalidad, según corresponda....
Suspendidos los derechos de forma tácita, que es el caso del titular del MOP, el artículo 161 de la Constitución agrega que corresponde a la Asamblea Nacional devolverle los derechos ciudadanos.
Hasta ayer no había un registro en la Secretaría General de ese Órgano del Estado con una petición formal del trámite que le garantice a Arosemena el derecho ciudadano como panameño de ejercer funciones públicas.
El acápite 10 del artículo en mención destaca que son funciones administrativas de la Asamblea Nacional... rehabilitar a los que hayan perdido derechos inherentes a la ciudadanía.
Un antecedente a esta petición está en la Resolución 2 del 3 de julio de 2009, que le rehabilitó los derechos de la ciudadanía para ejercer el cargo como alcalde a Bosco Vallarino, quien fue acusado por su doble nacionalidad. La Corte Suprema de Justicia terminó aboliendo el alcance de la resolución y Bosco renunció al cargo.

Acusan a seguridad del Estado de secuestrar a sargento

Pérez denunció que el sargento no ha sido puesto a ordenes de ninguna autoridad y está sometido a un intenso interrogatorio



El sargento de la Policía Nacional, Ismael Pitty es víctima de los delitos de privación de la libertad, abuso de autoridad y asociación ilícita para delinquir por parte de los organismos de la seguridad del Estado que lo interrogan desde el lunes en una instalación en Amador.

  La denuncia la interpuso ayer ante la Procuraduría de la Nación, el abogado Alejandro Pérez, quien dijo que teme por la vida de Pitty y pidió procesar y condenar a los responsables a sufrir la pena máxima de prisión.

   Pérez denunció que el sargento no ha sido puesto a ordenes de ninguna autoridad y está sometido a un intenso interrogatorio.

En tanto, Luis Eduardo Camacho tuitió que ha "recibido información que miembros de estamentos de seguridad están siendo torturados psicologicamente para que respalden falsas denuncias"