lunes, 21 de julio de 2014

Retroceder al voto plancha es crear un daño a la democracia

A juicio del diputado de Cambio Democrático (CD), José Muñoz, implementar nuevamente el conocido "voto plancha" que fue elimado de la ley electoral, es retroceder y hacerle un daño a la democracia.

Esto, pues cree que es justo que el electorado tome la decisión de votar por el candidato de su elección, y sea una persona un voto.

El tema salió a la palestra ante el debate de las reformas electorales en la Asamblea Nacional que contempla esta medida, presentada por el Tribunal Electoral (TE).

En su momento, el magistrado presidente del TE, Erasmo Pinilla,  dijo que “el voto selectivo genera una carnicería interna dentro de los partidos”.


Democracia y transparencia serán los temas que respaldará el partido Cambio Democrático (CD) en el debate de las reformas electorales a discutirse próximamente en la Asamblea Nacional.
 
El colectivo hizo pública su posición frente al tema, manifestando su rechazo al voto en planchaconsiderándolo antidemocrático por no dar la oportunidad a los votantes de escoger selectivamente a sus candidatos.
 
Al respecto, el Secretario General de CD, Rómulo Roux, afirmó que "la eliminación del voto selectivo es antidemocrático toda vez que limitaría la postulación de candidaturas e impide que las personas voten por quien así deseen". ‎
 
Igualmente, se mostró a favor de la publicación de la lista de donantes y las cantidades contribuidas, así como la posibilidad de incluir límites al monto con el que pueden contribuir las personas o empresas a cada candidato.
 
No obstante, el colectivo está en contra de limitar la cantidad total que puede recaudar un candidato, asegurando que la misma atentaría contra la libertad de contribución a una campaña.
 
“Mientras las reformas electorales le den más fuerza al pueblo en la selección de los candidatos y hagan los procesos electorales más transparentes y democráticos, los respaldaremos”, afirmó Roux.

CCIAP: Controles de precios no son efectivos

Así lo afirmó José Luis Ford, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP).

A dos semanas de entrar en vigencia el decreto que establece control de precio en 22 productos de la canasta básica, el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), José Luis Ford, sostiene su posición de que "los controles de precios no son efectivos".
 
El empresario reiteró que este gremio defiende la libre empresa y la competencia como lo más sano que debe existir en un sistema, destacando que el consumidor siempre tendrá el poder de decidir donde invertir su dinero.
 
"Siempre dijimos que los controles de precios no eran efectivos, nos obstante, el gobierno tenía que cumplir la promesa y la llevó adelante", dijo Ford, refiriéndose a la escasez de algunos productos en los comercios así como a las inquietudes manifestadas por el origen de la cadena o productores.
 
Advirtió que el principal reto del presidente de la República, Juan Carlos Varela, es hacer que los panameños sientan que esos 22 productos le representan realmente un ahorro en su bolsillo.
 
En cuanto a la escasez de algunos productos en los comercios, indicó que la cadena de distribución no estaba preparada para que el consumidor se dirigiera a un tipo de producto específico.

También se refirió a las supuestas irregularidades en el cumplimiento del decreto y solicitó a la Acodeco que aplique todo el peso de la Ley. Indicó que esta entidad tiene la responsabilidad de hacer un estudio para verificar si el control de precio de los 22 productos incidió en el precio de otros.

Alza en electricidad: Carne, pollo y leche tendrán un impacto en su precio

231,511 familias sufrirán el alza de la tarifa eléctrica


Un aumento del 5% en sus tarifas sufrirá al menos el 80% de los clientes del servicio eléctrico del país, reveló ayer el viceministro de Economía, Iván Zarak.
Explicó que este incremento se traduce en unos cinco dólares para los clientes que consumen menos de 400 kilovatios hora.
Con el aumento en la tarifa eléctrica, productos alimenticios como la carne el pollo y la leche tendrán un impacto en su precio, según el  viceministro de Economía, Iván Zarak.

Según Zarak éste impacto será "muy bajo" y solo lo sufrirán los productos que requieren refrigeración, añadiendo que los productos alimenticios importados, no tendrán el impacto.

"El tema es grave (...) necesitamos hacer esos subsidios focalizados", expresó,  pues los subsidios en este servicio superan los 475 millones de dólares, algo insostenible para finanzas del Estado.


El inminente aumento de la tarifa eléctrica tiene en incertidumbre a los panameños. Quienes consuman más de 200 kilovatios hora (kWh) o tengan una facturación mensual actual de $26.15, así como el sector industrial y comercial, serán los más afectados por el aumento en la tarifa eléctrica y la disminución de los subsidios.
Esto significa que 231,511 clientes residenciales que actualmente consumen entre 201 y 400 kilovatios serán afectados con el aumento. Mientras, otros 553,479 usuarios residenciales no sufrirán ningún cambio en su tarifa porque consumen menos de los 200 kilovatios hora al mes.
Un estudio elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas establece que los clientes de hasta 200 kWh de consumo representan un alto porcentaje, tomando en cuenta un promedio por familia de 3.8, por lo que resulta que un total de 2.1 millones de la población se estaría beneficiando con los subsidios del Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) y del Fondo de Compensación Económica (Face).
La tarifa vigente por kWh tiene un costo real de 22 centavos. Sin embargo, hasta ahora los clientes con consumos hasta 400 kilovatios pagan 8 centavos, debido al subsidio de 4 centavos que proviene del Fondo de Compensación Energética (Face) que aporta el Estado.
El ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, y el secretario de Energía, Víctor Urrutia, que forman parte de la comisión gubernamental que analiza el tema de los cambios en la tarifa eléctrica, explicaron que es inevitable el aumento, porque el subsidio requerido excede en más de 300 millones de dólares al monto presupuestado para este año.

Política: Ley 59 ordena multa y suspender salario por no divulgar bienes

La legislación advierte que a los funcionarios que no cumplan con la declaración se les retendrá su pago hasta que lo hagan


LA ESTRELLA - Ya han pasado los diez días que la Constitución Política otorga a los funcionarios para presentar ante notario público su declaración de bienes patrimoniales.

Ahora lo que corresponde a la Contraloría de la República, a cargo de Gioconda Tores de Bianchini, es hacer un inventario de los que lo hicieron y cumplieron con los requisitos legales y constitucionales, así como de los que ignoraron esta norma.
A los que incumplieron, la Contraloría debe ordenar la retención del salario, así lo establece la Ley 59 de diciembre de 1999, que reglamenta la norma constitucional. Así lo plantean excontralores y abogados penalistas consultados por La Estrella de Panamá .
A la fecha, solo se conoce que el presidente de la República, Juan Carlos Varela; la vicepresidenta, Isabel de St Malo; el presidente de la Asamblea Nacional, Adolfo Valederrama; y el ministro de Gobierno, Milton Henríquez, han hecho pública su declaración de bienes.
LOS OBLIGADOS
Los funcionarios antes mencionados no son los únicos que deben hacer pública su declaración de bienes al entrar al gobierno. La Constitución Política y la Ley 59 ordenan que ‘... los directores generales, gerentes o jefes de entidades autónomas, los directores nacionales y provinciales de los servicios de Policía, empleados o funcionarios públicos de manejo conforme al Código Fiscal’, también deben hacerlo.
Carlos Gasnell, de Transparencia Internacional, reclama que no solo debe ser al inicio y al final, también deben hacerlo al intermedio de su periodo o cada dos años.
En tal sentido, presentaron una iniciativa legislativa ante la oficina de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional.
Gasnell, de Transparencia Internacional, planteó que ‘la Ley 59 hay que reformarla, debe de aplicarse a todos para los que tienen bienes e ingresos que proteger’. A la vez, debe dejarse claro y sin lugar a dudas la obligatoriedad de hacerla pública para que los funcionarios no puedan evadir esa responsabilidad.

FAVORITISMO POLÍTICO: De Varela Hermanos al gobierno