sábado, 12 de octubre de 2013

CSS llama Mentiroso al Dirigente de la COMENENAL y miembro del PRD Dr. Domingo Moreno

CSS llama ‘mentiroso’ a Moreno
La Caja de Seguro Social (CSS) emitió un comunicado para "desenmascarar" al dirigente de la Comenenal, Dr. Domingo Moreno, alegando que "no tiene reparos en seguir mintiendo descaradamente y manipulando ante los medios de comunicación información carente de fundamento".
Moreno señaló que en una de las provincias centrales la CSS tiene nombrado a un neurocirujano, que en un año solo ha realizado una cirugía, porque hacía falta más personal de salud e insumos para poder operar.
La CSS explicó que en el hospital Gustavo Nelson Collado, de Chitré, hasta el mes de agosto, contaba con un neurocirujano, que había realizado 41 cirugías.
A partir del mes de septiembre se nombró a otro neurocirujano entrenado para realizar cirugía con equipo de endoscopía, llevando a cabo por primera vez en esta área del país una cirugía de Tercer Ventriculostomía Endoscópica y además, durante el mes de septiembre ambos neurocirujanos han realizado 23 cirugías más, para un total de 64.
"Rechazamos categóricamente por falsas, tendenciosas e irresponsables las declaraciones del Dr. Domingo Moreno", resalta la CSS.

JUDICIAL: Balbina Herrera condenada por violar correos electrónicos

Con la sentencia impuesta a Balbina Herrera, por parte del Juzgado Primero Municipal de Panamá, la excandidata presidencial no podría ocupar cargos públicos en los próximos seis años.
Así lo establece la sentencia número 54, fechada el 10 de octubre de 2013, la cual lleva la firma de la juez ponente Yorlenni Fruto.
La sentencia establece que Herrara será condenada a tres años de prisión e inhabilitación de funciones por tres años, sin embargo, esta última pena corre posterior a que cumpla los años de prisión.
Esto quiere decir que igualmente mientras la activista política del Partido Revolucionario Democrático (PRD) está pagando la sentencia de prisión, pierde sus derechos de ciudadanía, tal como lo establece el artículo 133 de la Constitución Política de Panamá.
La juez falló en derecho al analizar los argumentos de las partes y valorar las pruebas presentadas por la personería, la querella y el equipo de defensores de Balbina Herrera.
Una de las pruebas a las que se hace alusión en el fallo ha sido la presentación de 67 correos electrónicos sacados de la correspondencia privada del presidente de la República, Ricardo Martinelli, y que fue dado a conocer en un medio televisivo de audiencia nacional por la política.
Al ser consultado, Jaime Montero, abogado querellante en este proceso, destacó que entre las pruebas que se aportaron estaban las declaraciones públicas hechas por la propia Herrera y los abogados defensores que confesaban el hecho de haber revelado públicamente los correos del presidente Ricardo Martinelli.
“Aquí no se estaba poniendo a juicio el fondo de los correos, sino la forma como se hizo público, lo que se convierte en una abierta violación al Código Penal”, destacó el abogado.
La audiencia de Balbina Herrera se realizó el viernes 4 de octubre. Las partes presentaron sus argumentos y en ese momento la juez Fruto se acogió al término que establece la ley.

LO QUE VARELA NO DICE: Panameñistas propusieron privatizar sistema de salud

Diputados del Partido Panameñista auspiciaron un anteproyecto de ley que buscaba traer al país especialistas en diversas áreas de la medicina. 
Panameñistas propusieron privatizar sistema de salud
Los diputados panameñistas que hoy se oponen a la Ley 69, que permite al Ministerio de Salud (Minsa) y a la Caja de Seguro Social (CSS) hacer contrataciones de médicos especialistas por un periodo de un año para atender a pacientes en sitios donde los galenos panameños no quieren laborar, presentaron en 2012 un anteproyecto de ley que buscaba convertir a Panamá en un centro turístico de medicina con ribetes de privatización.
Se trata del anteproyecto de ley 133, “que declara de interés nacional la medicina globalizada en Panamá”.
A través de esta propuesta, los panameñistas sugirieron que médicos especialistas, expertos en cirugía y otras áreas, llegaran a nuestro país para establecer sus clínicas, atender a pacientes extranjeros y a la vez cobraran sus respectivos honorarios a costa del dinero de los asegurados nacionales.
En otras palabras, este plan gestado desde las entrañas opositoras a la administración de Cambio Democrático, buscaba instalar una “Zona Libre Médica Internacional en Panamá”.
El proyecto comprendía seis capítulos, pero varios artículos del Capítulo II, que precisamente toca el tema de la zona libre médica, fueron los que provocaron que el propio proponente lo retirara, según dijo a este diario el diputado Pablo Vargas, presidente de la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional.
“El diputado Hugo Moreno fue el que solicitó la eliminación de ese proyecto; él sabrá por qué lo hizo... Es potestad del que lo presenta también retirarlo”, sostuvo el político del partido Molirena.
El artículo 12 del anteproyecto 133 dice textualmente que: “Los médicos que legalmente ejerzan la medicina en los Estados Unidos de América, de la Unión Europea y Asia puedan acompañar a pacientes suyos a someterse a cualquier procedimiento médico de cuidado y tratamiento de medicina globalizada en Panamá”.
Esto, a todas luces, es una de las primeras propuestas privatizadoras del sector salud, mencionó Julio Osorio, de la Comisión Médica Negociadora Nacional (Comenenal).
“Este proyecto tenía una buena intención desde el principio porque buscaba reglamentar todo lo relacionado a la traída de médicos extranjeros a Panamá. Pero sobre la marcha lo convirtieron en un negociado para privatizar el sector salud en Panamá”, mencionó.
Mientras, Yulissa Rodríguez, de la Asociación de Médicos Especialistas del Hospital Santo Tomás (HST), advirtió que la Asamblea Nacional está estudiando la posibilidad de llevar el proyecto ante el pleno de la Asamblea para su respectiva discusión.
“Es uno de los temas que hemos estado denunciando en medio del paro. Eso es un modelo privatizador de la salud pública que ya se ha aplicado en países como Colombia y en donde no han habido buenos resultados”, dijo Rodríguez.
Ante tal denuncia, este medio trató de contactar al diputado del Partido Panameñista Hugo Moreno, pero no contestó las llamadas realizadas a su celular.

Velocci esquiva la justicia y se refugia en La Prensa y otros Medios

El exdirectivo de la empresa Svemark y socio de Valter Lavitola, Mauro Velocci, no dudó en utilizar esta semana varios medios de comunicación para descargar su ira contra las autoridades panameñas, que no le aceptaron su propuesta de construir al menos cuatro cárceles modulares por un alto precio: 176 millones de dólares.
La PrensaRadio Panamá y Telemetro parecen haberse convertido en su refugio y centro de batalla.
En estos tres medios, Velocci ha encontrado espacios sin límites y micrófonos abiertos, a pesar de haber sido el personaje principal de una historia oscura de conspiración entre italianos, planes de extorsión, falsificación, droga y prostitución.
Sin embargo, cuando la justicia le pidió a Velocci ratificar sus acusaciones, siempre se negó. Ante la Procuraduría de Panamá, en 2012 se negó a presentarse a contestar un cuestionario dentro del proceso de investigación por la supuesta comisión del delito contra la administración pública y en el que se mencionaban varias autoridades locales.
El 11 de mayo de 2012, la Procuraduría solicitó a Italia una asistencia judicial para que se le realizara un cuestionario a Velocci, la cual fue recibida en noviembre de 2012. Pero Velocci decidió acogerse a su facultad de no contestar al cuestionario de la Procuraduría panameña.
Es decir, ante las autoridades Velocci afirma que no tiene nada que decir sobre supuestos pagos en Panamá, pero ante los medios locales asume otra actitud.
Entre el martes y jueves de esta semana, Velocci protagonizó varias entrevistas en Radio Panamá y el diario La Prensa para tratar de insinuar que su propuesta no fue aceptada porque no se pagaron coimas.
En tanto ayer viernes en Telemetro, se leyeron una serie documentos que envió Velocci.
Esto sin reconocer que fue el autor de una grabación alterada con el hijo del presidente Ricardo Martinelli Linares y Lavitola sobre el tema de las cárceles. Velocci hizo nuevas declaraciones a estos medios contradiciéndose en gran parte de su historia.
En Radio Panamá, el pasado 8 de octubre, Velocci sostuvo que Lavitola lo envió a que hablara con el hijo del presidente porque su familia necesitaba comprar un helicóptero y que aprovechara para tratar también el tema de las cárceles.
Velocci, en esa entrevista, dijo que él “no puede” hablar de coimas y mucho menos que él pagó coimas en la negociación del proyecto de las cárceles modulares. “Yo no hice pago, eso es lo que se habla de los fiscales de Italia. Yo no tengo nada que pueda adjuntar a la investigación. Yo soy testigo. Yo no sé nada del asunto de esta investigación. El rol mío es ser testigo de lo que hizo Lavitola. Solo los jueces pueden decir si fue coima”, indicó Velocci.
El pasado jueves, Velocci, calificado como una persona adicta a la cocaína y otros vicios, volvió a dar declaraciones a La Prensa y dijo aceptar el reto del presidente Ricardo Martinelli de someterse a la prueba del detector de mentiras.
El mandatario indicó el pasado jueves que la grabación que se ha dado a conocer era parte de un plan de extorsión en su contra por parte de Velocci y Lavitola.
Cabe destacar que las diligencias de la Procuraduría panameña también se enfocaron en conocer en detalle el expediente de Lavitola, pero las autoridades italiana solo respondieron la información de la formulación de imputación y la aplicación de medidas cautelares a Lavitola.
El 25 de marzo de 2013, la Fiscalía Tercera Anticorrupción solicitó al Órgano Judicial en auto sobreseimiento definitivo de carácter objetivo e impersonal.
“Esta petición de la fiscalía se fundamentó en que no se comprobó que ninguna de las personas señaladas en la investigación haya entregado o prometido u ofrecido a algún funcionario público panameño algún donativo, promesa o dinero; con el fin de otorgar el contrato para el diseño, construcción y equipamiento de cuatro ciudades carcelarias”, explicó el pasado miércoles la Procuraduría. Señaló que además Velocci, quien podría brindar mayores detalles sobre las presuntas conductas objeto de investigación, se acogió a la facultad que le otorga la ley italiana de no contestar el cuestionario que remitió el Ministerio Público.