La población contempla como la oposición destruye la institucionalidad del país para no desaparecer del escenario político.
Durante varios días las tropas de choque de los grupos que se oponen al gobierno se han dedicado a cometer actos vandálicos contra la sede de la Asamblea Nacional, para evitar la aprobación de las reformas electorales con las que, entre otras cosas, se entierra el injusto voto en plancha que hasta ahora le ha dado predominio a los dos partidos tradicionales.
La ciudadanía ha sido testigo el proceder del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y del Varelismo, quienes han utilizado al pueblo para fomentar la violencia y provocar enfrentamientos, lo que podría desencadenar en un scenario de más violento, tal como hicieron en Changuinola y San Félix, donde pudieron asestar un golpe contra el gobierno constitucional.
El desprecio de estos grupos por el sistema democrático es tan grande, al igual que la desesperación que sienten por la aprobación de las reformas electorales, que los medios de prensa han reconocido las intenciones del diputado José Luis “Popi” Varela y del médico suplente, Grimaldo Córdoba en utilizar sustancias químicas tóxicas para evitar las sesiones parlamentarias.
Es vergonzoso ver a los gremios empresariales y a los medios de comunicación al servicio del poder económico, apadrinando estos actos de terrorismo incitando de manera indirecta y solapada, a que se cometa contra instituciones privadas, perdiendo autoridad moral para hacer llamados a la solidaridad ciudadana.
De igual manera, es penoso ver a figuras sindicales y a la llamada sociedad civil prestándose para dirigir turbas en contra de la institucionalidad del país y a los medios de comunicación calificando como “pueblo” a quienes reciben dinero para perturbar el pleno de la Asamblea Nacional y poner en riesgo la integridad de los diputados, funcionarios y otras personas que acuden a realizar aportes y observar el proceso de debate democrático.
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