La investigación que lleva adelante el Ministerio Público sobre el supuesto fraude en la inscripción de al menos 88 fincas del Estado por una red en la que se menciona a cuatro hermanos del diputado Freidi Torres y otros de sus familiares, también parece tener otras vinculaciones políticas y de negocio.
En la investigación que llevan al menos cuatro fiscalías, salió a relucir que una de las personas en la lista con orden de conducción es Roy Torres, electo la semana pasada como quinto miembro principal del Comité de Ética y Disciplina del Partido Revolucionario Democrático (PRD) por la “Ola Azul” que encabeza Juan Carlos Navarro. Además de asistente del primer subsecretario del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) recién electo del PRD, Javier Martínez Acha.
Roy Torres es investigado por su participación como exfuncionario del Registro Público en el periodo que se inscribieron, de forma irregular, las 88 fincas del Estado a favor de un grupo de familiares del diputado Torres y otras dos figuras del PRD en Veraguas. Se pagaron entre 5 y 6 dólares por cada hectárea, en terrenos valiosos frente al mar e islas como San Miguel.
Se intentó conocer una reacción por vía telefónica de Torres y de Acha, pero no hubo respuestas.
Según información judicial, en la Dirección de Reforma Agraria no existen registros que sustenten las resoluciones que avalaron la inscripción de estas propiedades en el Registro Público. Para ese entonces la directora de Reforma Agraria era Nadia Moreno, exasistente del diputado Torres en la Asamblea Nacional.
Moreno es una de las personas que ya se presentó a declarar por el escándalo de estas 88 fincas, mientras otras seis personas, entre ellas el cabecilla de la red, José Torres, tienen medidas cautelares, luego de haber estado arrestados en la Dirección de Investigación Judicial por tres días. Torres es primo del diputado Freidi Torres.
Dentro de la investigación también salieron a relucir al menos tres fincas que pertenecían al Estado con 534 hectáreas de extensión en el distrito de Santa Fe, Veraguas, que quedaron en manos de familiares cercanos al exdiputado Pedro Miguel González.
Se trata de las fincas 59935, de 181 hectáreas, inscrita a favor de José Vernaza Castillo; la 59913, de 175 hectáreas, inscrita a favor de Leonidas Delgado Castillo, y la 59912, de 178 hectáreas, inscrita a favor de Lucía Cedeño González, adquiridas a 18 dólares la hectárea.
Pedro Miguel González al ser consultado sobre la vinculación de algunos de sus familiares en este proceso, respondió: “No tengo conocimiento de lo que me estás diciendo, de las personas que me has mencionado solo conozco a José Antonio Vernaza, es el presidente del partido en el distrito de Santa Fe, es mi tío, es un compañero cercano del equipo político”.
Agregó que Antonio Vernaza es una persona que tiene una larga trayectoria en la administración pública, goza de toda mi confianza y espero que él pueda aclarar eventualmente cualquier situación al respecto de ese proceso. “Por primer vez me entero que Vernaza tenga una relación con dicho proceso”, concluyó.
Cifras del oscuro negocio con tierras estatales
- 88 fincas del Estado habrían sido traspasadas ilegalmente por una red de personas con vínculos.
- 34 sociedades fueron utilizadas como pantalla para traspasar los títulos de estas fincas.
- 5 dólares a 6 dólares fue el precio pagado por hectárea en la mayoría de las inscripciones.
- 4 directivos y delegados nuevos del PRD son parte de la investigación que lleva el MP.
Fechas claves del proceso de investigación
- 20 DE AGOSTO Seis personas, entre ellas José Torres, fueron arrestadas por la Dirección de Investigación Judicial.
- 22 DE AGOSTO El diputado Freidi Torres reconoce que se trata de sus familiares y denuncia persecución política.
- 23 DE AGOSTO El Ministerio Público dictó medida cautelar contra los seis detenidos, pero aún quedan 12 órdenes de conducción pendientes.
No hay comentarios:
Publicar un comentario