La fase investigación por supuesta lesión patrimonial contra fondos del Instituto Panameño de Estudios Laborales (IPEL), por 163 mil dólares, concluyó ayer con una solicitud de llamamiento a juicio.
Son nueve los dirigentes sindicales a los que la Fiscalía Primera Anticorrupción les formuló cargos por peculado, tras los resultados de las auditorías hechas por la Contraloría General de la República a 10 organizaciones de trabajadores.
Las auditorías detectaron el uso irregular de los fondos del IPEL, provenientes del seguro educativo en el periodo del 1 de enero de 2007 al 31 de julio de 2009.
El mismo informe concluyó que gran parte de estos fondos se utilizaron en la compra de bebidas alcohólicas, viajes, compra de combustible, estadías en hoteles de playa y seminarios, cuyos participantes “no existen, eran menores de edad o difuntos”.
Se suman a las supuestas irregularidades en los informes trimestrales que 10 organizaciones sindicales presentaron al IPEL y gastos no justificados con documentación.
Las auditorías se basaron en los expedientes encontrados en las distintas organizaciones.
La Ley 74 que crea el IPEL, establece que le corresponderá velar por la distribución de los recursos provenientes del 5% del seguro educativo.
También sostiene que el uso de estos fondos solo será para la capacitación sindical, y el desarrollo de la educación social y económica del trabajador y empleador, contrastando con parte de los gastos que hicieron estas diez organizaciones sindicales auditadas.
La Fiscalía Primera Anticorrupción vinculó como posibles responsables de la comisión del delito de peculado a los dirigentes de los gremios: Mariano Mena, Alfredo Berrocal, Víctor Manuel Torres, Guillermo Puga, Elberto Luis Cobos, Cristóbal Muñoz, Aniano Pinzón, Armando Rangel y Gabriel Castillo.
La asignación global de fondos provenientes del seguro educativo, otorgados por el IPEL a las 10 organizaciones durante el periodo de la auditoría, ascendió a 3.9 millones de dólares, de los cuales 163 mil 933 no tienen justificación precisa en su desembolso.
La Ley 47 del IPEL establece que los dineros entregados deberían ser utilizados exclusivamente para la educación sindical, reiteró el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.
En el caso de la Central General Autónoma de Trabajadores de Panamá (CGTP), que dirige Mariano Mena; hizo desembolsos (2007-2009) de 363 mil 474 dólares en gastos administrativos y educativos, de los cuales 700 dólares fueron utilizados para compra de 50 litros de cerveza al Grupo Hangar. El informe no dio detalló el evento para el cual fue adquirida la bebida alcohólica.
En la Federación Nacional de Servidores Públicos y Trabajadores de Empresas de Servicios Públicos (Fenasep) el gasto injustificado fue mayor. El desembolso alcanzó los 18 mil 862 dólares en compra de celulares, pago por utilización de los servicios de cable, reparación y mantenimiento de vehículos, combustible y alimentación en actividades que no tenían como mínimo 20 personas, como lo establece la ley. De ninguno de estos gastos se presentó explicación escrita.
El secretario general del gremio, Alfredo Berrocal, aparece en la lista de beneficiados con los gastos injustificados, según destaca el informe de la fiscalía al que tuvo acceso
Convergencia Sindical, cuyo representante legal es Víctor Manuel Torres, hizo desembolsos por 29 mil 238 dólares en facturas por estadía en el Hotel Decameron de hasta por dos meses. En algunos casos, la reservación no incluía el nombre del huésped, ni los del seminario, charla o curso. En otras, el nombre del huésped registrado era menor de edad.
Los gastos sin justificación en la Confederación de Trabajadores de la República de Panamá (CTRP) fueron menor. Guillermo Puga, quien lidera la agrupación, presentó gastos por consumo de bebidas alcohólicas, compra de gasolina y mantenimiento de autos por 272 dólares sin precisar si se trató de personas agremiadas al sindicato o a terceros.
En la Central de Trabajadores de Panamá (CNTP) se realizaron compras de tarjetas de celulares por mil 552 dólares, compra de combustible y facturas alteradas de pagos que totalizaron los cuatro mil 163 dólares, sin que Elberto Cobos, secretario general de la CNTP, justificara con facturas claras.
Manuel de Jesús Tajú, quien lidera la Federación Sindical de Trabajadores de la República de Panamá (FSTRP), también aparece en el expediente. En esta agrupación, uno de los gastos fue de cinco mil 933 dólares en el pago de carreras técnicas de reparación de computadoras y redes a favor de Computer Corp, en el que no se mencionan los nombres de los sindicalistas beneficiados.
La Confederación Unión General de Trabajadores (UGT) se sumó a la lista. La agrupación presentó durante el periodo de la auditoría informes con la participación de un difunto, firmas que no coincidían y cuyos nombres no corresponden al número de cédula.
La Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi), en la que en el periodo 2006-2009 aparece Gabriel Castillo como secretario general, es otra de las agrupaciones que aparece con el supuesto uso irregular de seguro educativo. El gasto injustificado en esta organización es de 34 mil 653 dólares.
Aquí queda demostrado una vez más que la actividad sindicalista se ha convertido en "sindicalera", o sea, una forma descarada de delinquir, bajo el disfraz de las supuestas "luchas de reivindicación de los derechos de los trabajadores" y demás hierbas aromáticas.
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