La nueva norma jurídica, identificada con el No. 20 de 26 de marzo de 2013, establece la asignación mensual de 600 balboas a todas las víctimas reconocidas por esta afectación a su salud que será revisada cada dos años.
En el caso de que el beneficiario directo fallezca su viudo (a) o compañera (o) en unión de hecho mantendrá este derecho de percibir el 100 por ciento de este aporte.
Aquellas personas que, de conformidad con los criterios médicos que se han establecido, no se les encuentre afectación a su salud, serán reevaluados un año más tarde después de recibir ese dictamen, y esta práctica se llevará a cabo hasta un término de 5 años con el propósito de determinar si su condición de salud ha variado.
Con la sanción de esta Ley, que también lleva la firma del ministro de Salud, Javier Díaz, el Gobierno Nacional cumple otro de los reclamos de las víctimas que habían sido desatendidas por la pasada administración gubernamental.
Previo a la sanción de esta ley, la administración de Ricardo Martinelli creó un centro especializado en atención de los afectados por este veneno, la cual era una de sus aspiraciones.
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