El presidente de la República, Ricardo Martinelli, alertó que hay partidos de oposición que están recibiendo donaciones de otros países para sufragar sus campañas políticas con miras a las elecciones de mayo de 2014.
Aunque no especificó qué partidos son, afirmó que “en Panamá todo se sabe y todo lo que hacen lo dicen”, y les advirtió que eso no es permitido según las leyes vigentes.
Por otro lado, aseguró que el candidato presidencial de su colectivo Cambio Democrático (CD), tendrá su apoyo y que en su tiempo libre lo acompañará en su campaña política.
Igualmente aclaró que no piensa en reelección y que por el contrario, es de la opinión de que se debe reformar la Constitución para cerrar la ventana a la reelección inmediata que dejó el gobierno anterior.
“Hay una diferencia entre funcionario y ciudadano, y eso se podría interpretar de que el que está en el poder podría optar para una reelección inmediata; creo que vamos a tener que hacer los cambios constitucionales”, aseveró.
El mandatario en una entrevista a señaló que el candidato que salga electo en las primarias del CD, deberá “continuar con las obras y los cambios, y seguir con lo que hemos hecho bien”.
Reconoció que una alianza entre Juan Carlos Varela (Panameñista) y Juan Carlos Navarro (PRD) podría ponerle las cosas difíciles al CD en las elecciones, sin embargo, afirmó que la posibilidad de que se dé una alianza de ese tipo es bien remota.
“Dificulto que cualquiera de los tres candidatos se vaya a bajar y creo que todos van a llegar hasta el final”, analizó.
Por otra parte, dijo que uno de los mayores problemas que ha tenido que enfrentar su Gobierno ha sido el del sistema de transporte y le advirtió a la empresa concesionaria Mi Bus la necesidad de reforzar su flota.
“Tienen que comprar más buses, estos señores tienen que cumplir el contrato porque yo no les voy a permitir que sigan abusando de los panameños y no estén dando el servicio de transporte por el que se les contrató y se les dio la exclusividad”, afirmó.
Igualmente, dijo que se convocará a los diputados de la Asamblea Nacional a sesiones extraordinarias para aprobar la ley que protege a los empleados públicos que hayan sido destituidos en forma injustificada con una compensación económica y liquidación, tal como ocurre con los trabajadores del sector privado.
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