La Dirección General de Ingresos (DGI) presentó ayer un recurso de recusación contra el magistrado de la Corte Suprema de Justicia Jerónimo Mejía, para que se declare impedido en el caso del amparo de garantía solicitado por la empresa Desarrollo Golf Coronado S.A. contra el proceso de supuesta evasión fiscal por más de 3 millones de dólares.
De acuerdo con el recurso de recusación, Mejía tendría “nexos” con el propietario de la empresa, Ithiel Roberto Eisenmann, a través de su firma de abogados Mejía & Asociados, lo que le impediría ser imparcial a la hora de votar sobre los recursos que ha interpuesto.
“Resulta evidente que el señor Eisenmann y el magistrado Mejía en más de una ocasión han mantenido vínculos laborales, producto de los diferentes negocios jurídicos que este último le ha manejado a través de su firma, por lo que se ha elevado al pleno de la Corte la inquietud, con el propósito de que analice su participación en el proceso”, reiteró una fuente vinculada al proceso.
Mejía es el único magistrado que no ha firmado los fallos en los que el pleno de la Corte decidió no admitir dos de los tres amparos de garantías pedidos por Desarrollo Golf Coronado S.A.
El magistrado mantiene engavetados estos fallos hace más de cuatro meses, y el asunto toma vigencia hoy, cuando el pleno de la Corte tiene en agenda resolver el tercer amparo solicitado.
Mientras Mejía no emita su voto o se declare impedido, el caso por evasión fiscal en contra de la empresa de Eisenmann no podrá resolverse en el Tribunal Administrativo Tributario.
Uno de los casos que ha expuesto la DGI para defender su recurso de recusación es la noticia publicada en sobre la denuncia presentada por la firma Mejía & Asociados contra la empresa Transcaribean Trading, luego de que sus empleados cerraran los accesos a la Corporación La Prensa, empresa en la que Eisenmann sigue siendo presidente vitalicio.
“Lo que se quiere es que el pleno de la Corte entre a verificar la situación del magistrado, quien por los vínculos directos puede esbozar un criterio distorsionado del asunto por tratar, o en su defecto, se vea comprometido su juicio a la hora de realizar un planteamiento respecto de este caso”, dijo una fuente de la DGI.
De acuerdo con informes del alcance fiscal de la DGI, la empresa incurrió en deficiencias en sus declaraciones de impuestos sobre la renta en los periodos 2008, 2009 y 2010, que suman 2 millones 83 mil 590 dólares. Además, 992 mil 765 dólares como parte del Impuesto de Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de Servicios (ITBMS) no pagado por la empresa.
En mayo del año pasado, la DGI emitió una orden de secuestro contra 35 fincas de Desarrollo Golf Coronado, aduciendo que necesitaba garantizarle el cobro al Estado.
Tras ello, Eisenmann ha presentado tres amparos de garantías y dos advertencias de inconstitucionalidad.
Fuentes judiciales revelaron que las dos advertencias de inconstitucionalidad fueron declaradas “no viables” por el pleno de la CSJ, aunque aún no se ha comunicado oficialmente.
Estos dos recursos pedían que se declararan inconstitucionales tres artículos del Código Fiscal y el artículo 15 de la Ley 57 de 1978, que regula la profesión del contador público autorizado.
En noviembre de 2012, la CSJ decidió no admitir por improcedentes dos de los amparos de garantías interpuestos por Desarrollo Golf Coronado S.A. para paralizar los dos alcances fiscales, que suman 3 millones de dólares.
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