Las víctimas del envenenamiento masivo por dietilenglicol tendrían derecho a una pensión vitalicia de 600 dólares, cuyo monto sería revisado cada dos años y pagado por el Gobierno.
Así lo establece un proyecto de ley que presentó ayer ante el pleno de la Asamblea Nacional, el ministro de Salud, Javier Díaz, y que se espera sea discutido a partir de mañana.
El proyecto de ley, que debe entrar a regir al día siguiente de su promulgación, establece modificaciones a la Ley 13 de 2010, que da seguimiento de los derechos de las víctimas de la intoxicación masiva ocurrida en el año 2006.
La pensión vitalicia, que es el punto central del proyecto de ley, será de carácter especial, por lo que no será objeto de gravámenes ni embargos.
En el caso de que la víctima fallezca, su viudo o viuda tendrá el derecho a seguir percibiendo el 100% de esta pensión, siempre y cuando no tengan hijos menores de 18 años, o de 25 que estén cursando estudios universitarios o sean inválidos. Si la víctima no tuvo pareja o hijos, entonces el 100% del subsidio le corresponderá a los padres que le sobrevivan.
El pago del subsidio se generará a partir de su solicitud a favor de aquellas víctimas reconocidas por su afectación de salud.
Los pagos serán entregados por la Caja de Seguro Social (CSS), luego de que el Tesoro Nacional haga viable la partida presupuestaria y los desembolsos al ministerio de Economía y Finanzas.“Es un mecanismo de resarcimiento a las necesidades de atención médica oportuna que experimentan las personas que en su momento fueron afectadas por el consumo del tóxico”, explicó el ministro Díaz, en la exposición de motivos.
El proyecto también establece que a las personas sometidas a evaluaciones médicas no se les negará la atención integral médico asistencial y tendrán derecho a ser dotadas de medicamentos gratis en la CSS y el Ministerio de Salud, mientras no se concluya el diagnóstico y sean reconocidas como víctimas por el envenenamiento masivo con dietilenglicol.
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