De el periódico “La Prensa”. 25 Dic. 1998 - El título de ministro de Estado confiere algunos privilegios en este país, en especial cuando se desea comprar una casa en las áreas revertidas.
A mediados de año, la transparencia de la Autoridad de la Región Interoceánica y principalmente la de su administrador, Nicolás Ardito Barletta, quedaron en entredicho cuando una serie de reportajes publicados en este diario revelaron que la ARI, de manera directa y sin concurso de precios, adjudicó dos de las mejores casas de Albrook (las #56 y #57), a los entonces ministros Mitchell Doens y Francisco Sánchez Cárdenas. Otras dos casas también fueron adjudicadas de manera directa a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Graciela Dixon (que anteriormente fue vicepresidenta de la Junta Directiva de la ARI) y Eligio Salas.
En lo que respecta a Doens y Cárdenas, ninguno de ellos pagó por encima del precio base de las casas, lo cual representa un ahorro más que significativo, cortesía del pueblo panameño.
Como se recordará, la casa #56 fue presentada a concurso de precios y después retirada por la ARI sin ninguna explicación, para posteriormente ser adjudicada directamente por Ardito Barletta. Un reglamento de la institución establece que solo aquellas personas que eran arrendatarias al 22 de agosto de 1996, tienen el derecho a la primera opción de compra. Ni Doens ni Sánchez Cárdenas tendrían derecho a compra, ya que estas casas revirtieron el 1 de octubre de 1997.
Al menos en el caso de Doens, este, de hecho, compró su casa en enero de este año, aunque la ARI meses después revirtió la venta.
Sánchez Cárdenas también, por lo que se sabe, no solo quiere arrendarla, sino comprarla. Emelis Cileyda de Doens entregó a la ARI un cheque por la suma de 130 mil 167 dólares con 93 centavos, con el propósito de cancelar el saldo de la vivienda. Posteriormente, en medio de la indignación pública, la ARI dio a conocer que le devolvió la plata a la señora de Doens.
Como se recordará, ambos ex ministros estuvieron de compras en una mueblería en Taiwan, donde hicieron varios encargos a ser depositados en sus futuras viviendas en Albrook. El alquiler a los ministros fue, a todas luces, moralmente cuestionable, al punto de que fueron muchas las voces que se alzaron exigiendo –sin mucho éxito, por cierto– la inmediata renuncia de Ardito Barletta.
El administrador de la ARI todavía no había dado explicaciones satisfactorias (ocupado, más bien, en la tarea de encubrir los hechos), cuando salió a la luz pública que otro funcionario estatal también se había instalado en Albrook, bajo términos bastante irregulares.
El ex gobernador de Chiriquí y actual director de la DIMA, Ricardo Saval, se mudó de buenas a primeras en la casa #16 de Albrook. Al principio, la ARI negó enfáticamente el hecho, mediante comunicados públicos. Sin embargo, un recibo del IRHE, girado a nombre de Saval y correspondiente a la casa en cuestión, no deja dudas al respecto. Ardito Barletta, tras esta revelación, se excusaría argumentando que, a falta de vivienda, la ARI, generosamente, le prestó una casa a Saval, dado que este no tenía techo bajo el que cobijarse.
Saval no figura en la lista de personas con casa alquilada en las áreas revertidas ni entre quienes han comprado, por lo que se supone que vive a expensas –o a costillas– de los panameños.
En medio del lío de las casas adjudicadas directamente, la junta directiva se lavó las manos. La responsabilidad, como bien advirtieron sus miembros en ese momento, compete estrictamente a Ardito Barletta, que, pese a reiteradas solicitudes, se negó a publicar la lista de personas agraciadas con esta medida.
Cárdenas, Doens y Saval son, sin duda, los casos más notorios. Pero, ante la parquedad del administrador, cabe preguntarse: ¿acaso serán los únicos?
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