Ayer, el candidato del PRD, Juan Carlos Navarro, señaló que en su programa de gobierno “El Plan para Todos” incluye auditorías forenses para que se investiguen no solo los escándalos del actual gobierno, sino también de gobiernos pasados, incluyendo a los del PRD.
El 10 de julio de 2012 el magistrado fiscal Abel Zamorano, encargado de la investigación que instruye la Corte Suprema por el supuesto pago de sobornos a legisladores para la aprobación en 2001 del contrato del Cemis, pidió al pleno enjuiciar al expresidente Torrijos por corrupción de servidores públicos.
Zamorano señaló que había pruebas testimoniales y audiovisuales para demostrar que fue Torrijos, como secretario general del PRD, quien en diciembre de 2001 dio la orden de distribuir entre los legisladores de esa bancada $200 mil para aprobar el contrato del Cemis.
El expediente incluye los testimonios de los testigos protegidos Gabriel y Juriel, así como las conversaciones sobre el caso entre el expresidente Ernesto Pérez Balladares, el exministro Roosevelt Thayer y el exlegislador Manuel De La Hoz, donde este último relata en detalles el tema del pago de los sobornos.
El caso se detuvo cuando Torrijos mandó una carta al Parlacen renunciando a su inmunidad, pero ese foro no ha respondido si acepta o no esa renuncia.
El caso ya tiene más de 12 años de estar dando vueltas en los tribunales. El escándalo estalló el 16 de enero de 2002 cuando el hoy también diputado Carlos Afú, afirmó que tras la aprobación del proyecto del Cemis, se le entregaron sobres con dinero a miembros de la Asamblea Legislativa.
En julio de 2009 el pleno de la Corte Suprema de Justicia ordenó la reapertura del proceso que había archivado en septiembre de 2003.
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