Tres administraciones han estado involucradas en este caso de envenenamiento masivo y no ha sido hasta la actual gestión cuando se ha logrado aprobar una compensación vitalicia, creando un precedente a favor de los afectados, ante la irresponsabilidad de un gobierno que no ejerció los controles correspondientes.
Ha sido esta administración la que ha asumido la responsabilidad de reparar los errores de otro y de hacer los pagos señalados a favor de los afectados, ya que quienes con anterioridad administraron el país no tuvieron la voluntad política de hacer frente a esta grave situación.
Es importante destacar la férrea voluntad de los numerosos afectados por la tóxica sustancia que lograron llegar a un acuerdo con el gobierno, sin la necesidad de recurrir a tribunales internacionales que hubieran dilatado la decisión de lograr un pago que mitigara su situación.
La acción del gobierno del presidente Ricardo Martinelli ha sentado las bases para que el Estado panameño haga frente a sus responsabilidades, como un ciudadano más, ante la ley y la Constitución.
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