Se menciona nueve casos; de esos, cuatro califican como escándalos políticos y cinco como escándalos de corrupción
GERARDO BERROA LOOJOSE QUINTERO DE LEON
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¿Cuál ha sido el escándalo del Centenario? Esa fue la pregunta formulada a los lectores de La Prensa web. En total, se recibieron 524 respuestas a través de correos electrónicos. El caso CEMIS obtuvo el dudoso honor de ser el más popular, seguido, muy de cerca, por otro no menos “popular”, la equiparación a Panamá Ports mediante la cual el Gobierno generosamente le condonó el pago de más de mil millones de dólares al Estado panameño.
Curiosamente, los dos mayores escándalos del Centenario –quizá por su proximidad temporal– se dieron bajo la actual administración de Mireya Moscoso.
Sin embargo, las respuestas fueron diversas, desde la firma del tratado Hay-Bunau Varilla hasta el multimillonario desfalco de la Caja de Seguro Social en un proyecto de viviendas.
Para el veterano periodista Cristóbal Sarmiento –quien comenzó en los quehaceres de la pluma en la década del 40–, los casos más escandalosos del Centenario son el asesinato del presidente José Remón Cantera y el desfalco de la CSS, puesto que tanto el uno como el otro quedaron impunes, pese a su gravedad.
Los lectores de La Prensa web mencionaron nueve casos como los más escandalosos en los últimos cien años. De esos, cuatro califican como escándalos políticos y cinco como escándalos de corrupción, que, por su magnitud, reciben un tratamiento más extenso.
Los escándalos políticos
Tratado Hay-Bunau Varilla
¿Por qué este caso es escandaloso? Para los lectores, Philippe Bunau-Varilla fue quien entregó a perpetuidad el territorio canalero a Estados Unidos, embarcando el país en una lucha de casi un siglo para recuperar su soberanía plena.
Esa lucha costó la vida a muchos panameños, especialmente en aquel fatídico 9 de enero de 1964, cuando más de 20 panameños perdieron la vida en un enfrentamiento con el Ejército de Estados Unidos.
El asesinato de Remón
El 2 de enero 1954 fue asesinado el entonces presidente de la República, José Remón Cantera, mientras asistía a una carrera de caballos en el hipódromo Juan Franco. Nunca se supo quién cometió el magnicidio.
El golpe de Estado de 1968
El entonces presidente, Arnulfo Arias Madrid, fue derrocado por un golpe militar que encabezaron Omar Torrijos y Boris Martínez el 11 de octubre de 1968. Los uniformados se mantuvieron en el poder, a partir de entonces, durante 21 años, hasta que fueron depuestos por la invasión estadounidense del 20 de diciembre de 1989.
El fraude de 1984
Según relató el ex magistrado del Tribunal Electoral César Quintero (q.e.p.d.), la Junta Nacional de Escrutinio (que integraban políticos de ambos bandos) no se puso de acuerdo. Aparentemente, cada uno tenía su propio conteo de votos. Sin embargo, aunque las elecciones de 1984 fueron reñidas, ‘‘Arnulfo las ganó por unos 2 mil votos’’, aseguró el ex magistrado.Pero el resultado oficial fue otro: Arias Madrid se tuvo que despedir de la Presidencia, pues la victoria le fue reconocida a Nicolás Ardito Barletta por mil 713 votos. Desde entonces, el presidente –y luego ex presidente– fue conocido también como Nicolás fraudito Barletta.
El fraude, según el desaparecido magistrado, fue fraguado enviando a “el bachiller [Carlos] De Sedas y a Menalco Solís a los circuitos indígenas de Chiriquí”.
‘‘Yo salvé mi voto de reconocimiento [a la victoria del candidato oficialista], a pesar de que sabía que Barletta estaba en mejor condición que Arnulfo para hacer un gobierno de transición’’. Aun así, Arias Madrid había ganado, dijo en su momento Quintero.
‘‘Hasta hice la observación: caramba, a esos indios hay que reconocerlos por ser tan ordenados... y es que todas las actas eran múltiplos de 10, terminaban en 70, 80 ó 100 votos’’, recordó.
Escándalos de corrupción
El desfalco de la CSS
Se trata de uno de los mayores escándalos del país. En 1981, la Caja de Seguro Social (CSS) decidió aprobar el denominado Programa Colectivo de Viviendas. Un total de 38 empresas fueron beneficiadas con el megaproyecto para la construcción de 10 mil viviendas en varios puntos del país.
En resumen, según la investigación que hizo el entonces fiscal de la causa, Carlos Cuestas, el caso resultó en una “megamalversación” de fondos públicos. Resulta que la investigación probó hechos irregulares, por decir lo menos. Por ejemplo:
- No había contratos entre la CSS y los promotores, para justificar los adelantos en efectivo y bonos;
- Las fianzas de cumplimiento de los contratos con la CSS –por un monto de 91.4 millones de dólares con 38 promotores– no fueron formalizadas;
- El Ministerio de Vivienda nunca aprobó los polígonos que debían hipotecarse;
- Los polígonos a hipotecarse no fueron delimitados, por lo que no se podía conocer el espacio exacto de las casas en estos ni las condiciones de la tierra;
- Algunos de los proyectos se estaban ejecutando en polígonos que no eran propiedad de los promotores;
- Otros proyectos se ejecutaron sobre fincas hipotecadas a terceros;
- Las compañías de seguros expidieron fianzas de cumplimiento sobre contratos inexistentes.
Además, se contrataron dos pólizas de seguro, una por 214 millones de dólares, por el riesgo de vida y otra por 171 millones de dólares para dar cobertura en caso de incendio de las 10 mil viviendas... no construidas.
Por la contratación de estas pólizas hubo quienes se cobraron comisiones. Según relata Cuestas en su libro Memorias de un fiscal, el escándalo de la Caja de Seguro Social, tres cheques de más de 150 mil dólares fueron girados a favor del Partido Revolucionario Democrático (PRD) para pagar comisiones por la contratación de estas pólizas. Es decir, al parecer, en aquel entonces el PRD también era corredor de seguros.
Por este “megaescándalo” fueron condenadas varias personas en primera instancia, entre ellos Abraham Saied, entonces director de la CSS; y los miembros de la Comisión Evaluadora del Programa Colectivo de Vivienda: el doctor Ricardo Fábrega Sánchez; el licenciado Martín Burgos Velarde y el ingeniero Wallace Ferguson.
En el caso de Fábrega Sánchez y Martín Burgos, se descubrió que eran beneficiarios directos del Programa Colectivo de Vivienda, lo cual explicaría muchas cosas.
El fallo del entonces juez segundo de circuito, Rogelio Saltarín, se dictó a mediados de mayo de 1983. Sin embargo, fue apelado y el caso pasó al Segundo Tribunal Superior de Justicia donde se le perdió el rastro. En total, la CSS perdió más de 100 millones de dólares en esta trágica aventura, cuyas consecuencias son ahora más evidentes que nunca.
El caso COFINA
Cuando los militares, liderados por Omar Torrijos Herrera, comenzaron a definir su control sobre el país, sus asesores recomendaron crear una banca de fomento para promover el desarrollo de la mediana y gran empresa. De esta manera, alegaban, se impulsaría la economía del país, se crearían nuevas fuentes de empleo y se lograría el apoyo político de una nueva clase económica.
Así nació la Corporación Financiera Nacional (COFINA) mediante Ley de 1975 y, de inmediato, los amigos del régimen cayeron –cual buitres sobre carroña– sobre sus fondos. En seguida iniciaron el trámite de grandes préstamos basados en promesas de proyectos que traerían pingües ganancias para el Estado.
El criterio para otorgar los préstamos de COFINA estuvo basado más en el amiguismo que en prácticas financieras sanas.
De las investigaciones realizadas a mediados de la década del 80 –entre ellas la de la entonces fiscal Ana Isabel Belfon– se descubrió que se otorgaron más de 50 créditos sin suficientes garantías ni la debida supervisión de los proyectos. Por si fuera poco, algunos de los beneficiarios montaron empresas de papel o inexistentes para tener acceso a los créditos. En otros casos, los proyectos nunca se iniciaron, pero los dineros sí llegaron a salir.
Oscar Navarro, industrial y político panameño, decidió denunciar el descontrol que reinaba en COFINA y en 1984 interpuso una querella criminal contra un grupo de funcionarios allegados a los militares y miembros del partido oficialista, el PRD. Navarro los acusó de presunto peculado por un monto de 80 millones de dólares en perjuicio de la Corporación.
En la lista figuraban Olmedo Miranda, Pedro Rognoni, Rafael Mezquita, Jaime Trujillo, Victoriano Montero, Juan Gaudeano, Leovigildo Gutiérrez, Pedro Mora, Brenda López, Luis Arias De Icaza, Aracelys Méndez, Atala Filós, Ramiro Sosa, Federico Ardila, Julio Aquino, Carlos Echevarría, Fátima Herrera, Edith Tello y Ricardo Jiménez, entre otros.
Después de 14 años de la denuncia de Navarro, los tribunales resolvieron decretar la prescripción de las sumarias, lo que dejó a Navarro cual Quijote en su lucha contra molinos de viento.
Todo se concatenaba. Los préstamos fraudulentos se habían otorgado durante la gestión del presidente Aristides Royo (1978-1981) y la gestión de Ernesto Pérez Balladares, en su calidad de ministro de Hacienda y Tesoro. La prescripción se decretó en 1994, justamente cuando empezó a gobernar el país el hoy ex presidente Pérez Balladares.
Fue, precisamente, Pérez Balladares quien otorgó indulto a Eduardo Tejeira Morales, Pedro Rognoni, Leovigildo Gutiérrez, Rafael Mezquita, Jaime Trujillo y Edgar Ameglio, uno de los últimos gerentes de COFINA. El único que no pudo agradecerle el favor al presidente Pérez Balladares fue Ameglio por estar fuera del país en calidad de embajador. Ameglio pudo disfrutar de la total tranquilidad cuatro años más tarde, en 1998, cuando los tribunales decretaron la real prescripción de las sumarias sobre su participación en este caso.
Pero la mala suerte de la Corporación no cesaba. El 20 de agosto de 1999, un grupo de auditores de la Contraloría fue enviado por el contralor general encargado, Gustavo Pérez, para revisar sus libros, luego de que fuera denunciada una extraña reducción de la deuda que mantenían los propietarios del Hotel Caesar Park –antiguo Hotel Marriott– de casi cuatro millones de dólares, la cual inexplicablemente fue ordenada por el Consejo Económico Nacional (CENA) y luego refrendada por el Gabinete del presidente Pérez Balladares, dejándola en un millón 500 mil dólares.
Van Dam
En uno de sus encuentros con el entonces presidente venezolano Carlos Andrés Pérez, a fines de los 70, el general Omar Torrijos Herrera le solicitó apoyo para construir un nuevo puente sobre el Canal de Panamá, tomando en cuenta que el viejo puente de las Américas ya no llenaba las expectativas de tránsito entre la ciudad de Panamá y el resto del país.
Pérez accedió y gestionó la ayuda a través de FIVEN (Fondo e Inversiones de Venezuela), una especie de COFINA, sólo que con un radio de acción más amplio. La ayuda se pactó en 1980, por un monto de 100 millones de dólares, pero con la condición de que la fabricante del nuevo puente sería una empresa venezolana y la constructora, una panameña.
El entonces presidente Aristides Royo dijo que la obra sería sometida a licitación internacional, pero ello fue desmentido por la Gaceta Oficial que promulgó el contrato. La misma fue adjudicada a la empresa venezolana Industrias Metalúrgicas Van Dam, que fabricaría las estructuras, en tanto que las obras estarían a cargo de la compañía Sosa & Barbero Constructores. El contrato también incluyó otras cláusulas que beneficiaban a los amigos del régimen. Por ejemplo, las tareas de inspección serían realizadas por la Constructora Lakas, S.A.
Lo único que fue sometido a licitación internacional fue el diseño del puente, que fue ganada por una firma inglesa –Cleveland Bridge Engineering–, que hasta la fecha sigue reclamando el pago de su trabajo.
En 1981, el Gobierno de Caracas inició el desembolso de los dineros con lo que se dio inicio al alquiler de equipo, movimiento de tierras (Arraiján-Cocolí), construcción de las torres principales, encofrado para pilotes, parte del tablero de la luz del puente y otros trabajos no facturados, valorados en varios millones de dólares, incluyendo la inspección, a pesar de que el puente no había sido terminado.
Pero entonces desapareció el “hombre fuerte” de Panamá, el general Torrijos, el 31 de julio de 1981. Poco después, el presidente Royo fue “renunciado” (hecho que fue conocido como ‘el gargantazo’) y fue reemplazado por su segundo, Ricardo De La Espriella.
En virtud de los desmanes en la administración de las obras del puente –que hizo eco en Caracas–, los trabajos comenzaron a atrasarse. Fue entonces que De La Espriella, aduciendo que la economía nacional no atravesaba su mejor momento, ordenó suspender las obras.
A la sazón, Panamá también construía la hidroeléctrica La Fortuna, cuyo costo –100 millones de dólares– también tenía acogotado al Estado.
Según el encargado de las obras del puente, el entonces director de Proyectos, Rogelio Dumanoir, esta fue la principal razón de la suspensión. Sin embargo, Dumanoir no alude las continuas acusaciones de corrupción en la administración que se hicieron en esos tiempos acerca del dinero.
El escándalo fue mayúsculo. Las estructuras del puente aún reposan en Puerto Ordaz y La Victoria, en Venezuela. En Panamá y Caracas, el Consorcio Van Dam-Sosa & Barbero no se cansó de exigir una indemnización por los daños percibidos que, inicialmente, ascendían a 24.5 millones de dólares, pero que ellos calculaban en 65 millones, incluyendo los quince millones de dólares de la consultora inglesa creadora del diseño del malogrado puente “Simón Bolívar”.
Pese a que Sosa & Barbero fue la beneficiaria de la dictadura, nunca logró ser resarcida por los daños y perjuicios sufridos en ese período. Sus directivos debieron esperar el retorno de la democracia, y no fue sino hasta el 20 de mayo de 1999, cuando un Tribunal de Arbitraje, al que fue sometido el conflicto, resolvió condenar al Estado panameño a pagar únicamente 20 millones de dólares al Consorcio Van Dam-Sosa & Barbero.
Es importante señalar que, aunque la Corte Suprema de Justicia, en uno de sus ya históricos fallos, determinó la nulidad del contrato de construcción del segundo puente, las demandas legales siguieron su curso. Incluso, en 1995, la misma Corte exoneró de responsabilidad al ex presidente Ernesto Pérez Balladares, en aquel entonces ministro de Hacienda y Tesoro, mientras que Aristides Royo y su vicepresidente Ricardo De La Espriella, tras ser investigados, no fueron inculpados.
La equiparación
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| Puerto de contenedores Panama Ports, Balboa |
Una resolución del Ministerio de Comercio e Industrias, fechada 13 de mayo de 2002 y suscrita por el jefe de esa cartera, Joaquín Jácome, eliminó dos cláusulas del contrato entre el Estado y la empresa Panamá Ports Company (PPC), concesionaria de los puertos de Balboa y Cristóbal.
Esas dos cláusulas eliminadas obligaban a PPC a pagar al Estado panameño 22.2 millones de dólares anuales durante 50 años, así como el 10% de sus ingresos brutos. Con esta resolución, PPC logró la “equiparación” de su contrato con el de la Colon Container Terminal (Evergreen), firmado en 1996.
El anuncio de que de un solo plumazo Jácome perdonaba mil millones de dólares a PPC levantó un revuelo en la opinión pública, que llevó a un grupo de legisladores de oposición a interponer una demanda contencioso-administrativa de nulidad ante la Sala Tercera.
El caso está en manos del magistrado Winston Spadafora, quien llegó a la magistratura en medio de un escándalo político en la Asamblea Legislativa.
La impunidad del caso CEMISAfú denunció que ese dinero formaba parte de los 20 mil dólares que le ofrecieron a los legisladores por la aprobación del proyecto CEMIS. Aseguró que él tomó ese dinero para presentarlo como “prueba” de su denuncia.
El caso pasó a la Corte Suprema de Justicia, que se pronunció en octubre pasado. Seis de los nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia firmaron un fallo en el que no solo anularon todo lo investigado por la Procuraduría General de la Nación, sino que cerró las puertas para que este caso pudiera ser reabierto.
El fallo se basó en una resolución de la Asamblea Legislativa que no aceptó que los legisladores se levantaran la inmunidad para que fuesen investigados por el Ministerio Público y porque este último no contaba con autorización para investigarlos.
Otros casos
Aunque en la lista figuran los nueve principales casos, los lectores de La Prensa Web mencionaron algunos otros. Por ejemplo, la ratificación de los magistrados de la Corte Suprema, Winston Spadafora y Alberto Cigarruista; la privatización de las empresas estatales INTEL e IRHE y la construcción de los corredores Norte y Sur.
