Cristóbal Silva / Ingeniero
Muchos nos preguntamos bajo qué argumentos podría la Corte Suprema de Justicia optar por la reelección del magistrado Gerardo Solís, a quien se le vence su plazo como magistrado presidente del Tribunal Electoral el 15 de noviembre del 2012.
Que Solís diga ahora que aceptaría una reelección si se la ofreciera la Corte, es un acto desleal e impropio para con los 47 abogados que se han presentado a un concurso público y que ya han pasado por periodo de observaciones de la ciudadanía y por una entrevista con el pleno de la Corte.
Ahora aparece un “juegavivo” -además de oportunista y aprovechado- se quiere “colar” sin hacer la fila, pretendiendo ponerse delante de todos los demás. A todas luces esto no es un acto cívico y ético. Un profesional íntegro tendría que declinar de plano la posibilidad de una posible reelección, por el respeto a sus colegas que están concursando y por no haber participado en la convocatoria.
Solís se ha convertido en una figura controversial, generando comentarios adversos a su desempeño en virtud de varias decisiones, consideradas por varios juristas entendidos en la materia electoral, como desacertadas y con un sesgo político. Recientemente, una encuesta publicada en los diarios locales indicaba que un 82% de la población con capacidad electoral no tenía confianza en el Tribunal Electoral (TE). Las opiniones adversas han recrudecido dada la forma extracurricular como Solís trató el tema de las elecciones impugnadas en el corregimiento de El Bebedero, un fallo que los afectados han considerado un exabrupto jurídico.
De acuerdo a declaraciones del fiscal electoral que investigó lo ocurrido, no había pruebas efectivas de compra de votos en el expediente que levantó el Tribunal Electoral.
Suponiendo un hipotético escenario de que alguien compró votos, existiría entonces un delito electoral, según establece el Código Electoral. Como conducta delictiva debe ser penada con una pena de prisión e inhabilitación para ejercer funciones públicas.
Sin embargo, cuando revisamos las causales por las que se puede anular una elección, constatamos que la compra de votos no está expresamente señalada como causa de nulidad. Entiendo que el Tribunal se ha pronunciado de esta manera en múltiples ocasiones anteriores.
El magistrado Solís, en el caso de El Bebedero, cambió drásticamente la orientación y por primera vez, con su amañada interpretación pasó sobre el Código y de todas formas anuló las elecciones.
El desempeño de Solís, según opiniones de varios juristas, denota la aplicación de tratamientos politizados y sesgados en los fallos, en los que él ha sido el principal actor; fallos que también parecen no apegarse en estricto rigor a lo instituido en el Código Electoral.
Ello ha generado una atmósfera de preocupación y rechazo al Tribunal, que impone serias aprehensiones a una posible reelección de Solís, tal como especulativamente se ha dado a conocer por un diario y luego manifestado por el propio Solís en entrevista en canales de televisión que, de forma notoria, apoyan a los partidos de oposición al Gobierno.
No se puede ignorar la falta de equidad en los apoyos que algunas figuras opositoras le han expresado en los medios al señor Solís y la forma despectiva con la que se refieren a quienes lo critican. Han tratado de convertir a Solís en una figura imprescindible, sin la cual no se podrían efectuar elecciones transparentes en el 2014. Pero el accionar jurídico de Solís no permite ratificar tal hipótesis, ya que de forma contundente el pueblo parece rechazar su comportamiento por percibirlo como parcializado. Adicionalmente, recientemente las pasiones en contra del Tribunal se han exacerbado por denuncias de nepotismo en contra del magistrado Pinilla, también miembro del TE.
Si la Corte permitiera la reelección de Solís, sin haber participado en el concurso que ellos mismos convocaron, perdería credibilidad ante la opinión pública y podría provocar un fuerte rechazo de gran parte del pueblo a tal decisión que, a su vez, podría generar una inestabilidad en la nación, afectando el desarrollo económico y social del país.
Solís debe salir del Tribunal el 15 de noviembre, fecha en que se cumple su periodo, tal como lo establece la Constitución Política. El magistrado Solís no merece ser reelegido en su posición actual. De ocurrir lo contrario, la Corte cargaría con una vergüenza nacional.
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