El exmagistrado del TE Guillermo Márquez Amado aseguró que este proyecto de ley podría tener vicios de inconstitucionalidad porque se limita la posibilidad de elección a los candidatos que ocuparon una tercera o cuarta posición según los resultados de las elecciones pasadas.
La Asamblea Nacional debe considerar una fórmula que no limite el derecho de un ciudadano a ser elegido para un cargo de elección popular, sostuvo el exmagistrado.
¿Y qué pasa si el candidato que ocupó el segundo lugar también utilizó recursos del Estado?, preguntó Marquez Amado.
Mientras que Roberto Troncoso, miembro del Foro Ciudadano Pro Reformas Electorales, manifestó que los magistrados del TE nunca esperaron “una avalancha” de impugnaciones después de las elecciones. Por ello considera que “el traje les quedó grande” y no van a poder resolver a tiempo las curules aún por asignar en el Legislativo.
Actualmente la Asamblea Nacional legisla con 57 diputados tras las impugnaciones a diferentes diputados proclamados como ganadores en sus juntas circuitales. En ese caso hay un total de 10 diputados de CD cuya elección se objetó por la supuesta utilización de recursos del Estado en campañas electorales.
Troncoso advirtió que tampoco “se pueden alterar las reglas del juego a mitad del partido” y mucho menos se puede denominar esa ley como de interés social.
Adelantó que hoy la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) sostendrá una reunión con los magistrados del TE sobre el contenido del proyecto de ley.
Por su parte, la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia Esmeralda Arosemena de Troitiño apuntó que si se comprueba un delito penal electoral la regla es sancionarlo, pero debe haber más argumentos para saber por qué no harán elecciones en las circunscripciones electorales donde se haya comprobado que se usaron recursos estatales en las campañas políticas.
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