La denuncia que vincula a la candidata a diputada por el Partido Revolucionario Democrático (PRD) Zulay Rodríguez con Juan Juárez Orosco, alias “El Abuelo”, un supuesto narcotraficante mexicano extraditado de Panamá a Estados Unidos en noviembre del año pasado, causó revuelo a lo interno de la oposición y el oficialismo.
Datos
- 800 mil dólares estaría reclamando la familia de “El Abuelo” a la candidata del PRD, según Rojas.
- 250 mil dólares se habrían propuesto para financiar la campaña como diputada.
El cuarto subsecretario del PRD, Roberto Ábrego, justificó los supuestos nexos profesionales de Rodríguez con “El Abuelo”.
Ábrego señaló que Rodríguez tiene todo el derecho de defender a quien quiera porque su profesión como abogada no tiene nada que ver con su militancia política.
“Ella es una distinguida copartidaria, la respetamos mucho y tiene toda la libertad de defender en alguna causa penal a quien ella quiera. Una cosa no se mezcla con la otra”, sostuvo Ábrego.
De acuerdo con Héctor Rojas, quien dice ser testigo de los nexos entre Rodríguez y “El Abuelo”, la abogada y candidata del PRD le habría propuesto al supuesto narcotraficante pararle la extradición y hasta sacarlo de la cárcel a través del pago de soborno a jueces y magistrados.
Rojas dijo que por ello Rodríguez habría pedido 1.2 millones de dólares, de los que cobró por adelantado 800 mil dólares.
La propuesta también pasó al ámbito político. Rojas afirmó que Rodríguez le propuso lavarle parte de sus activos si el PRD ganaba las próximas elecciones.
Fue así como “El Abuelo” también habría aceptado financiar su campaña a diputada con 250 mil dólares, precisó Rojas en una entrevista en la cárcel de La Chorrera.
Rodríguez prometió una entrevista aPanamá América para ampliar su versión contra la denuncia de Rojas, pero al final de la tarde la suspendió.
Rogelio Paredes, vicepresidente del PRD, también trató de restarle importancia a la denuncia diciendo que se trata de un tema personal. “Si no existe una denuncia formalmente expuesta en la sede del partido, no podemos actuar en consecuencia”, manifestó.
Por su parte, la dirigente del panameñismo Idalia Martínez afirmó que “toda campaña con graves sospechas tiene que ser rechazada por el pueblo”.
“Creo que en general aquí hay que investigar toda la presunta vinculación que se manifiesta a través de los medios”, indicó Martínez en declaraciones a panamaamerica.com.pa.
Entretanto, la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), Alma Cortés, indicó ayer que el Tribunal Electoral (TE) debe iniciar una investigación.
Cortés añadió que esta entidad debe pedir una rendición de cuentas de las donaciones que están recibiendo los candidatos que están siendo mencionados. “Aquí es donde se va a poner a prueba el TE”, aseguró, a la vez que expresó preocupación por este tema.
La también subsecretaria general del oficialista Cambio Democrático (CD) agregó que es grave que dinero producto del narcotráfico financie una campaña política porque esto pone en peligro la seguridad del país; por ello, espera que las autoridades como el Ministerio de Seguridad (Minseg) también estén anuentes.
Rojas presentó como pruebas de su versión los correos electrónicos que supuestamente le envió Rodríguez con el contrato de “El Abuelo” por sus servicios como abogada y un informe detallado con el plan de trabajo que ella pensaba ejecutar.
También aclaró que él sirvió como intermediario entre Rodríguez y “El Abuelo”, pero en medio del proceso se dio la extradición a Estados Unidos y quedaron en disputa los 800 mil dólares que se pagaron por adelantado.
Según Rojas, por pedirle a Rodríguez que le hiciera frente a la familia de “El Abuelo” por esta deuda, él quedó detenido en un operativo montado por supuesta extorsión.
De acuerdo con el acta de inculpación en el expediente de Estados Unidos, “El Abuelo” lideró desde principios de los 90 hasta su detención en marzo de 2012 una “operación de transporte a gran escala marítima y terrestre responsable de traficar toneladas de cocaína desde América Central a la costa de México a través de las aguas del Atlántico”.
“El Abuelo” fue detenido en el aeropuerto de Tocumen en un operativo de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) y estuvo recluido por varios meses en la cárcel La Joya.
El 8 de noviembre del año pasado Juárez Orosco fue extraditado a Nueva York, Estados Unidos, donde puede ser condenado a cadena perpetua, según reportes periodísticos.
Al margen de ello, Rodríguez había trabajado en un plan para evitar esto que no se pudo ejecutar, de acuerdo con Rojas. Explicó que el plan consistía en poner en duda los datos personales de Juan Juárez Orosco frente al pedido de Estados Unidos. “Los datos suministrados por el Estado requirente presentan contradicciones que dan margen para especular en cuanto a la correcta identidad de la persona”, establece el documento elaborado por Rodríguez, según Rojas.
También se había propuesto desacreditar el pedido de extradición. Los hechos narrados como delito imputados al reclamado Juárez Orosco en la nota 408 de la Embajada americana se cometieron o ejecutaron en Honduras y México; es decir, fuera de la jurisdicción del Estado requirente.
“El Tratado de Extradición de Panamá con los Estados Unidos de América de 1904, ratificada como Ley 75 de 1904, establece en su artículo primero que ambos se entregarán mutuamente a todo individuo sancionado o procesado por los tribunales del Estado requirente, siempre y cuando el delito haya sido cometido en el territorio o la jurisdicción de una de las partes contratantes”, sostiene el documento.
Agrega que “la prueba material en que se funda el auto encausatorio no cumple con los requisitos consignados en nuestra ley formal, al no haberse aportado la prueba pericial que determine la existencia de la droga ilícita reseñada y el tipo y cantidad de la misma”.
En la propuesta se incluye la presentación de un incidente de nulidad absoluta ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dentro del proceso de extradición solicitado por los Estados Unidos ante el Ministerio de Relaciones Exteriores contra Juárez Orosco.
También se propuso presentar una advertencia de inconstitucionalidad ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia sobre la frase “esta detención provisional no podrá ser superior a los sesenta (60) días calendarios”, por violar la garantía del debido proceso consagrado en los artículo 32 y 22, que garantiza, el primero, el debido proceso y la presunción de inocencia.
“Esto a fin de que se suspenda el trámite de extradición, al cual accede esta advertencia de inconstitucionalidad introducida dentro de la solicitud”, dice textualmente el documento presentado por Rojas.
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