La sanción de la Ley 69 que permite la contratación de médicos extranjeros para que presten servicios en el interior del país, es parte de la doctrina desarrollista social que evoca que la salud debe ser para todos por igual y sin privilegios ni discriminación por parte de quienes lucran con la práctica privada de la medicina. En gobiernos anteriores se intentó mejorar la salud pero también debemos recordar la larga consulta realizada por el gobierno anterior que no impidió que los grupos de médicos realizaran un paro de dos meses.
La prosperidad en que vive el país permite al gobierno Nacional ampliar y mejorar los servicios de salud pública; sin embargo, los gremios médicos siempre han sido el mayor obstáculo para cumplir ese propósito.
La firma de la Ley 69, por parte del presidente de la República, Ricardo Martinelli, se lleva a cabo en cumplimiento de las leyes y la Constitución Nacional que obliga al Estado a garantizar la atención en salud pública, por encima de los intereses personales, gremiales o políticos que puedan existir.
Esta acción del presidente Martinelli ha sido respaldada por el pueblo que necesita de una mejor atención en las entidades de salud pública, en particular en la Caja de Seguro Social, cuyos dueños son los trabajadores. El pueblo está cansado de las prácticas mercantilistas e inhumanas en una profesión que con el tiempo parece haber dejado a un lado su juramento hipocrático.
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