Repudio General contra denuncia del PRD

El Partido Revolucionario Democrático (PRD) atacó la institucionalidad del Ministerio Público (MP) al denunciar una supuesta persecución política, cuando fue Javier Martínez Acha, primer subsecretario del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido el que solicitó una certificación ante la entidad; una denuncia que para especialistas en el tema fue apresurada y sin fundamento.

Rogelio Cruz, exprocurador de la nación, catalogó la denuncia del partido torrijista como “injustificada”, pues se apresuraron a emitir una información sin investigar antes.

“Fue un error de los miembros del PRD, primero porque nunca debieron solicitar una certificación ante el Ministerio Público, segundo porque se apresuraron a denunciar, y tercero porque fue una denuncia injustificada de persecución política”, resaltó el abogado.

Otra exfuncionaria que se sorprendió ante los actos de los miembros del PRD fue la exprocuradora de la nación Ana Matilde Gómez, quien declaró que este proceso es un acto común que se realiza en el MP.

Declaró que el secretario general es la conexión entre las personas y la procuradora y aunque como indica la ley, el funcionario no puede certificar lo que consta en los procesos; en sentido contrario, aduce, el secretario tiende a señalar que no hay investigación para alguien.

“Yo hubiera hecho exactamente lo mismo”, respondió Gómez ante la solicitud que giró el secretario general del MP, al pedir a las fiscalías del país certificar si alguno de los miembros del CEN del PRD tienen una denuncia o querella penal.

“Sinceramente no sé que le pasó al PRD con esta denuncia”, resaltó la exprocuradora, al referirse a la denuncia interpuesta por el PRD, cuando fue uno de sus miembros el que solicitó la certificación.

Las exprocuradora agregó en el noticiero matutino de Telemetro Reporta que la petición “es una facultad y un derecho constitucional que no tiene mayor trascendencia”.

“Yo no me explico todavía qué pasó en el PRD, porque ellos, como colectivo político, tienen una norma constitucional también en el artículo 140, que les permite pedir informes a las autoridades públicas de todo lo que se tramite, puntualizó Gómez.

Sin embargo, para Ernesto Cedeño, experto en derecho, la certificación hecha por la institución al PRD no es correcta porque “la ley se lo prohíbe, pues son asuntos de naturaleza restringida”.

El abogado declaró que se debió respetar lo que indica la ley en el tema de la solicitud de certificación.

El doctor en leyes indicó que como se establece el artículo 14 de la Ley 6 de 2002:

“Se considerará de acceso restringido, cuando así sea declarado por el funcionario competente, de acuerdo con la presente ley : los asuntos relacionados con procesos o jurisdiccionales adelantados por el Ministerio Público y el Órgano Judicial, los cuales solo son accesibles para las partes del proceso hasta que queden ejecutoriados...”, por lo que concluye que fue improcedente el pedido del PRD al Ministerio Público, como la actuación que hizo esta entidad, con el afán de darle respuesta al colectivo.

Mientras, el presidente del colegio de Abogados, Cesar Ruiloba, calificó de apresurada la denuncia hecha por dirigentes del PRD sobre supuesta persecución política.

El abogado reiteró que la reacción del PRD es producto de un clima de desasosiego que no contribuye al diálogo.

Cuestionó el origen de la nota tomando en cuenta que sería estar adelantándose a los hechos, porque de existir una investigación, se daría a conocer en su debido momento.

Indicó que esta controversia surgida es innecesaria y en nada favorece el diálogo promovido por la Iglesia católica en el momento que se acordó el Pacto Ético electoral para los comicios de 2014.

En tanto, Félix Cuevas, expresidente de la Asociación de Ejecutivos de Empresas (Apede), expresó su desacuerdo por la forma como la dirigencia del PRD solicitó la información a la procuradora Ana Belfon, y argumentó que existen los canales apropiados para obtener esa información.

Comentó que acciones como estas lo que contribuyen es a afectar la imagen de las instituciones del país y por ende, no contribuyen a la economía.