Estos tres documentos, que serán ley a partir de su promulgación, fueron sancionados este martes 11 de junio por el presidente Ricardo Martinelli, normas que –principalmente- buscan contribuir con un sector de la población que temía por su estabilidad laboral con los cambios de gobiernos, igualmente con aquellos trabajadores que se les adeudó por años sus décimos retenidos, y también cumplir con los llamados camisas rojas que han solicitado que se les dote de nuevos recursos.
La primera ley en mención es aquella que reconoce al trabajador del sector público prestaciones laborales como nunca antes se había hecho por otra administración de gobierno. La nueva norma señala que toda persona nombrada permanente o eventualmente en cargos del Ejecutivo, Legislativo, Contraloría, Caja de Seguro Social y las instituciones descentralizadas que sean destituidas de manera injustificada tendrán derecho a una prima de antigüedad.
Esto será a razón de una semana de salario por cada año laborado o proporcional al servicio prestado al Estado, también les da el derecho de recibir una indemnización calculada con base al último salario devengado y conforme a la escala prevista por el artículo 225 del Código de Trabajo. Para resolver este caso, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia conocerá las demandas que promuevan los servidores y tendrá el término de 3 meses para emitir fallo.
La segunda ley en cuestión es aquella que le hace justicia a trabajadores del sector público que dejaron de percibir el décimo tercer mes correspondiente a los años 1989, 1990 y 1991. Para ello, se crearon los Cerdem como medio de liquidación de estas partidas y que estarán representados por certificados negociables.
Los Cerdem correspondientes a diciembre de 1989 serán pagaderos el 15 de octubre de 2015; los correspondientes a los años 1990 y 1991 serán pagaderos el 15 de octubre de 2016. Éstos podrán ser utilizados como garantía para el cumplimiento de cualquiera obligación, transacción bancaria, y fianza contractual con el Estado para garantía judicial, o también podrán ser convertidos en efectivo mediante la venta a personas naturales o jurídicas.
La otra norma que recibió sanción del mandatario Ricardo Martinelli viene a responder a necesidades del Cuerpo de Bomberos de Panamá respecto a la modificación de la disposición de impuesto sobre primas en concepto de pólizas de seguros, detallando que las compañías de seguros deberán pagar un impuesto de 2% al Tesoro Nacional depositado en una cuenta especial de la entidad regente de los camisas rojas, fondo que será administrado por el Patronato del CBP.
La Superintendencia de Seguros será la responsable de la fiscalización del pago correcto y oportuno del impuesto señalado, informando mensualmente por escrito al fiduciario del fondo y al CBP.
Con esta modificación, todos los recursos que ingresen podrán ser administrados por el CBP, a través de su patronato, para dotarse de equipos para sus operaciones, como vehículos de extensión, ambulancias, helicópteros, combustible, repuestos, uniformes y capacitación de personal.
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