De hecho es imposible que los políticos respondan cada acusación, cada pulla cotidiana, cada insensatez, desaguada por los medios. Ante la proliferación de ataques sin fundamentación, el partido Cambio Democrático (CD) ha decidido organizar una estrategia de respuesta jurídica para contrarrestarlos. El exministro de seguridad José Raúl Mulino ha puesto en jaque al Gobierno, solicitando que se le conceda cortesía de sala en las reuniones del Gabinete ministerial para aclarar la responsabilidad de Alberto Vallarino y Dulcidio de la Guardia en los contratos de los radares. Así, frente al presidente Juan Carlos Varela y los ministros, Mulino pondrá las cosas en su sitio con documentos en la mano.
Las aclaraciones de Mulino desmentirán al presidente Varela que presenta aspectos técnicos del funcionamiento de los radares como una presunta prueba de corrupción, cuando él conoció al detalle el asunto y no dijo nada en lo que ahora agiganta. La embestida de Mulino es el principio de la estrategia orgánica de CD para contrarrestar las invectivas desatinadas del gobierno panameñista que fue parte del régimen presidido por Ricardo Martinelli.
Vallarino y de la Guardia fueron ministros de economía de Martinelli. Ambos tienen el deber moral de explicarle al país y no estar lanzando anatemas que se voltean contra ellos mismos. Deben explicaciones también por las tierras de Juan Hombrón y otros temas que permanecen aún en la penumbra de conflictos de intereses.
La Contraloría desbarató las especulaciones lanzadas por medios oficialistas sobre la renuncia de la titular del cargo, Gioconda de Bianchini, mediante un comunicado público. Cumpliendo su rol constitucional, ha ordenado auditorías sobre presuntas irregularidades en fondos públicos, por expresa solicitud de la Procuraduría.
Se demerita con fundamento constitucional el carnaval de auditorías privadas anunciado por el Ministerio de Economía, el Tribunal Electoral y dependencias controladas por el gobierno panameñista para anular fraudulentamente la elección de diputados de CD.
Está en marcha una maniobra política para quitarle diputados a CD para elevar el exiguo número de diputados panameñistas. Para conseguir este objetivo espúreo, el consorcio panameñista con el PRD ha engendrado un mamotreto para que se les entreguen credenciales a sus candidatos en forma atropellada.
Las estrechas diferencias numéricas de los votos de los diputados elegidos y sus rivales demuestran la torpeza sectaria del proyecto de ley con aspiraciones de retroactividad.
El país está paralizado por la pérdida de tiempo de las represalias políticas gubernamentales. Hay inversiones privadas suspendidas por las ambigüedades de las medidas económicas. El control de precios se cae a pedazos. Se posterga la instrumentación de las nuevas tarifas de energía eléctrica. Se nombran funcionarios al margen de la ley.
Hay ministros que perdieron la nacionalidad panameña y escabullen las preguntas de los periodistas. Agricultores y ganaderos rechazan los precios dictados por burócratas inexperimentados. Los consumidores se sienten frustrados por el engaño de las promesas de rebaja de precios. No hay decisiones sobre el transporte público. Nada se resuelve.
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