Detalles
- 3 días después de la proclamación de candidato, es el periodo para impugnar.
- 399 artículo del Código Electoral que establece las causales para impugnar las elecciones.
Error en la suma de votos era una
causal para anular la elección
- En su comunicado, la abogada Edna Ramos explica que el conteo erróneo de los votos ameritó la anulación de la elección presidencial. Hace referencia al numeral 2 del artículo 399 del Código Electoral que establece textualmente “Que el cómputo de los votos, consignados en las actas de las mesas de votación o en las actas de los escrutinios generales contengan errores o alteraciones”. En la misiva en la que Ramos solicitó una explicación a los magistrados del Tribunal Electoral, también cuestiona la falta de firmas por parte de los miembros de la Junta Nacional de Escrutinio así como de los representantes de los candidatos presidenciales por la libre postulación. En este punto, Rafael Benavides quien firmó el acta en representación del excandidato Juan Jované, aclaró que no era obligante que todos los representantes asistieran, aunque a todos les dieron la oportunidad de estar y firmar. Aparte, su comunicado cuestiona cómo entre tantas inconsistencias, el espacio para registrar observaciones permanece vacío, mientras que el Código Electoral establece en el artículo 172 que en las actas, además de los resultados totales del escrutinio, debe hacerse una breve relación de las incidencias formuladas por los partidos políticos, candidatos o sus representantes.
Los errores hallados en el acta que proclamó al presidente de la República, Juan Carlos Varela, y a su vicepresidenta, Isabel De Saint Malo, durante una consulta que le tomaría a la abogada Edna Ramos unos minutos, se ha convertido en uno de los descubrimientos más desagradables de la historia electoral.
Sin imaginar lo que encontraría, Ramos accedió al documento solo para cotejar una información que necesitaba en su rutina laboral, cuando descubrió que la suma de votos es incorrecta y encontró otras inconsistencias que, de acuerdo con el Código Electoral, ameritan una demanda de nulidad o impugnación a la elección presidencial. Y que no ocurrió, porque los errores pasaron desapercibidos para quienes suscribieron y revisaron el acta.
A pesar del llamado que hizo Ramos al Tribunal Electoral (TE), inmediatamente reconoció las fallas, en el TE aseguraron ayer que le corresponde a la Junta Nacional de Escrutinio (JNE) responder como “corporación electoral de carácter autónomo”.
Sin explicación lógica, a la suma de votos de la alianza El Pueblo Primero, conformada por el Partido Popular y el Partido Panameñista, se añadieron 38 votos, tal como lo revela el acta.
Los resultados adjudican 161,178 votos al Partido Popular y 563,584 votos al Partido Panameñista. Un total de 724,762 votos y no 724,724 votos que se describió como la cifra de la victoria presidencial.
Los resultados de la Alianza Unidos por más Cambios del Partido Molirena y el Partido Cambio Democrático también fueron trastocados.
El Molirena logró 98,519 mientras que Cambio Democrático obtuvo 483,309. Cifras que al sumarlas dan como resultado 581,828 y no 581,866, que es la cantidad de votos colocados en el acta.
Según los juristas consultados, es poco lo que se puede hacer con este descubrimiento. Ramos alertó de la situación en representación del Movimiento de Abogados Gremialistas (MAG) para que los magistrados den una explicación de los errores.
“Me percaté de una forma muy accidental. Nuestro llamado es para que se dé una explicación. Este es un documento que da fe pública”, dijo la abogada, quien asegura que no se ha hecho la queja para desestabilizar el país, sino para conocer cuál fue la “mecánica que se siguió” sin verificar manualmente.
Al igual que Ramos, el abogado Ernesto Cedeño coincide en que los magistrados del Tribunal Electoral le deben una explicación a la población, aunque la proclamación correspondió a la Junta Nacional de Escrutinio y el error no signifique un cambio de fondo al resultado de la elección.
“La Junta de Escrutinio hace la proclamación, pero el Tribunal Electoral nombró a ese personal y era responsable de capacitarlo”, expresó Cedeño. El Tribunal debió haber hecho notar algún error a la JNE, reiteró Cedeño.
Pero el abogado constitucionalista Miguel Antonio Bernal piensa que el error debe, no solo ser explicado, sino investigado por parte del Ministerio Público y no desestimar el hallazgo porque ya venció el plazo para presentar impugnaciones.
“El problema no es que se pueda impugnar, el problema es que deben primero investigar por qué razón nos dieron un acta que no corresponde a la realidad y cómo es posible que hayan caído en una falta de esta naturaleza”, dijo Bernal.
Agregó que “eso amerita una investigación exhaustiva y no la puede hacer el TE, porque ellos no pueden ser juez y parte. Le corresponde al Ministerio Público, eso lo dice la Constitución”.
Sin embargo, el jurista Cedeño opina que hay pocas posibilidades de una investigación por parte del Ministerio Público, porque los magistrados del TE poseen un fuero penal que solo puede levantarse por una decisión colegiada que está en sus propias manos.
Dudas del TE
Los errores en el acta presidencial revelados por parte del Movimiento de Abogados Gremialistas son considerados como otra de las faltas en las que ha incurrido el Tribunal durante el periodo electoral.
Según el abogado Sidney Sittón, representante legal en algunos procesos de impugnación, para estas audiencias se presentan informes de auditorías que no cuentan con un marco legal dentro de las funciones de los empleados del Tribunal Electoral.
Y tampoco se da a los procesos de impugnación el trámite que corresponde según el Código Electoral. El abogado aseguró que “los magistrados están violando la ley, se los hemos demostrado. Te lo resumo, el Tribunal Electoral no tiene rigor”.
Al menos Sittón ha encontrado una manera de sustentar sus quejas al TE, sin embargo, el error en el acta parece un asunto inexplicable.
A juzgar por el relato de Rafael Benavides, representante legal del excandidato presidencial por la libre postulación Juan Jované, quien fue uno de los signatarios del acta, aquel día ni siquiera se reportaron incidentes u observaciones de los candidatos.
Aunque Benavides dijo que desconoce sobre el comunicado divulgado por el MAG, opinó que el descubrimiento de las inconsistencias en el acta de la proclamación presidencial debe quedar como una experiencia para cuidar los resultados del principal cargo de elección popular.
“Se debe tener más cuidado para las futuras elecciones por respeto a la población panameña, que quiere que las elecciones sean de la manera más transparente posible”, puntualizó el dirigente político.
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