Programa Barrios Seguros da indicios de su fracaso

Las bandas que se unieron al programa de amnistía han retomado las armas y su nivel de violencia es peor, así describen la situación de inseguridad que se vive en el país los integrantes de la sociedad civil interesados en resolver el tema de las pandillas.

Las reacciones no se hicieron esperar, luego de que por dos fines de semana seguidos se registraran situaciones trágicas, en las que integrantes de una familia han sido acribillados por sicarios vinculados a estos grupos de delincuentes.

El hecho más reciente se dio en el sector de San Antonio del distrito de La Chorrera, el cual conmocionó a la población, pues entre las víctimas había niños entre los cuatro y nueve años, quienes murieron junto a sus padres cuando se aproximaban a la entrada de su hogar.

El fin de semana anterior a este hecho, un hombre junto a su madre y sobrina fueron acribillados dentro del auto en el que viajaban, luego de salir de una fiesta en el sector de Ciudad Radial, en el corregimiento de Juan Díaz.

Ambos casos tienen mucho en común: son producto de rivalidades entre dos de las principales pandillas que operan en el país y que se disputan el control territorial.

Un mes después de finalizar el programa de amnistía para permitir que estos grupos entregaran las armas se dio una ola de robos en restaurantes de sectores exclusivos de los corregimientos de San Francisco, Bella Vista y Betania, lugares con una alta visita de turistas.

La realidad es tan grave y notable que el propio presidente de la República, Juan Carlos Varela, reconoció que se está ante un problema grave nunca antes visto en Panamá.

Dijo que se está haciendo todo el esfuerzo conjunto entre los estamentos de seguridad para resolver el problema.

El exministro de Seguridad Pública José Raúl Mulino, recientemente, comentó que el tiempo promedio para lograr una efectiva resocialización de pandilleros no puede ser menor a un año. En su momento, Mulino explicó que primero deben pasar por un proceso de curación a la adicción a las drogas y luego por un trabajo sicológico que les ayude a superar la situación de violencia que han experimentado dentro de las pandillas.

En esta misma línea, el abogado Renato Pereira calificó de una extorsión legítima la acción emprendida por el Ministerio de Seguridad de responder a las amenazas de los pandilleros de abandonar el programa Barrios Seguros en Chiriquí con un bono semanal de $50.

Pereira, en su cuenta de Twitter, manifestó: “Extorsión legitimada. El Gobierno no puede hacer depender la seguridad personal de sus ciudadanos de un pago mensual a los pandilleros”. El jurista añadió: “Experiencia inédita. No conozco un solo país civilizado donde el Estado haya pactado pagar un salario a los criminales si dejan de matar. ¡No!”.

Inseguridad galopante

El mandatario aceptó que “el país está impactado. Yo creo que teníamos tiempo de no ver lo que se vio el viernes en la noche en La Chorrera, asesinatos de niños de 3 y 7 años, yo siento que esto es un tema que abre un debate y sobre todo estudiar bien este efecto, era algo que no se había visto en el país”.

No obstante, piensa que la inseguridad no es algo general que vive el país y, según él, “son hechos muy ligados a estas dos bandas (Bagdad y Calor Calor, que insisten en desafiar a la autoridad del Estado y avanzar en su negocio ilegal de venta de droga y control de territorio”.