La junta directiva de la empresa Impregilo dirigió una nota oficial al expresidente Ricardo Martinelli, en la que manifiesta que no existió ninguna solicitud para la construcción de un hospital público en Veraguas ni condicionamientos para participar en el Grupo Unidos por el Canal. La construcción del hospital existe en la imaginación calenturienta del diario gobiernista que cada cierto tiempo escribe un nuevo capítulo de la telenovela, cuyo personaje principal es Valter Lavitola. La audacia de los guionistas octubristas llega a los extremos de involucrar a la Autoridad del Canal que, por licitación internacional, contrató los servicios de Impregilo como parte del consorcio que construye el tercer juego de esclusas. Por ridícula que sea la imputación, no se sacia la sed de venganza por la cobranza de impuestos.
Una comisión del Colegio Nacional de Abogados de Panamá (CNA) viajó a Italia para recabar información judicial. El informe del CNA detalló que la posible participación en los procesos italianos precluyó en junio, es decir, se ha cerrado el tiempo procesal para poder constituirse como parte civil afectada. Asimismo, detalla el informe, que en el Código de Procedimiento Penal de Italia existe la figura de observador que permite acceso a los documentos del proceso. Esto viene a cuento porque el gobierno de Juan Carlos Varela ha contratado los servicios de un bufete de abogados extranjeros para el caso Finmeccanica por la suma de 323,000 dólares. Estos abogados actuarán solamente como observadores del proceso, esto es que se limitarán a la lectura de documentos. En Panamá hay numerosos abogados internacionalistas que se podría contratar como observadores, sin que el Estado pague una suma tan elevada de honorarios. Esta es la forma como se rompe la contención del gasto público que sale de los bolsillos de los contribuyentes. Igual procedimiento de pago dispendioso del dinero de los contribuyentes se presenta en la contratación de los auditores por 792,870 dólares para revisar el PAN. En total, más de un millón de dólares, que convierten en una perversa falacia la austeridad del gasto público anunciada por el gobierno.
El Colegio Nacional de Abogados ha criticado el secretismo en la contratación de abogados extranjeros para representarnos en Italia, y ha omitido las opiniones de la institución. Otros abogados cuestionan dicha contratación sin tomar en cuenta que hay colegas panameños que han aprobado los exámenes de barra de los Estados miembros de la Unión Europea. Por su lado, en el caso de la auditoría privada, el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Profesionales de Panamá, Luis Chen González, dijo que la contratación es un despilfarro del dinero del Estado y un insulto al personal técnico de la Contraloría, capacitado para atender las auditorías.
Al referirse a los procesos en Italia, en los que el Estado de Panamá no es parte civil, el abogado constitucionalista Miguel Antonio Bernal formuló un importante señalamiento. Existen acuerdos de asistencia legal entre países, incluyendo a Italia, que hace que las contrataciones de abogados extranjeros resulten sospechosas y propias de un gobierno despilfarrador.
Las demostraciones de que el gobierno de la familia primero usa la chequera del Estado como si fuera una chequera privada para abultar la planilla con sueldos exorbitantes que disfrutan parientes consanguíneos y allegados políticos ya las conoce la opinión pública, sobre todo los panameños de bajos ingresos.
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