Los criterios para subsidios han sido contradictorios al inicio de la administración Varela. Mientras, por un lado se habla de recortes a subsidios (como el de la electricidad) con el argumento de la “falta de fondos”, por otro lado, se oficializan compensaciones polémicas, como la de los molineros, secuela de la implementación del Control de Precio, que ha afectado a los arroceros.
Según el propio ministro de Desarrollo Agropecuario, Jorge Arango, en el rubro del arroz el Estado podría desembolsar, de aquí a diciembre, $20 millones.
Previo a esto, el Gobierno ya había anunciado dos emblemáticos aumentos de subsidios estatales: el de la Beca Universal y el del programa $100 a los 70, que pasó a ser $120 a los 65.
Solo en este último aporte para personas en situación de pobreza y sin jubilación, el Estado tendrá que pagar $170 millones.
Y el aumento de la Beca Universal (de $30 para estudiantes de primaria, $40 para premedia y $50 para los de media) costará a las arcas del Estado $201 millones.
Y en la recién concluida Expo Hábitat, el presidente Juan Carlos Varela anunció que aumentará de $5,000 a $10,000 el subsidio que otorga el Estado para las viviendas de bajo costo.
Y ya toma fuerza un proyecto de ley que crearía un subsidio de $480 para embarazadas que no gozan de los beneficios del programa de maternidad de la Caja de Seguro Social.
La pregunta es: ¿Y qué dice el Gobierno del subsidio para menores en riesgo social?
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