jueves, 14 de agosto de 2014

POLÍTICA: Valderrama guarda silencio sobre sus bienes

Tras conocerse que el diputado presidente de la Asamblea Nacional, Adolfo “Beby” Valderrama, no incluyó en su declaración de bienes patrimoniales el monto que obtiene de una emisora radial



Cifras
  • 84,000 dólares fue el ingreso anual que juró haber recibido Valderrama en 2012 y 2013.
  • 4,187 es el número de la Escritura Pública que detalla el estado financiero de Valderrama.
EPASA - Tras conocerse que el diputado presidente de la Asamblea Nacional, Adolfo “Beby” Valderrama, no incluyó en su declaración de bienes patrimoniales el monto que obtiene de una emisora radial y un restaurante de los cuales es socio, el político continúa sin aclarar el motivo de dicha omisión.
A inicios de la nueva administración, Valderrama declaró bajo la gravedad de juramento y ante un notario público su condición financiera, no obstante, solo se refirió al monto que recibe como parlamentario.
El diputado solo declaró la posesión de cuatro cuentas bancarias, dos propiedades y tres automóviles.
La Escritura Pública número 4,187, que aparece en la página web de la Asamblea, detalla que el diputado Valderrama recibió 84,399 dólares durante los años 2012 y 2013.
Esto, a pesar de que Valderrama había recibido 7,000 dólares durante cada mes, es decir, un salario de 84,000 dólares anualmente, esto tras haber declarado en un medio de la localidad la posesión asociada de un restaurante y una emisora de radio.
Al consultar a juristas sobre este caso, se pudo conocer que la omisión de información en una declaración jurada podría implicar un delito de carácter penal.
El abogado Ernesto Cedeño se refirió a la Ley 59 de 1999, sobre la regulación de las declaraciones juradas y detalló que una inexactitud en una declaración de este tipo representaría ser expuestos a un proceso por falso testimonio.
Esta irregularidad contrasta con la declaración tanto de Valderrama como la del presidente de la República, Juan Carlos Varela, quienes se comprometieron a impulsar una gestión transparente, con apego a las leyes y la Constitución Política de Panamá.

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