Las costuras del tejido de acuerdos entre el panameñismo y el perredismo muestran los hilos de la ilegalidad sectaria. Los diputados panameñistas y perredistas persiguen la adición de otra reforma al proyecto de Pedro Miguel González, diputado del PRD, a los efectos de que el Tribunal Electoral entregue credenciales a los candidatos de sus bancadas, sin la realización de nuevas elecciones.
Las evidencias legislativas apuntan a la construcción de una mayoría parlamentaria oficialista sobre la base de disminuir el número de curules de Cambio Democrático (CD). Una ley de reforma electoral de nombre propio para favorecer a la desmedrada minoría panameñista. Agravando el contenido inconstitucional de la triquiñuela oficialista, los autores pretenden que se la califique como ley de orden público para que tenga efectos retroactivos. Para decirlo en buen panameño, quieren cambiar de caballo a la mitad del vado del río.
A estos jinetes del apocalipsis inconstitucional se los va a llevar la fuerte corriente del río del rechazo popular, porque agravian la voluntad democrática de los electores de balancear con sus votos al Ejecutivo y al Legislativo, con una sensata y real separación de los poderes públicos.
Como la estrategia de las impugnaciones no les va a dar los resultados que se proponen, recurren a leyes de privilegio a sus postulantes partidistas. Tienen pavor que en nuevas elecciones los electores de los circuitos ratifiquen a los diputados impugnados de CD.
Ya advirtieron que no tienen pruebas convincentes de las presuntas irregularidades denunciadas debido a que si hubo favoritismos indebidos, también deben comprender las investigaciones a los candidatos del PRD y del partido panameñista. Ambos recibieron fondos cuantiosos para efectuar obras públicas que, supuestamente, solo corrompieron a los candidatos de CD, pero no a ellos, porque tienen certificados de buena conducta. Así funciona el pacto de la gobernabilidad, para repartir prebendas y sinecuras a sus correligionarios, hermanos, parientes, y socios de donaciones.
Siguiendo las normas del debido proceso administrativo, la Procuraduría solicitó a la Contraloría realizar auditorías a todos los fondos, bienes, valores que se otorgaron a las juntas comunales, municipios, alcaldías durante los periodos de 2004 a 2009 y de 2009 a 2014 para que obren como pruebas en las investigaciones que de oficio han iniciado las fiscalías anticorrupción.
La Contraloría expresa en un comunicado que de inmediato giró instrucciones para efectuar las auditorías como finalidad prioritaria. Se desenvolverá por los procedimientos constitucionales establecidos para poder aportar pruebas fehacientes en los casos de impugnaciones a diputados.
La exministra Alma Cortez dio a conocer la formación de un frente de apoyo y defensa de CD a los candidatos a diputaciones, alcaldías, representantes de juntas comunales impugnados, así como a ministerios, organismos autónomos y dependencias públicas en general, blanco de acusaciones sin pruebas ventiladas en los medios oficialistas. Hay una carrera entre las autoridades para batir el récord de acusaciones contra CD. Estos fiscales políticos deben mirar el ombligo de los nombramientos reñidos con las leyes para no seguir hundiendo al Gobierno por los fiascos y fracasos en el primer mes de ejercicio.
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