El presidente del Tribunal Electoral, Erasmo Pinilla, cayó en contumacia al usar una ceremonia institucional como tribuna de sus opiniones políticas personales. Cuando se esperaba que hiciera un recuento técnico de la organización nacional de las elecciones generales, lanzó ataques tóxicos contra el gobierno saliente, sugiriendo investigaciones y auditorías sobre gastos gubernamentales que escapan totalmente de la esfera del Tribunal Electoral (TE). Sus invectivas fueron coreadas obviamente por una parte del público panameñista, pero creó la incomodidad del cuerpo diplomático que esperaba un informe de tipo electoral y no el torrente de bilis que evacuó en Atlapa.
Se dice por allí que fue la forma distorsionada de responder a las dudas creadas por la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá al no aparecer en sus registros académicos y tener una idoneidad que perteneció a un difunto. Cualquiera fuera la causa de su rabieta retórica es evidente que Pinilla debe esperar que concluya su tortuoso lapso de magistrado para lanzar sus mamotretos en un local del PRD, el partido que le dio el puesto con votos ordenados por la alta directiva.
Este seudomártir de la democracia se autocalificó como guardián de la hostilidad contra Cambio Democrático en una estrategia personal carente de sutileza para que el nuevo gobierno lo nombre por 10 años en el TE. Agraviaría la institucionalidad democrática la perpetuación de un funcionario que volvió a demostrar públicamente que no tiene pudor para exhibir sus simpatías y diferencias políticas en un organismo en que debe primar la garantía de una imparcialidad partidaria absoluta.
Las reformas constitucionales canalizadas a través de una asamblea constituyente paralela deberían restringir a 10 años el ejercicio de los magistrados y prohibir la reelección, fuente de nepotismo y de injerencias políticas. El relevo de magistrados del TE constituye una decisión de urgencia notoria, lo mismo que la auditoría a las decisiones de la Sala de Acuerdos, para verificar si es cierto que tres funcionarios se sienten reyezuelos para adoptar medidas contrarias al Código Laboral y al Administrativo en nombramientos y despidos.
Ningún funcionario puede ponerse por encima de las leyes y presentarse como indispensable en asuntos electorales, ya que el Código Electoral, aprobado por legisladores y no por el TE, es el organismo legal que cuenta con la maquinaria para blindar, hasta donde es humanamente posible, las elecciones contra defraudaciones en oposición a la voluntad popular.
Es ocasión propicia para advertirles a las autoridades correspondientes que la opinión pública está siguiendo atentamente la marejada de impugnaciones organizada para pretender arrebatarle las curules y la representación de corregimientos a los legítimos ganadores del torneo electoral.
Resultaría intolerable que se intente conquistar la mayoría en la Asamblea Nacional de Diputados no con votos, sino con impugnaciones presuntamente amañadas o a través de componendas con el partido favorito del magistrado de marras.
La dialéctica electoral se pronunció por el equilibrio de los poderes públicos como un imperativo orientado a la concertación del Ejecutivo y el Legislativo. Tal es la expresión fundamental de la libre determinación de los votantes.
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