CRITICA - El propio Tribunal Electoral está vendiendo a particulares y empresas el libre acceso al Servicio de Verificación de Identidad (SVI), por cifras que oscilan entre los $10,000 y $40,000 mensuales, más un cobro variable que va de $0.10 a $1.00 por cada cédula consultada.
El abogado Ernesto Cedeño reveló que conforme al acuerdo de sala 67-2 de 2012, son 28 empresas privadas a las que el Tribunal Electoral les concedió acceso a esta base de datos sensitiva, incluso a medios de comunicación social.
Ya en julio de 2006, el abogado panameñista Pedro Sittón Ureta interpuso una queja contra el Tribunal Electoral ante la Defensoría del Pueblo, por permitir a particulares acceder al Sistema de Verificación de Identidad.
Sittón alegaba que esa autorización atenta contra los derechos fundamentales de los ciudadanos y es contraria a la Constitución y a los tratados y convenios sobre derechos humanos ratificados por Panamá.
En esencia, Sittón acusó en ese entonces a los magistrados Erasmo Pinilla, Eduardo Valdés y Gerardo Solís. El TE no es custodio ni dueño de esa información, alegó el jurista.
Hace poco, el Tribunal Electoral denunció el supuesto uso "irregular" del SVI por Cambio Democrático.
Trascendió que un grupo de abogados de Cambio Democrático analiza la posibilidad de interponer una denuncia contra los magistrados del Tribunal Electoral, por permitir el acceso de particulares al SVI.
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