Panamá América - La amenaza de bomba que ayer provocó histeria colectiva en el Complejo Metropolitano de la Caja de Seguro Social (CSS) dio pie a una investigación para dar con los responsables de la llamada anónima que alarmó al personal médico, pacientes y familiares.
El director de la Policía Nacional, Julio Moltó, en su cuenta de Twitter, anunció que la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) se encargará de la pesquisa, porque “es inhumano haber realizado esta amenaza”, que además es una violación a la Ley 62 de septiembre de 2013, que se refiere a las amenazas de terrorismo.
Para estos casos, la norma establece sanciones de 3 a 6 años de prisión, como una modalidad de terrorismo por suministrar información falsa sobre la existencia de material radiactivo y de explosivos.
Alarma
Corría la mañana en el Complejo de la CSS y una voz de alarma se dispersó como pólvora entre las nueve plantas del edificio. A las 8:50 a.m., una llamada anónima en el piso 8 rompió intempestivamente con las tareas habituales de atención, visitas y recorridos médicos en las salas de los hospitalizados y de consulta externa.
El miedo se apoderó de los que a esa hora buscaban atención en el Complejo. Las atenciones se suspendieron, las cirugías se paralizaron y se desconectó a pacientes que recibían tratamiento de hemodiálisis. Personal médico acataba las órdenes de desalojo que en primera instancia emitían los agentes de seguridad.
El relato de los familiares estaba cargado de pánico, y según los testimonios, en las escaleras la gente se atropellaba por bajar en el menor tiempo posible. En los ascensores, la espera de los familiares y personal médico que evacuaban a los hospitalizados era eterna. Allí el espacio era reducido para la cantidad de camillas y de pacientes en sillas de ruedas que intentaban escapar de la amenaza que más tarde personal de la unidad especializada en explosivos de la Policía Nacional declaró como falsa.
Pasadas las diez de la mañana, cuando cerca de 450 pacientes habían logrado bajar al área de estacionamientos y a la Facultad de Medicina, el director de la CSS, Guillermo Sáez Llorens, se apersonó al lugar y declaró a los medios que se trataba de una “bajeza” en la que no descartaba la participación de algunos dirigente médicos que desde el 26 de septiembre se mantienen en huelga en rechazo a la Ley 69.
Sáez Llorens dijo que quien haya realizado la llamada anónina se pasó, “porque ni en las guerras se han dado esas amenazas en hospitales”. Sin duda es una atentado contra muchas personas y merece un castigó, agregó.
Anticipó que presentará una denuncia penal contra los responsables porque se han pasado de la raya y a través de las autoridades se rastreará el origen de la llamada anónima que le robó la tranquilidad a cerca de 900 pacientes que se mantienen recluidos en el Complejo Metropolitano.
A las 12:40 p.m., los expertos en explosivos de la Policía Nacional calmaron los ánimos en el grupo de pacientes que buscaba una explicación a lo ocurrido.
De inmediato surgieron las reacciones de defensa contra las acusaciones lanzadas por el director de la CSS.
Julissa Rodríguez, presidenta de la Asociación de Médicos Especialistas del Hospital Santo Tomás, respondió que las declaraciones de Sáez Llorens podrían estar sujetas a demandas de calumnia e injuria. Rodríguez consideró la acusación como un irrespeto al gremio. "No creo que ninguno de nosotros pueda tener una mente criminal para hacer esto", dijo al tiempo que se mostró a favor de las investigaciones para que se castigue al responsable.
En tanto, el padre Eusebio Muñoz, mediador por la Iglesia católica, reconoció que la noticia alteró los ánimos en la mesa de diálogo.
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