Martinelli dijo a periodistas durante una actividad publica que, como ocurrió con el envenenamiento masivo por un jarabe para consumo humano elaborado con la sustancia tóxica dietilenglicol, el Estado panameño tiene que salir "al frente" de la situación.
La muerte entre junio y julio pasados de nueve recién nacidos en el principal hospital de la Caja de Seguro Social (CSS) de Panamá se debió a una "intoxicación aguda" con alcohol bencílico, el componente de un medicamento suministrado a los bebés, informaron la semana pasada las autoridades médicas y forenses panameñas.
"Tal cual como se hizo en el dietilenglicol, el Estado tiene la responsabilidad cuando ha habido un fallecimiento que es por culpa de alguien de la institución, o por culpa de la institución (de salud), el Estado tiene que salir al frente". aseguró.
"Es lo más justo -añadió-, lo más ético y lo más moral de que tal como sucedió con el dietilenglicol nosotros, como Gobierno, debemos y tenemos la responsabilidad de salir de frente tal como hubiera pasado en un lugar (centro de salud) privado que le hubieran puesto una serie de demandas (...) creo que esto hay que arreglarlo".
El gobernante dijo que se tienen que hacer las investigaciones del caso porque "algo como esto no debería pasar desapercibido, fue un error de unas personas y deben asumirse las responsabilidades y seguir los procesos que indica la Ley", luego de que los afectados presenten las denuncias respectivas.
"El Estado tiene una responsabilidad con los padres de los nueve niños fallecidos", remarcó.
En marzo pasado, Martinelli sancionó la Ley que otorga una pensión vitalicia a pacientes víctimas de la intoxicación masiva con dietilenglicol.
Esta norma establece una asignación mensual de 600 dólares a todas las víctimas reconocidas, que será revisada cada dos años.
En 2003, la Caja de Seguro Social (CSS) de Panamá sacó a concurso público la compra de 9.000 kilos de glicerina pura para elaborar un jarabe que distribuyó de forma gratuita y cuya licitación se adjudicó a la empresa panameña Grupo Comercial Medicom, que a su vez pidió el producto a la compañía Rasfer Internacional S.A., con sede en Cataluña, en el nordeste de España.
Pero la glicerina, en vez de ser apta para el consumo humano era de tipo industrial y contenía la sustancia venenosa dietilenglicol, que hasta ahora ha causado la muerte de más de 170 personas de unas 8.000 que se calcula que podrían estar afectadas.
En diciembre de 2010, el Ministerio Publico de Panamá formuló cargos contra 23 personas por este caso, que aún está en proceso.
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