La medida, fijada en una resolución el pasado 2 de agosto, también se extiende al exsecretario general de la alcaldía Jaime Barroso, y a tres empresas que brindaron servicios a la institución en la administración de Vallarino.
Una auditoría ordenada por la Contraloría General de la República tiene en apuros al exalcalde panameñista Bosco Ricardo Vallarino, quien renunció a su cargo en enero de 2012.
La auditoría, del 4 de octubre de 2012, y que llegó hasta el Tribunal de Cuentas, examinó el contrato por $580 mil pactado entre el Municipio de Panamá y la empresa Trébol Services Inc para el mantenimiento de plazas y parques de la capital. Además, verificó el cumplimiento de consultorías, la entrega de cheques relacionados con diagnósticos, seminarios y estudios, entre otros aspectos gestionados por Vallarino.
El proceso ordenado por la contralora, Gioconda Torres de Bianchini, al final determinó que no se realizaron evaluaciones de estudios técnicos y estadísticos por parte del Municipio de Panamá para establecer el grado de necesidad de algunas consultorías, “cuyos resultados no son funcionales”. A la vez se detectaron irregularidades en la entrega de cheques y fallas en el control interno.
Mientras que algunos contratos fueron ejecutados sin órdenes de proceder. Estas acciones, según la Con-traloría, ocasionaron un presunto perjuicio económico al Estado por $615 mil 218.
LA ACCIÓN DEL TRIBUNAL
La Contraloría remitió el caso al Tribunal de Cuentas, que a su vez ordenó a la Fiscalía de Cuentas investigar el asunto, y finalmente esta instancia solicitó cautelar los bienes de Vallarino, del exsecretario general del Municipio de Panamá, el panameñista Jaime Barroso, y a tres empresas que prestaron servicios a la alcaldía.
Por esta razón, el mencionado tribunal ordenó el pasado 2 de agosto en el auto número 268-13 (disponible en la versión digital de esta noticia), el secuestro de los bienes muebles e inmuebles del exalcalde, de Barroso, de la empresas Juelpa, S.A., Deinsa, S.A., y Consultoría y Asesoría de Panamá, S.A.
El auto girado por el Tribunal de Cuentas, con el magistrado Álvaro Visuetti como sustanciador, determinó que el alcance de la cautelación tanto para Vallarino como para Barroso es por el valor de la supuesta lesión patrimonial: $615 mil 218. En tanto, el de las empresas se determinó de la siguiente manera: $285 mil a Juelpa, S.A.; $159 mil 618 a Deinsa, S.A.; y $95 mil a Consultoría y Asesoría de Panamá, S.A.
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