El pleno de la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el proyecto de ley que reconoce ciertas prestaciones laborales a los funcionarios por despidos injustificados. Quedan exceptuados de la aplicación de esta ley los servidores escogidos por elección popular, los ministros y viceministros de Estado, los directores y subdirectores de entidades autónomas y semiautónomas, los administradores y subadministradores de entidades del Estado, los gerentes y subgerentes de sociedades donde el Estado tenga una participación mayoritaria en el capital accionario. La ley empezaría a regir a partir del mes de enero de 2014.
El proyecto establece que los funcionarios que sean despedidos de manera injustificada, tendrá derecho a recibir una prima de antigüedad en razón de una semana de salario por cada año laborado al servicio del Estado en forma continua, aunque sea en diferentes entidades.
Las sumas reconocidas mediante sentencia judicial en concepto de prestaciones laborales reconocidas a favor de los servidores públicos despedidos injustificadamente, deberán ser canceladas en un plazo de tres meses de haberse ejecutoriado la sentencia.
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