miércoles, 1 de mayo de 2013

JUSTICIA: Gabinete aprueba pago de Décimo Tercer Mes de 1989, 1990 y 1991

El Consejo de Gabinete aprobó este martes 30 de abril un proyecto en el que se crea los Certificados de Pago Negociable del Décimo Tercer Mes dejados de percibir por cerca de 90 mil funcionarios, quienes laboraron entre diciembre de 1989 y agosto de 1991. 

No obstante, los pagos se harán en 2017, los de 1989; en el año 2018 se pagarán los de 1990 y los últimos, los de 1991 se cancelarán a los quejosos en 2019.

"La administración de Ricardo Martinelli volvió a cumplir su compromiso con los empleados públicos", señala una nota de la Secretaría de Comunicación del Estado.

El monto total aproximadamente es de 90 millones de balboas. Se aprueba el pago de Décimo Tercer Mes de 1989, 1990 y 1991.

Como consecuencia de la crisis política y económica que vivía el país responsabilidad de la dictadura militar, el Gobierno democrático de Guillermo Endara se vio obligado a suspender el pago de seis partidas del referido Décimo Tercer Mes, derecho contemplado en la Ley 52 de 1974.

Poco más de dos décadas más tarde, en el 2013, el Gobierno de Ricardo Martinelli considera justa resarcir esta deuda y reconoce los derechos adquiridos por esos servidores públicos entre 1989 y 1991, y propone la creación del referido certificado como una medida alterna que pueda suplir, financieramente, el compromiso de las partidas del Décimo dejadas de pagar.

La propuesta en el Gabinete fue explicada por el ministro de Economía y Finanzas, Frank De Lima, quien dijo los certificados de pago negociable de 1989 se harán efectivo en el año 2017; aquellos del año 1990 en el 2018 y los correspondiente al año 1991 en el 2019.

De Lima explicó, asimismo, que dichos certificados serán libres de gravámenes de cualquier naturaleza, inembargables y que, como valores del Estado, las ganancias que resulten en su negociación, igualmente, quedan exentas tal como lo dispone el literal f del artículo 708 del Código Fiscal.

El ministro De Lima informó que los derechos adquiridos por aquellos servidores que han fallecido no se pierden, y su reclamo lo podrían hacer sus familiares a través del procedimiento establecidos en la Ley 10 de enero de 1998.

Con esta decisión, el Gobierno de Ricardo Martinelli no solamente se ha caracterizado como la administración que más obras de impacto directo en la comunidad ha emprendido, sino que también ha reconocido viejas reclamaciones de la población entre las que se pueden destacar el cumplimiento con ex trabajadores de los puertos de Balboa y Cristóbal, los obreros del antiguo ferrocarril, los destituidos con la denominada Ley 25 que laboraban en el antiguo IRHE e INTEL, las víctimas del jarabe envenenado que fue elaborado y despachado en la Caja de Seguro Social y los ex obreros de las bananeras en Puerto Armuelles. 

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