Control de precios, ‘medida insostenible e ineficiente’

• 28 son los alimentos que están fuera de la regulación de precios.

Carne de res

• $2.87 es el precio máximo de venta al por menor por libra, en el caso de la babilla.

• $2.45 es el costo del bistec de cinta con hueso en la medida de regulación.

Existen dudas sobre qué pasará después de los seis meses que debe durar el control de precios

• Durante el Foro Regulación y el Programa de Control de Precios en Panamá, realizado en la Universidad de Panamá, el funcionario Oscar García, del Ministerio de Comercio e Industrias (Mici), dejó claro que la medida del control de precios cumplirá con los seis meses de vigencia, pero afirmó que desconoce qué sucederá luego de que pase este periodo y si el plazo de la medida se extenderá por más tiempo. Por su parte, Juan Jované vaticinó que en el mes de diciembre, la mayoría de las personas tratará de comprar los productos por el miedo de que para enero finalice la medida. Concluyó que esto producirá escasez de alimentos por la gran demanda que habrá. Ana Patiño, profesora de Economía y Finanzas de la Facultad de Economía de la UP, aseguró que el plazo de seis meses no es el más adecuado, porque considera que la sociedad pedirá que eliminen la medida si no funciona como esperaban, lo que causaría que el Gobierno elimine el control por falta de efectividad. La consumidora Elvira Torres, residente en Las Cumbres, opinó en el foro que en los últimos días ha percibido la falta de los alimentos regulados en las estanterías. Según Torres, la medida debe ser revisada porque la calidad de los alimentos no es la mejor. “Los productos que más se consumen no están dentro de esta lista”, agregó.

Economistas y profesionales vinculados al sector agropecuario del país y el mercado coinciden en que el congelamiento de precios de productos de la canasta básica debe ser revisado, porque afecta a los productores y comercializadores.

Durante el foro “Regulación y el Programa de Control de Precios en Panamá”, organizado por el Centro de Investigaciones de la Facultad de Economía (Cife) de la Universidad de Panamá y la Fundación Friedrich Ebert Stiftung (FES), economistas, un exministro de Desarrollo Agropecuario y extrabajadores de la desaparecida Oficina de Regulación de Precios (ORP) afirmaron que la medida no es sostenible a largo plazo.

En el foro los especialistas concluyeron que el Decreto 165, que congela los precios, es inadecuado y deben hacerse los arreglos necesarios para que no siga perjudicando a los productores del país.

Adicionalmente, consideran que la medida debe ser inspeccionada por una oficina especializada y no por la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco).

Para el economista Juan Jované, quien participó del foro, la regulación de precios se tomó como una medida política, que se está tratando de cumplir.

“El presidente (Juan Carlos Varela) hizo una alianza incorrecta entre el Gobierno y los grandes comerciantes de víveres, descuidando al sector agropecuario”, argumentó Jované.

El economista agregó que la alianza correcta era entre los productores del campo, los consumidores de las ciudades, pero regulando a los intermediarios. Aseguró que lo que hará el Gobierno ahora para resolver el problema es abrir la importación, causando una destrucción total del sector agropecuario, que ya está bastante golpeado.

El exministro de Desarrollo Agropecuario Guillermo Salazar manifestó que se deben implementar medidas rápidas, porque en Panamá se sigue reduciendo el número de productores agropecuarios y no hay garantía de que las condiciones climáticas sean razonables, lo que agrava el problema.

A juicio de Salazar, la medida de control de precios podría provocar aún una mayor reducción de productores, y además no garantiza que la producción crezca.

El exministro aprovechó para recomendar al actual gobierno que vuelva a poner en práctica los mecanismos que habían sido aprobados antes en Panamá, como los distintos apoyos a los productores nacionales.

De igual forma piensa el economista Adolfo Quintero, quien considera que el inconveniente es que la medida no se puede sostener si no se hace una transformación del sector agropecuario, como la asistencia técnica y el financiamiento. Además, agregó que se debe controlar el precio de más productos.

De acuerdo con Quintero, el 70% de los consumidores adquiere productos en las tiendas, por lo que la medida debe ser más amplia, para beneficiar realmente a la población.

Por su parte, Óscar García, funcionario del Ministerio de Comercio e Industrias, defendió la medida. Explicó en el foro que la misma ha sido efectiva y cumple con la ley.

Sin embargo, varios de los presentes como Elilxandro Ballesteros, exsubdirector de la Oficina de Regulación de Precios (ORP), no comparten la misma opinión, ya que la medida se debe basar en lo que dice la Constitución Nacional y la Acodeco no está hecha para fiscalizar este tipo de iniciativas.

Según Ballesteros, la Acodeco puede seguir existiendo con su rol actual, porque en el país se han dado prácticas monopolistas en el mercado y no se ha hecho nada al respecto, cuando esta es la verdadera función de la Acodeco.

Por su parte, Brunilda Ulloa, quien trabajó en la Oficina de Regulación de Precios, que operó desde 1969 hasta 1996, consideró que se debió hacer una oficina a través de otro tipo de organismos, siempre y cuando se hagan las consultas, evaluaciones y estudios permanentes. “El Estado tiene que contar con laboratorios especializados para dar un producto de calidad y adecuado para el consumidor, no un producto desechable”, afirmó
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