Tribunal de Injurias

Las filtraciones de auditorías y la admisión de imputaciones de orden personal descalifican las audiencias del Tribunal Electoral para las impugnaciones de diputados de Cambio Democrático. Cada vez que se van a realizar las audiencias, los medios de comunicación gobiernistas divulgan auditorías, preparando una atmósfera hostil al impugnado. O el Tribunal Electoral entrega las auditorías a los medios o permite el acceso a ellas para difamar a los diputados, y viola la privacidad de las investigaciones antes de las audiencias. El caso del diputado Noriel Salerno, quien sufrió el vejamen de acusaciones que ultrajan su privacidad individual, llevó a límites extremos la desnaturalización de una audiencia en la que solamente se deben esclarecer únicamente asuntos electorales. El Tribunal Electoral no tiene competencia para ventilar denuncias que incumben a otros tribunales. Sin embargo, el magistrado Erasmo Pinilla permitió esta flagrante desnaturalización de la audiencia. Afirma el enemigo desenfadado de Cambio Democrático que demorará 30 días para pronunciarse sobre el caso del diputado Salerno. No hay necesidad de tanto tiempo para definir un fallo, cuyo desenlace ya se vislumbra.

A menos que intervenga la Corte Suprema de Justicia para atajar los desbordamientos parcializados del Tribunal Electoral, las impugnaciones contra diputados de Cambio Democrático van a negar los derechos de estos mediante impugnaciones ostentosamente dirigidas a reducir la representación legislativa del partido. Las inversiones públicas de orientación social en los circuitos se convierten en denuncias dirigidas a exponerlas como una vulgar compraventa de los electores para que no votaran en forma. Tanto Salerno como Afú tienen una trayectoria de apoyo a las comunidades de Aguadulce y Las Tablas, respectivamente, que no tienen los que quieren ganar curules con el apoyo descarado de los que deben velar por la integridad de los comicios.

Las impugnaciones expresan la desesperación política del gobierno. Los impugnadores son peones de la mascarada antidemocrática puesta en marcha por el oficialismo para reducir las 30 diputaciones que ganó Cambio Democrático.

El objetivo es gobernar sin oposición. Imponer una mayoría fraudulenta en la Asamblea, mediante negociaciones de venta de patio con un aliado que hará cualquier cosa para subsistir después del descalabro electoral de sus candidatos. Están enlazados por una alianza contra natura. El gobierno persigue destituir a quienes no obedezcan sus órdenes. Por esta clarísima razón ha llenado la administración pública de una red de parientes y allegados políticos que abruman la planilla estatal financiada por los contribuyentes. El PRD, con su reconocida astucia, maniobra para elevarse de su posición disminuida y obtener ganancias que el electorado rechazó.

Con carácter de urgencia notoria, Panamá requiere una oposición legislativa como contrapeso a los errores continuos del gobierno panameñista. Una oposición realista y patriótica que ataje los desmanes contra el Estado de derecho. Una oposición que exija el cumplimiento de la ley que prohíbe el nepotismo. Una oposición legislativa inexistente desde el momento en que el PRD la traicionó con una componenda llamada acuerdo de gobernabilidad. Panamá se fundó para beneficio de todos los panameños, no para el lucro de un puñado de familias y grupos económicos. Las impugnaciones tienden a favorecer el gobierno de familia que actúa por encima de los legítimos derechos de todos los panameños. Los privilegios dinásticos no han desaparecido.