martes, 8 de julio de 2014

Gobierno de Varela se opone a hacer pública declaración de bienes

A pesar de que el presidente Juan Carlos Varela prometió en la pasada campaña impulsar “normas para asegurar la transparencia gubernamental y la rendición de cuentas” a través de un plan denominado: “Cero tolerancia con la corrupción”


PANAMÁ AMÉRICA - A pesar de que el presidente Juan Carlos Varela prometió en la pasada campaña impulsar “normas para asegurar la transparencia gubernamental y la rendición de cuentas” a través de un plan denominado: “Cero tolerancia con la corrupción”, el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, se opone a que las declaraciones patrimoniales de los ministros de Estado de la actual administración sean públicas.
Alemán se ampara en la Ley 59 de 1999, que protege estas declaraciones patrimoniales, cuyo resguardo y confidencialidad recae en la Contraloría General de la República.
No obstante, el expresidente del Colegio Nacional de Abogados Rubén Elías Rodríguez es del planteamiento que la declaración patrimonial de bienes debe ser de acceso público.
“Tienen que hacerlo y la norma dice por escritura pública, por lo cual esa información debe ser de acceso público ”, expresó Rodríguez.
El abogado manifestó que si no se hace pública la declaración patrimonial se estaría violando la Constitución Política. “Se estaría violando la letra y el espíritu de la Constitución”.
Según Rodríguez, la Ley 59 de 1999 a la que hace referencia Alemán es inconstitucional.
“Si él siente temor de hacer pública su declaración de bienes patrimoniales, o aquél que sienta temor o no pueda justificar sus bienes, entonces que no se meta a servidor público”, expresó.
A juicio de Rodríguez, lo planteado por Alemán es un mal indicio para un administrador público.
El exdirigente del CNA señala que seguir las prácticas de opacidad de los gobiernos anteriores con relación a este tema es “una burla a los manejos que la ciudadanía quiere que sean transparentes”.
Alemán indicó que “El funcionario prepara la declaración ante un notario y se la entrega a la Contraloría, que está obligada a custodiar estas declaraciones. La ley no lo establece [que sea público], sino que obliga a mantener confidencialidad”.

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