Cuando los militares, liderados por Omar Torrijos Herrera, comenzaron a definir su control sobre el país, sus asesores recomendaron crear una banca de fomento para promover el desarrollo de la mediana y gran empresa. De esta manera, alegaban, se impulsaría la economía del país, se crearían nuevas fuentes de empleo y se lograría el apoyo político de una nueva clase económica.
Así nació la Corporación Financiera Nacional (COFINA) mediante Ley de 1975 y, de inmediato, los amigos del régimen cayeron –cual buitres sobre carroña– sobre sus fondos. En seguida iniciaron el trámite de grandes préstamos basados en promesas de proyectos que traerían pingües ganancias para el Estado.
El criterio para otorgar los préstamos de COFINA estuvo basado más en el amiguismo que en prácticas financieras sanas.
De las investigaciones realizadas a mediados de la década del 80 –entre ellas la de la entonces fiscal Ana Isabel Belfon– se descubrió que se otorgaron más de 50 créditos sin suficientes garantías ni la debida supervisión de los proyectos. Por si fuera poco, algunos de los beneficiarios montaron empresas de papel o inexistentes para tener acceso a los créditos. En otros casos, los proyectos nunca se iniciaron, pero los dineros sí llegaron a salir.
Oscar Navarro, industrial y político panameño, decidió denunciar el descontrol que reinaba en COFINA y en 1984 interpuso una querella criminal contra un grupo de funcionarios allegados a los militares y miembros del partido oficialista, el PRD. Navarro los acusó de presunto peculado por un monto de 80 millones de dólares en perjuicio de la Corporación.
En la lista figuraban Olmedo Miranda, Pedro Rognoni, Rafael Mezquita, Jaime Trujillo, Victoriano Montero, Juan Gaudeano, Leovigildo Gutiérrez, Pedro Mora, Brenda López, Luis Arias De Icaza, Aracelys Méndez, Atala Filós, Ramiro Sosa, Federico Ardila, Julio Aquino, Carlos Echevarría, Fátima Herrera, Edith Tello y Ricardo Jiménez, entre otros.
Después de 14 años de la denuncia de Navarro, los tribunales resolvieron decretar la prescripción de las sumarias, lo que dejó a Navarro cual Quijote en su lucha contra molinos de viento.
Todo se concatenaba. Los préstamos fraudulentos se habían otorgado durante la gestión del presidente Aristides Royo (1978-1981) y la gestión de Ernesto Pérez Balladares, en su calidad de ministro de Hacienda y Tesoro. La prescripción se decretó en 1994, justamente cuando empezó a gobernar el país el hoy ex presidente Pérez Balladares.
Fue, precisamente, Pérez Balladares quien otorgó indulto a Eduardo Tejeira Morales, Pedro Rognoni, Leovigildo Gutiérrez, Rafael Mezquita, Jaime Trujillo y Edgar Ameglio, uno de los últimos gerentes de COFINA. El único que no pudo agradecerle el favor al presidente Pérez Balladares fue Ameglio por estar fuera del país en calidad de embajador. Ameglio pudo disfrutar de la total tranquilidad cuatro años más tarde, en 1998, cuando los tribunales decretaron la real prescripción de las sumarias sobre su participación en este caso.
Pero la mala suerte de la Corporación no cesaba. El 20 de agosto de 1999, un grupo de auditores de la Contraloría fue enviado por el contralor general encargado, Gustavo Pérez, para revisar sus libros, luego de que fuera denunciada una extraña reducción de la deuda que mantenían los propietarios del Hotel Caesar Park –antiguo Hotel Marriott– de casi cuatro millones de dólares, la cual inexplicablemente fue ordenada por el Consejo Económico Nacional (CENA) y luego refrendada por el Gabinete del presidente Pérez Balladares, dejándola en un millón 500 mil dólares.
Los beneficiados de COFINA
Los asuntos de la Corporación Financiera Nacional (Cofina) no han podido ser más purulentos. Cuando nació, en 1978, su propósito era fomentar el "desarrollo económico del país". En la práctica terminó siendo, con contadas excepciones, fuente de créditos para simpatizantes de la dictadura militar –y en muchos casos sin garantías–. Estos bolsillos son los que ahora podrían beneficiarse con el decreto-ley que firmará el presidente, Martín Torrijos, para "extinguir" la vida de Cofina.
Se desconoce qué ocurrirá con los 20.3 millones de dólares en créditos que Cofina otorgó a 28 clientes y que todavía no ha podido recuperar. La Prensa intentó –sin éxito– obtener copia del proyecto de decreto-ley que Torrijos y su Gabinete aprobarán posiblemente esta semana. Un proyecto anterior –presentado a la Asamblea en 2005 por el viceministro de la Presidencia, Dilio Arcia– disponía que el cobro de las deudas de Cofina lo hiciera el Banco Nacional de Panamá (BNP).
No era el primer intento para que el BNP asumiera su administración. En 1996, fue instruido por el Consejo Económico Nacional para evaluar la "condición real" de la cartera morosa de Cofina. En esa época, Ricaurte Vásquez –hoy ministro de Economía y Finanzas– era parte de la junta directiva de Cofina. Por sus actuaciones como directivo, la Dirección de Responsabilidad Patrimonial (DRP) abrió un proceso en su contra
El resultado de la evaluación del BNP fue desalentador: los expedientes no estaban depurados; no había documentos legales; los avalúos eran extemporáneos y se desconocía el paradero de varios clientes.
Aunque de paradero incierto, los nombres no eran desconocidos: muchos sonaban a PRD. No hay que olvidar que Cofina nació bajo la sombra de la dictadura militar.
En la lista de morosos de Cofina aparecen nombres como el del ex legislador perredista Camilo Gozaine –representante de la sociedad Guillermo Tribaldos Jr. y Cía.– que adeuda a Cofina más de 623 mil dólares en capital e intereses.
Karnes de Chiriquí ostenta el "honor" de ser el mayor moroso de Cofina. Alberto González –su representante– adeuda 5.8 millones de dólares. Le siguen Medipan –representada por Juan Canavagio– y Arcitec, con préstamos morosos de 4.7 millones y 4 millones de dólares, respectivamente. En esta última sociedad aparecen connotados nombres menos oficialistas, como los de Bertilda García y Arnulfo Escalona. Su suscritor es el ex procurador Carlos Augusto Villalaz.
Otra deudora, Famesa Internacional, tiene como agente residente al difunto Emeterio Miller, ex magistrado suplente designado por Ernesto Pérez Balladares. Famesa adeuda más de 376 mil dólares.
También está el mayor Santiago Fundora, representante de Nutripec, que debe 134 mil 509 dólares, y Reyna y Reyna S.A., con una morosidad de más de 80 mil dólares. Su presidente es el ex administrador portuario de Pérez Balladares, Rubén Reyna Aput.
Existe un segundo listado de morosos de Cofina en la categoría de préstamos con reserva, que asciende a más de 5.6 millones de dólares. (Cuando un préstamo entra en "reserva" significa que el banco asume el crédito como pérdida).
En este listado es fácil reconocer nombres como el de Omar Horta Torrijos –primo hermano de Martín Torrijos– representante legal de Zabaco, sociedad que debe a Cofina más de 123 mil dólares.
También figuran Ricardo Bilonick y Michael Petroski, representantes legales de Aviones de Panamá S.A. Aunque su morosidad es muy poca: menos de mil dólares. La notoriedad de Bilonick viene de su encausamiento por narcotráfico en Florida (EU).
Se desconoce qué ocurrirá con los 20.3 millones de dólares en créditos que Cofina otorgó a 28 clientes y que todavía no ha podido recuperar. La Prensa intentó –sin éxito– obtener copia del proyecto de decreto-ley que Torrijos y su Gabinete aprobarán posiblemente esta semana. Un proyecto anterior –presentado a la Asamblea en 2005 por el viceministro de la Presidencia, Dilio Arcia– disponía que el cobro de las deudas de Cofina lo hiciera el Banco Nacional de Panamá (BNP).
No era el primer intento para que el BNP asumiera su administración. En 1996, fue instruido por el Consejo Económico Nacional para evaluar la "condición real" de la cartera morosa de Cofina. En esa época, Ricaurte Vásquez –hoy ministro de Economía y Finanzas– era parte de la junta directiva de Cofina. Por sus actuaciones como directivo, la Dirección de Responsabilidad Patrimonial (DRP) abrió un proceso en su contra
El resultado de la evaluación del BNP fue desalentador: los expedientes no estaban depurados; no había documentos legales; los avalúos eran extemporáneos y se desconocía el paradero de varios clientes.
Aunque de paradero incierto, los nombres no eran desconocidos: muchos sonaban a PRD. No hay que olvidar que Cofina nació bajo la sombra de la dictadura militar.
En la lista de morosos de Cofina aparecen nombres como el del ex legislador perredista Camilo Gozaine –representante de la sociedad Guillermo Tribaldos Jr. y Cía.– que adeuda a Cofina más de 623 mil dólares en capital e intereses.
Karnes de Chiriquí ostenta el "honor" de ser el mayor moroso de Cofina. Alberto González –su representante– adeuda 5.8 millones de dólares. Le siguen Medipan –representada por Juan Canavagio– y Arcitec, con préstamos morosos de 4.7 millones y 4 millones de dólares, respectivamente. En esta última sociedad aparecen connotados nombres menos oficialistas, como los de Bertilda García y Arnulfo Escalona. Su suscritor es el ex procurador Carlos Augusto Villalaz.
Otra deudora, Famesa Internacional, tiene como agente residente al difunto Emeterio Miller, ex magistrado suplente designado por Ernesto Pérez Balladares. Famesa adeuda más de 376 mil dólares.
También está el mayor Santiago Fundora, representante de Nutripec, que debe 134 mil 509 dólares, y Reyna y Reyna S.A., con una morosidad de más de 80 mil dólares. Su presidente es el ex administrador portuario de Pérez Balladares, Rubén Reyna Aput.
Existe un segundo listado de morosos de Cofina en la categoría de préstamos con reserva, que asciende a más de 5.6 millones de dólares. (Cuando un préstamo entra en "reserva" significa que el banco asume el crédito como pérdida).
En este listado es fácil reconocer nombres como el de Omar Horta Torrijos –primo hermano de Martín Torrijos– representante legal de Zabaco, sociedad que debe a Cofina más de 123 mil dólares.
También figuran Ricardo Bilonick y Michael Petroski, representantes legales de Aviones de Panamá S.A. Aunque su morosidad es muy poca: menos de mil dólares. La notoriedad de Bilonick viene de su encausamiento por narcotráfico en Florida (EU).
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