IMPUNIDAD: MARTIN TORRIJOS RENUNCIA Y ELUDE A LA CORTE

La vista fiscal recomendaba al pleno de la Corte Suprema de Justicia que se abriera causa criminal al exmandatario por el supuesto delito contra la administración pública.

El expresidente Martín Torrijos Espino, en una carta enviada al presidente del Parlamento Centroamericano (Parlacen), Manuel De Jesús Pichardo, el pasado 16 de julio, presentó su renuncia al cargo de diputado de ese organismo regional, después de que el magistrado fiscal Abel Zamorano, que lleva la investigación en contra de el exmandatario por la supuesta comisión del delito contra la administración pública, solicitara al pleno de la Corte Suprema de Justicia su llamamiento a juicio.

Torrijos, en el documento enviado a Pichardo, indica: “Acudo ante usted para someter a la consideración de la Junta Directiva mi decisión de renunciar al cargo de diputado del Parlamento Centroamericano”.

El expresidente indica además: “Permítame explicarle las motivaciones por las cuales me veo forzado a presentar la renuncia al cargo”.

La dimisión, una vez recibida en el Parlacen, tiene que ser evaluada por este organismo regional, y la respuesta será comunicada tanto al solicitante como al Gobierno de la República de Panamá y certificada por el Tribunal Electoral, para que la Corte proceda con el caso como lo estipula la ley.

Posteriormente, en la carta Torrijos explica parte del proceso que se le sigue por supuestos pagos a diputados en el 2001, cuando era secretario del Partido Revolucionario Democrático, para la aprobación del Centro Internacional Multimodal y de Servicios (CEMIS).

Proceso. Una vez concretados los trámites de renuncia del expresidente como diputado del Parlamento Centroamericano, el expediente por el supuesto delito contra la administración pública -específicamente por corrupción de servidores públicos- en su contra debe ser remitido por el pleno de la Corte Suprema de Justicia a un juzgado de circuito penal, porque ya no es su competencia procesar a Torrijos, pues no es diputado y además no ostenta ningún cargo público con mando y jurisdicción a nivel nacional.

El pasado 10 de julio, el magistrado Zamorano remitió la vista fiscal al pleno de la Corte, recomendando el llamamiento a juicio de Torrijos y a la vez solicitando aplicar la medida cautelar de prohibición de abandonar el país sin autorización judicial y reportarse periódicamente ante el tribunal correspondiente.

Esta solicitud, sin embargo, podría ser valorada por el juzgado de circuito donde quede radicado el expediente del CEMIS relacionado con el proceso contra Torrijos.

El fiscal en su recomendación final del caso, que se investiga desde el 2002, sustenta que en el proceso hay suficientes elementos probatorios para la apertura de causa criminal contra Martín Torrijos, y además solicita la imposición de medidas cautelares, con el objetivo primordial de garantizar la comparecencia de Torrijos en todas las fases del proceso hasta su culminación y evitar situaciones dilatorias que constituyan un obstáculo para la pronta diligencia de la causa en su contra.

“Se ha logrado probar la existencia del delito de corrupción de servidores públicos, así como la participación activa, voluntaria y dolosa de Martín Torrijos Espino, quien procurando su beneficio personal ilícito, negoció la entrega de dinero a los legisladores de la Asamblea por la realización de un acto propio de sus funciones, y ocasionó un efecto nocivo para la institucionalidad democrática y la economía nacional”, justificó el fiscal.

Destino.
El Juzgado Cuarto de Circuito Penal podría ser el destino del caso contra Martín Torrijos, porque ya este despacho judicial ha tenido conocimiento previo del expediente del CEMIS, ya que ahí están radicados los procesos contra Stephen Jones y Joseph Martin Rodin, exejecutivos del consorcio San Lorenzo, promotor del Centro Multimodal, Industrial y de Servicios.

Recientemente, este juzgado, a cargo del juez suplente Eduardo De La Torre, denegó la petición de levantar la orden de impedimento para salir del territorio nacional, interpuesta por los apoderados legales de Jones -exdirector- y Rodin -mayor accionista del consorcio-, ambos acusados por el supuesto delito genérico contra la administración pública.

Ambos directivos se encuentran bajo medidas cautelares, acusados del presunto soborno de funcionarios, para que aprobaran un contrato por más de 400 millones de dólares para la construcción de un parque industrial y el Aeropuerto Internacional de Colón.

Las investigaciones se iniciaron el 17 de enero de 2002 y tras dictarse la vista fiscal, la Corte, mediante Resolución de 17 de septiembre de 2003, declara la nulidad de todo el proceso y ordena el archivo del expediente penal.

Posteriormente, a pedido de la procuradora general de la Nación, Ana Matilde Gómez Ruiloba, se dispuso la reapertura del sumario por instrucción del pleno de la Corte, mediante Resolución del 24 de diciembre de 2009.

El Pleno designó al magistrado Alejandro Moncada Luna como fiscal del caso y este advierte la posible vinculación de Martín Torrijos, diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), por lo que la Corte inicia la investigación en su contra.

Moncada Luna, en agosto de 2010, solicitó al Pleno que se le declarara impedido de actuar en el caso, porque un pariente cercano ejerció poder en este proceso, y fue sustituido por su suplente personal Abel Zamorano.

El 29 de septiembre de 2001, el diputado Carlos Agustín Afú Decerega divulgó en los medios de comunicación que su colega Mateo Castillero le entregó seis mil dólares como adelanto de la suma de 20 mil para la aprobación del Contrato Ley entre la Nación y el Consorcio San Lorenzo, que creaba el Centro Multimodal, Industrial y de Servicios (CEMIS) en la provincia de Colón.

En la vista fiscal, Zamorano recomienda además que se llame a juicio a Martín Torrijos y se absuelva a Afú, que el dinero decomisado en las investigaciones sea donado a un lugar encargado de hacer obras sociales como lo es el Hogar San José de Malambo.

Vinculación.
En la vista fiscal, los testigos protegidos Gabriel y Uriel fueron categóricos al indicar que Martín Torrijos Espino coordinó con Manuel De La Hoz un viaje a la provincia de Colón para retirar la suma de 200 mil dólares en efectivo para llevarla a la Asamblea Nacional y después hacer entrega a los entonces legisladores del PRD a cambio de la aprobación del CEMIS, dinero que provenía del Consorcio San Lorenzo y que había sido acordado con el directivo Joseph Martin Rodin. El testigo Gabriel indica que en noviembre de 2001, la legisladora Balbina Herrera lo abordó preocupada por un dinero que reclamaba el legislador Manuel De La Hoz, y que, según Balbina, se le había entregado a Torrijos, por lo cual Gabriel la invitó a ella y a Héctor Alemán con Torrijos, siendo este último cuestionado sobre el destino de 900 mil dólares que le había dado Martin Rodin. Torrijos les dijo que se habían utilizado en el Congreso Extraordinario del PRD, lo cual, sostiene el testigo, que no fue así.

Agregó el atestiguante que le pidió a Torrijos que hablara con Rodin para pedir una suma adicional, pues era la única manera de obtener los votos de parte de los legisladores que ya sabían que él había recibido bastante dinero, por lo que dos días antes del 28 de diciembre de 2001, Martín Torrijos lo llamó (a Gabriel) para que se encontrara con Harry Castro para que le entregara una cajeta con 200 mil dólares, los que a su vez entregó al legislador Mateo Castillero, por instrucciones directas de Torrijos Espino, siendo este dinero custodiado por él y el testigo Uriel.

Uriel posteriormente indica que tras la repartición a los legisladores del PRD, procedió a devolverle cuatro mil dólares a Torrijos, que sobraron después de la entrega.

Para corroborar los movimientos de dinero, el Ministerio Público realizó inspecciones oculares para verificar el movimiento monetario entre octubre y diciembre del 2001 y enero de 2002 de las empresas que conforman el Consorcio San Lorenzo, y se confirmó el movimiento de altas sumas de dinero, incluso Martin Rodin aceptó haber recibido la suma de 200 mil dólares en efectivo, en billetes de 20 dólares, el día 28 de diciembre de 2001.

El Ministerio Público confirmó el movimiento de dinero por la suma de 554 mil 94.79 dólares, de los cuales se giraron varios cheques que fueron hechos efectivos y de ellos, 200 mil no fueron justificados y tuvieron como destino la Asamblea Nacional.

Por su parte, Francisco Cabrera, empleado del Consorcio San Lorenzo, reconoció que recibió el dinero en efectivo luego de haber sido cambiados los cheques por Julio Rodríguez.

Desde las declaraciones de Carlos Afú ante los medios de comunicación, el caso CEMIS ha sido uno de los más comentados en la opinión pública y muchos sectores de la sociedad civil piden que se aclaren todos los supuestos actos de corrupción y que se sancione a los involucrados, sin embargo, este proceso vuelve a tomar otro rumbo.

• Las investigaciones se iniciaron el 17 de enero de 2002 y tras dictarse la vista fiscal, la Corte, mediante Resolución de 17 de septiembre de 2003, declara la nulidad de todo el proceso.

• Las investigaciones se iniciaron por el supuesto soborno de los legisladores del PRD para que aprobaran la construcción del CEMIS en la provincia de Colón, a cargo del Consorcio San Lorenzo.

• La estrategia de los abogados de Martín Torrijos es seguir dilatando el proceso y prueba de ellos es que interpusieron un total de ocho recursos para evitar la indagatoria.