31 | 05 | 2012
El Código Judicial permite sancionar a los abogados que dilatan los casos injustificadamente. La sociedad civil argumenta que los operadores de justicia también son culpables de estas dilataciones.
Gloria Leiva Gaitán (gloria.leiva@epasa.com) / PANAMA AMERICA
Diez casos considerados de alto perfil duermen en los tribunales. El estancamiento de la mayoría de los procesos se debe en gran parte a recursos legales que utilizan los abogados para dilatar los procesos.
Cemis.
Uno de estos casos y que podría ser el mejor ejemplo es el supuesto escándalo de corrupción que estremeció el país hace más de diez años, cuando el diputado Carlos “Tito” Afú salió en los medios de comunicación con un fajo de billetes, asegurando que él y otros diputados fueron sobornados para que se aprobará el contrato del Centro Multimodal, Industrial y de Servicios (Cemis).
Uno de estos casos y que podría ser el mejor ejemplo es el supuesto escándalo de corrupción que estremeció el país hace más de diez años, cuando el diputado Carlos “Tito” Afú salió en los medios de comunicación con un fajo de billetes, asegurando que él y otros diputados fueron sobornados para que se aprobará el contrato del Centro Multimodal, Industrial y de Servicios (Cemis).
Desde aquel 16 de enero de 2002 son pocos los resultados en este proceso.
Actualmente hay dos expedientes relacionados en este caso. Uno que investiga el magistrado designado como fiscal, Abel Zamorano, contra el diputado Afú y el expresidente, Martín Torrijos y otro que tiene la Procuraduría contra los particulares. Ambos están empañados con gran cantidad de recursos que han estancado el proceso.
Durodólares.
Otro caso que está próximo a cumplir diez años es el conocido como “los durodólares”, en donde la exsecretaria administrativa del Ministerio de la Presidencia, Dalvis Xiomara Sánchez, fue investigada por supuesto enriquecimiento ilícito.
Otro caso que está próximo a cumplir diez años es el conocido como “los durodólares”, en donde la exsecretaria administrativa del Ministerio de la Presidencia, Dalvis Xiomara Sánchez, fue investigada por supuesto enriquecimiento ilícito.
Aunque el pasado 8 de mayo, el juez tercero penal, Adolfo Mejía, la condenó a seis años de prisión, el caso continuará en los tribunales, ya que la sentencia fue apelada.
Rayo Montaño.
A finales de 2002, en la Fiscalía Primera de Drogas se cocinaba uno de los más grandes casos de supuesto narcotráfico internacional, pero no fue a inicios del 2003 que el caso estalló. A nivel local se realizó la “Operación Estero”, en donde se decomisaron bienes inmuebles, cuentas bancarias y más de 100 personas resultaron detenidas. Mientras que su presunto cabecilla, Pablo Rayo Montaño, huía del país.
A finales de 2002, en la Fiscalía Primera de Drogas se cocinaba uno de los más grandes casos de supuesto narcotráfico internacional, pero no fue a inicios del 2003 que el caso estalló. A nivel local se realizó la “Operación Estero”, en donde se decomisaron bienes inmuebles, cuentas bancarias y más de 100 personas resultaron detenidas. Mientras que su presunto cabecilla, Pablo Rayo Montaño, huía del país.
En mayo del 2006, Rayo fue detenido en Brasil y luego su supuesto testaferro, el futbolista colombiano Freddy Rincón, en la operación internacional denominada “Océanos Gemelos”.
En Panamá, ambos fueron llamados a juicio por el Juzgado Noveno Especial, y no fue hasta hace poco que se les pudo notificar de esta decisión, ya que Rayo detenido en Brasil. Está pendiente fijar una nueva fecha de la audiencia ordinaria porque se suspendieron dos fechas por falta de notificación.
La red de Rayo movía droga por vía marítima utilizando las rutas de Panamá, Colombia, Estados Unidos, Brasil y Europa.
Prados del Este.
El 1.° de septiembre de 2004, Martin Torrijos, asumía el poder y 16 días después una barriada en el sector este de la provincia de Panamá se inunda por completo. Se trataba de Prados del Este, un residencial en donde vivían más de 400 personas que luego de ese 17 de septiembre quedaron totalmente damnificadas.
El 1.° de septiembre de 2004, Martin Torrijos, asumía el poder y 16 días después una barriada en el sector este de la provincia de Panamá se inunda por completo. Se trataba de Prados del Este, un residencial en donde vivían más de 400 personas que luego de ese 17 de septiembre quedaron totalmente damnificadas.
El caso se convirtió en un posible delito de peculado, en donde quedó involucrado el exgerente del Banco Nacional de Panamá, Bolívar Pariente, otras 20 personas entre exempleados y directivos de la Promotora Nacional de Vivienda (Pronavi) y la promotora Hogar Ideal.
En el 2006, la Fiscalía Primera Anticorrupción remitió la vista fiscal al Órgano Judicial, en donde pidió llamar a juicio a los imputados.
Este expediente se acumuló con otro, en donde los residentes denunciaron por el posible delito contra la administración pública. Ante esta decisión del Segundo Tribunal, uno de los abogados de los imputados apeló la acumulación, que aún está radicada en la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia.
FECE.
Uno de los casos de presunta corrupción en la educación panameña se registró en noviembre de 2007 cuando la Fiscalía Primera Anticorrupción inició la investigación por el supuesto desfalco de 1.4 millones del Fondo de Equidad y Calidad de la Educación (FECE) de San Miguelito.
Uno de los casos de presunta corrupción en la educación panameña se registró en noviembre de 2007 cuando la Fiscalía Primera Anticorrupción inició la investigación por el supuesto desfalco de 1.4 millones del Fondo de Equidad y Calidad de la Educación (FECE) de San Miguelito.
En este proceso, la entonces fiscal, Mercedes De León, pidió llamar a juicio a 43 personas por este delito, cuando remitió la vista fiscal en el 2010. La audiencia preliminar ha sido pospuesta para el 10 de septiembre próximo.
Fibra de vidrio.
Este es otro caso que salpicó a la educación panameña. Supuestas irregularidades en los contratos para el cambio de techos con fibra de vidrio en varias escuelas a nivel nacional provocaron que se abrieran diez investigaciones por presunto peculado, en tres de las fiscalías anticorrupción.
Este es otro caso que salpicó a la educación panameña. Supuestas irregularidades en los contratos para el cambio de techos con fibra de vidrio en varias escuelas a nivel nacional provocaron que se abrieran diez investigaciones por presunto peculado, en tres de las fiscalías anticorrupción.
En la mayoría de los casos, el principal sospechoso es el exministro de Educación, Belgis Castro, mientras que el también exministro Salvador Rodríguez fue vinculado a uno de los procesos.
El próximo mes de agosto se realizará la audiencia de fondo contra Castro y otras personas en el Juzgado Décimo Sexto Penal, por el caso de Panamá Este.
Casinos.
En septiembre de 2009, un informe de la Unidad de Análisis Financiero determinó que habían supuestas irregularidades en las cuentas bancarias del expresidente Ernesto Pérez Balladares. Esto provocó una investigación por la Fiscalía contra el crimen organizado, pero que al final no dio los resultados que las autoridades judicial esperaban.
En septiembre de 2009, un informe de la Unidad de Análisis Financiero determinó que habían supuestas irregularidades en las cuentas bancarias del expresidente Ernesto Pérez Balladares. Esto provocó una investigación por la Fiscalía contra el crimen organizado, pero que al final no dio los resultados que las autoridades judicial esperaban.
Y es que a finales del mes de abril de 2011, el juzgado noveno penal sobreseyó definitivamente al exmandatario, pues no habían elementos suficientes para llamarlo a juicio.
La fiscalía apeló y en enero de este año, el Segundo Tribunal confirmó el sobreseimiento. El Ministerio Público no se dio por vencido y anunció casación. Actualmente, el caso está en la Sala Penal.
Narcoavioneta.
La liberación irregular de cuatro personas supuestamente vinculadas a narcotráfico fue el elemento detonante para destituir a funcionarios del Ministerio Público (MP), en diciembre de 2010. Se trató de la exfiscal de Drogas de Herrera y Los Santos, Milagros Valdez, y la exdirectora de Recursos Humanos, Eva Lorentz.
La liberación irregular de cuatro personas supuestamente vinculadas a narcotráfico fue el elemento detonante para destituir a funcionarios del Ministerio Público (MP), en diciembre de 2010. Se trató de la exfiscal de Drogas de Herrera y Los Santos, Milagros Valdez, y la exdirectora de Recursos Humanos, Eva Lorentz.
También se vinculó a la exsecretaria del MP, Nedelka Díaz, su hijo Angel Castillo y al abogado particular, Alcibiades Ballesteros, por el supuesto delito de corrupción. Este escándalo también provocó la salida del procurador, Giuseppe Bonissi.
En la vista fiscal que remitió el fiscal auxiliar, Dimas Guevara, a la Sala Penal en septiembre de 2011, solicitó llamar a juicio a: los supuestos narcos que fueron liberados (Miguel Ángel Castillo, George Guillén Burgos y Abelino Ríos) y a Váldez, Lorentz y Ballesteros por el supuesto delito de corrupción de funcionarios públicos. A ocho meses de que se envió la vista fiscal, aún el magistrado de la Sala Penal, Aníbal Salas no ha decidido sobre la petición que hizo el Ministerio Público.
Menores quemados.
El 9 de enero de 2011, uno de los peores episodios de supuesto abuso policial se vivió dentro del Centro de Cumplimiento de Menores en Tocumen, cuando siete jóvenes infractores se quemaron dentro de sus celdas y de los cuales cinco fallecieron producto de estas quemaduras.
El 9 de enero de 2011, uno de los peores episodios de supuesto abuso policial se vivió dentro del Centro de Cumplimiento de Menores en Tocumen, cuando siete jóvenes infractores se quemaron dentro de sus celdas y de los cuales cinco fallecieron producto de estas quemaduras.
Un año y cuatro meses después, la fiscal primera superior, Geomara Guerra de Jones, pidió que se llamará a juicio a nueve policías, dos custodios y a la exdirectora del centro por la supuesta comisión de los delitos de homicidio, tentativa de homicidio, y trato inhumano.
Narco-escuela.
En abril de 2011, las autoridades antidrogas desmantelaron una red criminal vinculada al narcotráfico que supuestamente utilizaba como fachada, la escuela de aviación de Albrook (Albrook Flight School), propiedad del perredista Isaac Mosquera.
En abril de 2011, las autoridades antidrogas desmantelaron una red criminal vinculada al narcotráfico que supuestamente utilizaba como fachada, la escuela de aviación de Albrook (Albrook Flight School), propiedad del perredista Isaac Mosquera.
Según las investigaciones que realiza la Fiscalía Primera de Drogas, la droga supuestamente provenía de las Fuerzas Armadas de Colombia.
Ocho meses después, Mosquera se entregó a las autoridades y desde entonces está detenido junto con otras 20 personas aproximadamente. Aún no se ha emitido la vista fiscal.
Además de recursos o incapacidades
- Algunos abogados también utilizan otras tácticas para dilatar los procesos, como son las incapacidades médicas que presentan en las audiencias, buscando que ésto atrase más los casos.
- Ante esto, los jueces fijan fechas alternas y designan defensores de oficio para evitar más retrasos en los procesos.
Más datos sobre estos casos
10- años han transcurrido desde que estalló uno de los escándalos más grandes. El Cemis.
- años han pasado desde que la barriada Prados del Este quedó sumergida bajo el agua.
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