Gobierno familiar

Resulta inevitable que los hermanos Varela estén en la cumbre del poder. Pero el nepotismo es antipático, además de ilegal e insoportable. ¿No hay en Panamá otras personas capacitadas para desempeñar cargos públicos que los hermanos, primos, sobrinos nombrados por el gobierno panameñista? ¿O es que no hay suficiente número de talentos políticos en el régimen?

Regida por las sinrazones de Las Garzas, la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional ratificó la designación de Jindriska Barakat, hermana de Jorge Barakat, a cargo de administrador de la Autoridad Marítima, como subdirectora de la Dirección General de Contrataciones Públicas. En la misma línea nepótica se encuentran los hermanos Mora, Ramón, nombrado asesor presidencial con rango de ministro consejero, y Alfredo de Jesús, director general de Aeronáutica Civil. Son botones de muestra del desprecio gubernamental por las leyes.

También se detectan los nombramientos de ministros y directores que tienen doble nacionalidad, como el titular de la cartera de Obras Públicas, Ramón Arosemena, y la viceministra de Gobierno, María Luisa Romero, que desempeñó cargos públicos de gobiernos extranjeros. Es larga y notoria la relación de personas nombradas con cédula PE y otras por no carecer del reglamentario nivel académico. En la comisión de credenciales se oyeron voces de discrepancia por los conflictos de intereses de los hermanos Barakat, sin embargo, se llevaron a cabo las ratificaciones anómalas.

La Constitución establece que “los servidores públicos serán de nacionalidad panameña sin discriminación de raza, credo, religión o creencia y militancia política. Su nombramiento o remoción no será potestad absoluta y discrecionalidad de ninguna autoridad, salvo lo que dispone esta Constitución”. Asimismo, fija que no habrá fueros y privilegios, mientras que el Dr. José Dolores Moscote, fundador y primer decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, opinó que los funcionarios están al servicio de la nación y no de un partido o bando político.

Por lo que se ha examinado de los nombramientos de funcionarios, no todos se rigen por los principios del sistema de méritos, sino por privilegios de origen partidista y el absolutismo de la discrecionalidad presidencial que escarnecen normas constitucionales y reglas contempladas en el Derecho Administrativo de Panamá.

Se construye un gobierno de familiares, de elementos ligados por lazos de consanguinidad o de afinidad política, para premiar con dinero de los contribuyentes a una casta de cuadros partidarios sin experiencia administrativa. Al mismo tiempo se hace tabla rasa de los derechos de los servidores públicos para poder ejecutar destituciones masivas en contra de nombramientos anteriores, ascensos, traslados, plazos de ejercicios de cargos pautados debidamente por la Constitución.

El presidente Juan Carlos Varela se ha sentido impelido a exhortar en forma pública a los ministros a que se pongan las pilas y trabajen para atender múltiples problemas de toda índole. Hay un cúmulo de decisiones que no se adoptan y también de decisiones improvisadas por la retórica de las promesas de campaña. Es lamentable que la Comisión de Credenciales ratifique el nepotismo. La ausencia de controles revela la pobreza de la oposición legislativa.