PANAMA EFE - Con cautela y preocupación observa el ex ministro de Economía y Finanzas, Frank De Lima algunas acciones que ha adoptado el gobierno del presidente Juan Carlos Varela que pudieran tener “incidencia” para el 2015 en materia económica y en el reconocimiento o calificación que ha tenido y logrado Panamá en los últimos años.
De acuerdo al economista, las calificadoras están cuestionando el anuncio que hiciera el gobierno sobre el incremento del déficit, así como el aumento de la deuda que contempla el presupuesto del Estado para la vigencia fiscal del 2015, lo cual –asegura- “viola la actual Ley de Responsabilidad Fiscal”.
De Lima ponderó la reciente ratificación del grado de inversión para Panamá en “BBB” con perspectiva estable, por parte de la agencia calificadora de riesgo Standard and Poor’s (S&P), tras considerar que la calificación “toma en cuenta la gestión de la administración Martinelli (Ricardo) y valida nuestra política económica y fiscal”.
“Nuestro gobierno logró obtener el mayor crecimiento económico de LA (Latinoamérica) por tres de los 5 años de gestión. Fue un ambicioso plan de inversión acompañado con programas innovadores de políticas sociales que sacó a más de 320 mil panameños de la pobreza”, sustentó De Lima, a través de una consulta realizada vía electrónica por PMN.
De esta manera, el exministro rechaza de plano los argumentos de la actual administración que les atribuye a sus antecesores un mal manejo de las finanzas públicas.
“Las calificadoras están cuestionando el anuncio de incremento de déficit (que fue hecho antes de la publicación del informe de S&P), dado que argumentan que hubo despilfarro por parte nuestra y ellos han aumentado los subsidios en cientos de millones de balboas en solo unos meses. Este llamado de atención también lo está haciendo la sociedad panameña”, señaló.
Agregó que “otra cosa que está cuestionando las calificadoras es el aumento de la deuda que contempla el presupuesto del 2015 la cual viola la actual Ley de Responsabilidad Fiscal”. “Cuidado que estas acciones de la administración Varela si tenga una incidencia en nuestra calificación el próximo año (2015)”, advirtió De Lima.
No obstante, en el reciente comunicado donde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dio a conocer la evaluación de Standard and Poor’s, el MEF sostuvo “que la perspectiva estable otorgada por S&P, incorpora su expectativa de que la administración liderada por el presidente Juan Carlos Varela mantendrá el establecimiento de políticas económicas enfocadas en promover las inversiones públicas y privadas”.
Según el citado comunicado, la clasificación del grado de inversión para Panamá se basó en el crecimiento económico y la diversificación de su Producto Interno Bruto (PIB), el grado de adaptación del país frente a cambios repentinos de las condiciones económicas globales, una tendencia moderada a la baja de la relación deuda/PIB, un creciente dinamismo del mercado de capitales local y el desarrollo de políticas que incentivan la institucionalidad, explicó el ministerio.
El rápido crecimiento económico, aunado a la fuerte inversión en infraestructuras realizada en los últimos años, en un monto estimado en un 30 % del PIB, ayudaron a diversificar la economía panameña mientras se observa que a futuro los sectores de turismo y minería darán aún más fortaleza a la economía nacional para garantizar tasas de crecimiento sostenibles, detalla el comunicado del MEF.
A principios de septiembre de este año, el gobierno panameño estimó un presupuesto para la vigencia fiscal 2015 por el orden de 19,566.4 millones de balboas. Según informaron, los ingresos totales se distribuyen de la siguiente manera: Ingresos corrientes 12,636 millones de balboas; recursos del patrimonio 2,068 millones de balboas. La inversión total se distribuyó en 4,400 millones de balboas en el Sector Público No Financiero y 3,439 millones de balboas en Inversión Financiera.
La actual administración también informó, en su momento, sus intenciones de modificar el artículo 10 de la Ley 34 de 5 de junio de 2008, adicionando un párrafo transitorio, de modo que se aumente el porcentaje de déficit permitido para la vigencia fiscal actual a 3.9%. Para la vigencia fiscal 2014, la Ley de Responsabilidad Social Fiscal (LRSF) establece un tope de 2.7%.
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